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El ex mayordomo de la Hermandad del Valle, labor que ejerció durante ocho años, será juzgado en marzo de 2021. En concreto la vista ha quedado fijada los días 2, 3 y 4 de marzo. La Fiscalía solicita para él tres años y medio de cárcel por la presunta apropiación de 175.982 euros de las cuentas de la hermandad. El escrito de acusación del fiscal sostiene que cuando el acusado fue nombrado mayordomo en 2007, el entonces hermano mayor y otro cofrade le iban a ayudar en la tarea, pero estas personas “se limitaban a llevar en el programa Excel la contabilidad con los datos que les proporcionaba el acusado.
“Es a partir del cese como hermano mayor de Félix Hernández cuando, ya sin el debido control de la cuenta bancaria por parte de ningún responsable de la Hermandad, y aprovechando la confianza que había sabido ganarse, el encausado empezó a expedir cheques al portador que cobraba por ventanilla y de cuyo importe se apropiaba, además de apoderarse de otra parte de los ingresos en metálico”, expone el escrito. El escrito defiende que “el ex mayordomo aprendió en 2011 a copiar en una hoja Excel los movimientos de la cuenta bancaria, que acto seguido “modificaba a su antojo, creando una cuenta o banco paralelos que era la que presentaba a la aprobación de las cuentas anuales de la Hermandad”.
El fiscal sostiene que “cuando en junio de 2015 fue nombrado un nuevo mayordomo, el acusado manifestó al Cabildo que dejaba un saldo en banco de 26.939 euros, “siendo así que solo había 16,41 euros”. Por todo el ello, el fiscal evalúa “el perjuicio económico a la Hermandad en 175.982 euros, motivo por el cual se imputa al ex mayordomo un delito continuado de apropiación indebida y pide para él tres años y medio de cárcel y una multa de 10 meses con cuota diaria de 6 euros, lo que equivales a 1.800 euros.
Cabe recordar que la acusación particular, que representa a un grupo de hermanos, solicita cuatro años y tres meses de cárcel. Por su parte, la actual Junta de Gobierno encabezada por Gonzalo Pérez de Ayala, personada también como acusación particular, se adhiere a la petición del fiscal “como garante de la legalidad en defensa de los intereses generales y, en este caso, también de los particulares de la Corporación”.
