El Partido Popular se pliega a las exigencias del PSOE por la titularidad de la Catedral

Que la política es ese arte incomprensible en multitud de ocasiones para el común de los mortales, cuyos protagonistas son capaces de defender un criterio y exactamente el contrario en el transcurso de minutos, sin apenas inmutarse, es una verdad incuestionable que a nadie sorprende a estas alturas. Un nuevo ejemplo de esta premisa se ha perpetrado este martes en el Parlamento de España.

Allí, el Gobierno ha rectificado su posición inicial y ha anunciado la elaboración de un censo para contabilizar las propiedades inmatriculadas por la Iglesia en virtud de la ley de 1998, que permitió hasta 2015 registrar los bienes que consideraba de su propiedad pero que no habían sido oficialmente inscritas.

Tras negarse durante años a esta pretensión, el Ejecutivo del PP ha sorprendido aceptando las peticiones que permitirán saber cuántas propiedades, y cuáles, han pasado a manos de la Iglesia en estos años. Algunas estimaciones afirman que dichas propiedades, desde casas parroquiales o parcelas hasta monumentos como la Mezquita de Córdoba, podrían ascender a las 4.500.

«Desde el Ministerio de Justicia, de acuerdo con sus competencias, se están impulsando las actuaciones necesarias (…) en lo relativo a la elaboración de un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica». Esta ha sido la asombrosa respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria de los diputados socialistas Antonio Hurtado, Gregorio Cámara y Juan Carlos Campo.

Hasta el momento, desde el Ejecutivo popular se habían negado a entrar en la polémica, aduciendo que no se trataba de una cuestión de su competencia, sino de los Registradores de la Propiedad. Sin embargo, en 2015 se cambió la Ley Hipotecaria, impidiendo que la Iglesia inscribiera más propiedades. El pasado 4 de abril, además, el Congreso aprobó una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para dar cumplimiento a esta petición, que no fue apoyada por el PP ni por Ciudadanos.

Cabe recordar que en 2016, el Tribunal Europeo de Estrasburgo condenó a España a pagar más de 600.000 euros a una empresa en Palencia que se vio afectada por una inmatriculación, una decisión que crea jurisprudencia. Hasta la fecha los tribunales han rechazado los recursos presentados por el Ayuntamiento de Córdoba reclamando la titularidad de Catedral. Los acontecimientos que se produzcan a partir de ahora determinarán si este cambio de opinión por parte del gobierno del Partido Popular supone o no un paso decisivo en el camino de la expropiación de la Catedral de Córdoba. Un cambio de postura difícilmente entendible por muchos que defienden desde hace años que la titularidad de la catedral no se toca y que tendrá que ser explicado con puntos y comas por parte del partido que hasta hoy ha sido adalid de los derechos de la Iglesia frente a sus enemigos.