El Gobierno negociará con los obispos las inmatriculaciones de la Iglesia

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, se han reunido este miércoles en la Moncloa y han pactado una agenda de trabajo para resolver las «posibles discrepancias» en asuntos como la fiscalidad, la protección a la infancia, las inmatriculaciones o la ley educativa.

Según han informado el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE) en sendos comunicados, durante el encuentro se han abordado «sin restricciones» cuestiones de interés mutuo, que configuran el marco de relación entre la Iglesia católica y el Estado actualmente.

Calvo y Omella han acordado establecer una agenda «amplia» de trabajo para avanzar en un modelo que permita la colaboración y la resolución de las «posibles discrepancias» que pudieran plantearse y se han designado a las personas que se encargarán de estos asuntos.

Entre los temas que se abordarán se encuentran algunos como la fiscalidad de la Iglesia, la protección a la infancia, las inmatriculaciones de bienes o la reforma del marco normativo de la educación.

Además, tanto la ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, como el presidente de la CEE y cardenal arzobispo de Barcelona, han mostrado su intención de revitalizar los trabajos de la Comisión Mixta, prevista en los Acuerdos con la Santa Sede, como un espacio de trabajo y diálogo institucional que permita actualizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado «a los momentos en los que vivimos».

Este es el primer encuentro entre Calvo y Omella tras la elección de éste como presidente de la CEE a principios del mes de marzo y después de que la vicepresidenta primera del Gobierno se reuniera con el nuncio vaticano en España, Bernardito Auza, el pasado mes de enero.

Esta cita -indican- forma parte de la ronda de contactos que inicia la vicepresidenta primera con los representantes de las principales confesiones religiosas implantadas en España, tras asumir las políticas destinadas al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y la relación con todas las confesiones.