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La Asociación de Abogados Cristianos solicita medidas cautelarísimas para suspender el punto de la resolución del Gobierno de Canarias que afecta a las celebraciones religiosas. Lo
hace ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La resolución, publicada el sábado en el BOC (Boletín Oficial de Canarias) dice textualmente: “No se autorizarán los eventos ni actos multitudinarios, entendiéndose como tal aquellos de más de 10 personas”.
La organización de juristas considera que “este texto del gobierno insular es arbitrario, carece de seguridad jurídica y atribuye a la administración competencias que no son suyas y que atentan contra derechos fundamentales”. La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, recuerda que “una Comunidad Autónoma no puede restringir ni prohibir derechos fundamentales”. Destaca además que “limitar a 10 personas el aforo de iglesias y catedrales con capacidad para cientos de personas es un pretexto para atacar la libertad religiosa”. ¿20 niños en un aula no son un riesgo y 10 personas en una catedral sí?
Asegura que “defendemos la libertad religiosa porque creemos que hay que defender el Estado de Derecho frente a los abusos que algunos políticos regionales y nacionales están haciendo en estos últimos meses”.
Castellanos recuerda que “la libertad religiosa es un derecho fundamental amparado en el art. 16 de la Constitución y en todos los convenios de derechos humanos. Si permitimos este atropello en Canarias, termina implantado en todo el país”. Anuncia además que “si el gobierno insular no modifica esta resolución no descartamos iniciar acciones penales contra el presidente canario, Ángel Víctor Torres”.
