Arquillo podría reactivar el conflicto por la Macarena con una posible demanda a la anterior junta de gobierno

Un nuevo giro judicial en un caso aún abierto en el ámbito cofrade sevillano

El enfrentamiento derivado de la restauración de la Virgen de la Esperanza de la Macarena suma un capítulo más en su prolongado recorrido jurídico y mediático. Según la información adelantada por Canal Sur, el restaurador implicado, David Arquillo, estudia ahora la interposición de una demanda contra la anterior junta de gobierno de la hermandad, al considerar que determinadas manifestaciones posteriores a la intervención habrían lesionado su honor profesional.

De acuerdo siempre con la versión ofrecida por la cadena pública andaluza, el origen del conflicto se sitúa en la atribución pública de responsabilidades sobre el resultado de la restauración, una circunstancia que generó una notable conmoción en Sevilla y una amplia repercusión informativa más allá del ámbito local.

Activación del procedimiento previo obligatorio antes de acudir a los tribunales

También según Canal Sur, antes de que el asunto pueda trasladarse a la vía judicial se ha puesto en marcha el mecanismo de medios adecuados de solución de controversias (MASC), exigido por la Ley 1/2025 de eficiencia judicial, conocida como Ley Bolaños, que obliga a intentar una resolución extrajudicial previa a cualquier demanda.

En este contexto han sido citados ante notario varios integrantes de la anterior junta de gobierno. Entre ellos figura José Antonio Fernández Cabrero, que en el momento de los hechos ejercía como hermano mayor, acompañado del resto de responsables de aquella etapa: Enrique Espinosa de los Monteros, entonces mayordomo; Miguel Ángel Fernández, prioste de la Esperanza; y José Luis Notario, consiliario segundo. Los dos primeros presentaron su dimisión tras el cabildo de oficiales celebrado después de la restauración.

Un conflicto con antecedentes de análisis jurídico y posibles acciones civiles

Siempre según la información adelantada por Canal Sur, la hermandad de la Macarena había valorado previamente emprender acciones legales contra el restaurador, encargando un informe jurídico al despacho Nertis ETL Global. Dicho documento analizaba un posible incumplimiento contractual, al entender que la intervención podría haberse apartado del criterio conservador inicialmente acordado.

Ese informe abría la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil, aunque finalmente no se formalizó la demanda, en un intento de evitar una escalada judicial del conflicto.

Intentos previos de mediación sin acuerdo entre las partes

Según la misma fuente, antes de este nuevo escenario ya se habían producido reuniones entre la hermandad, la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS) y el propio David Arquillo. Aquellas conversaciones se desarrollaron mediante mecanismos de mediación extrajudicial, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada.

El planteamiento buscaba un reconocimiento del daño atribuido a la intervención, pero el proceso no prosperó ante la falta de acuerdo, en un contexto en el que el restaurador llegó a no asistir a algunas de las convocatorias previstas.

Paralización del proceso tras el cambio de junta de gobierno

El procedimiento quedó interrumpido tras el cabildo de elecciones y la toma de posesión de la nueva junta de gobierno, ya con la imagen de la Virgen de regreso tras una intervención posterior realizada por Pedro Manzano. Desde entonces, según Canal Sur, la actual dirección encabezada por Fernando Fernández Cabezuelo no ha impulsado nuevas acciones civiles relacionadas con este asunto.

Un historial previo de litigios vinculados al mismo caso

También de acuerdo con la cadena pública andaluza, el conflicto ya contaba con antecedentes judiciales. En una fase anterior, el propio Arquillo y su entorno familiar interpusieron una querella por presuntas injurias contra entre ocho y nueve personas por comentarios difundidos en internet en relación con la restauración de la Virgen de la Esperanza.

Aquellas diligencias fueron archivadas inicialmente al no haberse presentado el acto de conciliación previo, requisito necesario para su tramitación.