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La Asociación de Abogados Cristianos solicita medidas cautelarísimas al Juzgado de lo Contencioso Administrativo para suspender la orden del gobierno de Melilla que obliga a cerrar las iglesias los domingos.
La organización de juristas asegura que “se trata de una medida muy severa y extraordinariamente desproporcionada que no responde a ningún tipo de criterio médico o epidemiológico, sino a una auténtica persecución religiosa”. Denuncia que “prohibir todas las celebraciones religiosas de las distintas confesiones en su día más importante, no cumple con el criterio de proporcionalidad y resulta muy amplio y ambiguo”.
La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que “se trata de una medida desproporcionada y que atenta contra el derecho fundamental a la libertad religiosa”. Critica que “mientras Melilla prohíbe ir a misa los domingos, mantiene abierto el interior de los locales de hostelería o los centros comerciales, cuando no existen evidencias de que las celebraciones religiosas sean un foco de contagio, al contrario de lo que ocurre con el interior de bares y restaurantes”.
Castellanos lamenta que “el gobierno de Melilla siga el mismo derrotero anticristiano y laicista que el Gobierno de España” y recuerda que “una ciudad autónoma no tiene competencias para restringir derechos fundamentales y la libertad religiosa es un derecho fundamental amparado en el art. 16 de la Constitución y en todos los convenios de derechos humanos”.
