La sentencia considera que el consistorio actuó con “abuso de poder” y vulneró el derecho de los agentes a conciliar su vida laboral y familiar. El PSOE cifra en 40.000 euros el coste total de la indemnización.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Granada ha dictado una resolución que supone un duro revés para el Ayuntamiento de Granada, al condenarlo a indemnizar a los agentes de la Policía Local que fueron obligados a trabajar durante la Semana Santa de 2025. La jueza entiende que la decisión municipal constituyó una “actuación unilateral y un abuso de poder”, vulnerando el derecho de los funcionarios a la conciliación personal y familiar.
Según la sentencia, contra la que no cabe recurso, el consistorio impuso por decreto que una treintena de agentes prestaran servicio los días 13 y 20 de abril de 2025, así como durante las jornadas procesionales de esa Semana Santa, “en contra de su voluntad”. La magistrada estima el recurso interpuesto por los servicios jurídicos de CSIF, que denunciaron la imposición de turnos extraordinarios no pactados, a pesar de tratarse de un evento plenamente previsible y de existir mecanismos legales alternativos según la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía.
La sentencia: “No es la forma de resolver el déficit estructural de efectivos”
En su fallo, la jueza reprocha al Ayuntamiento que utilizara un decreto para suplir la falta de personal, calificando esta actuación como una decisión unilateral que impidió a los agentes disfrutar de su vida familiar. “Nuestros policías locales también tienen derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral”, advierte la magistrada, que insiste en que la solución al déficit estructural de plantilla debe alcanzarse mediante negociación, no mediante la imposición de servicios extraordinarios.
La resolución judicial impone al consistorio el pago de 200 euros por día trabajado a cada agente afectado, en concepto de daños y perjuicios. Esto supone que quienes trabajaron un día recibirán 200 euros, los que lo hicieron dos días percibirán 400 euros y, si el servicio se prolongó tres jornadas, la compensación ascenderá a 600 euros.
El sindicato CSIF celebra el fallo y denuncia la falta de personal
El sindicato CSIF, que interpuso el recurso, ha valorado la sentencia como “un reconocimiento a la dignidad profesional de los agentes”, recordando que llevan tiempo advirtiendo del déficit crónico de efectivos en la Policía Local granadina. Según el sindicato, esta situación obliga a los funcionarios a renunciar reiteradamente a su conciliación personal para cubrir turnos extraordinarios derivados de la falta de planificación de la jefatura.
“El colectivo está cansado de sacrificar su vida familiar por la improvisación del Ayuntamiento”, han señalado desde CSIF Granada, que reclama una revisión estructural de la plantilla y una planificación adecuada de los servicios ordinarios y extraordinarios.
El Ayuntamiento se defiende: “Era necesario para garantizar la seguridad de la Semana Santa”
Por su parte, la concejal de Protección Ciudadana y Movilidad, Ana Agudo, ha salido al paso de la resolución judicial defendiendo la actuación municipal. En declaraciones remitidas a los medios, la edil explicó que el Ayuntamiento se vio “forzado a dictar el decreto” con el objetivo de garantizar la seguridad pública durante la Semana Santa, un evento que congrega a miles de personas.
“Anular la Semana Santa nunca fue una opción por el perjuicio que ello habría causado al comercio, la hostelería y el conjunto de la ciudadanía”, afirmó Agudo, que subrayó que “el interés general debía prevalecer sobre cualquier otra cuestión”. La concejal añadió que el Ayuntamiento considera que la sentencia no ha valorado la dimensión social, económica y cofrade del evento, y anunció que los servicios jurídicos municipales recurrirán la resolución.
El PSOE cifra el coste de las indemnizaciones en 40.000 euros
Tras conocerse el fallo, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha calculado que el consistorio deberá abonar unos 40.000 euros en indemnizaciones a los agentes afectados.
La portavoz socialista, Raquel Ruz, ha recalcado que la sentencia confirma la ilegalidad del procedimiento utilizado por el gobierno local, al imponer servicios extraordinarios que debían ser voluntarios. Según ha explicado, la Semana Santa suele cubrirse con turnos ordinarios reforzados, pero en esta ocasión se optó por decretar servicios extraordinarios que ahora deberán pagarse a 200 euros por día, además del abono de las horas extra ya percibidas.
“Esta situación es consecuencia de la improvisación y la falta de diálogo de la señora Carazo”, ha afirmado Ruz, en referencia a la alcaldesa. La edil ha denunciado que, pese al aumento de 50 agentes durante los últimos mandatos socialistas y la existencia de una productividad negociada de un millón de euros, el actual equipo de gobierno del Partido Popular ha seguido incrementando el gasto en horas extraordinarias, alcanzando otro millón adicional.
“Tenemos más policías, pero se pagan más horas extra; es una muestra de mala gestión y desorganización interna”, concluyó la portavoz socialista.
Una resolución sin recurso que reabre el debate sobre la gestión policial en Granada
La sentencia, que no admite recurso, reabre el debate sobre la organización del cuerpo de Policía Local en Granada y las condiciones laborales de sus agentes durante grandes eventos. Mientras los sindicatos reclaman una reforma estructural y negociada, el Ayuntamiento insiste en que su prioridad era preservar la seguridad ciudadana en una celebración de alto impacto social y económico.
Lo cierto es que, a partir de este fallo, el consistorio deberá afrontar el pago de 40.000 euros en indemnizaciones, además de revisar su modelo de planificación de servicios extraordinarios, cuya gestión ha quedado cuestionada por la propia magistrada.
