El Consejo se posiciona con nitidez ante la Ley de Eutanasia

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha emitido un comunicado público en el que se posiciona ante la ley de eutanasia perpetrada en el Congreso de los diputados hace tan solo unos días. En texto, el órgano de representación de las hermandades hispalenses pone de manifiesto que «la protección de cada vida humana es una exigencia de justicia que nos interpela en muchos sentidos. El primero y fundamental consiste en reconocer a cada persona el derecho a vivir desde su concepción hasta su muerte natural».

En este sentido el comunicado afirma que «las Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, siguiendo el magisterio de la Santa Madre Iglesia, así lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo ya en sus públicas protestaciones de Fe, por lo que ante la aprobación de la Ley que permite la práctica de la eutanasia, la Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, tras acuerdo adoptado por unanimidad en reunión celebrada el día 21 de diciembre de 2020 y uniendo su voz a la Conferencia Episcopal Española, rechaza públicamente la aprobación de esta Ley».

«La Iglesia, tal y como se recoge en la Carta Pastoral “Samaritanus Bonus” de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mira con esperanza la investigación científica y tecnológica y ve en ellas una oportunidad favorable de servicio al bien integral de la vida y de la dignidad de todo ser humano», afirma la nota que añade que «la persona, en cualquier condición física o psíquica que se encuentre, mantiene su dignidad originaria de haber sido creado a imagen de Dios».

La nota precisa que «el Papa San Juan Pablo II, en “Evangelium vitae” ya nos hablaba de una cultura de la muerte, en la que las víctimas son los seres humanos más frágiles, que corren el riesgo de ser descartados por un engranaje que quiere ser eficaz a toda costa, vinculando la vida exclusivamente a las posibilidades económicas, al bienestar, a la belleza y al deleite de la vida».

«Por ello, ante el establecimiento de un «derecho a morir» que, a juicio del Comité Nacional de Bioética, es ética y legalmente inadmisible, se pide a las Administraciones Públicas que promuevan políticas suficientes para garantizar los derechos de los enfermos en términos de accesibilidad absoluta y universal a los cuidados paliativos así como un acompañamiento, de cuidado y de testimonio público que favorezcan un compromiso en favor de la vida y, actuando en conciencia según la verdad y la justicia, tienda como sociedad hacia la genuina buena muerte en compañía y esperanza, como única forma de terminación de la vida», concluye la nota.