El traslado de la Santa Cena de Granada, expuesto al tráfico en plena Gran Vía: una sucesión de escenas inadmisibles que exige responsabilidades

El traslado de las imágenes del Señor de la Cena y María Santísima de la Victoria por las calles de Granada terminó convirtiéndose en un episodio de desorganización difícilmente justificable, después de que el cortejo quedara detenido en plena Gran Vía al encontrarse con vehículos que circulaban por la vía sin que se hubieran dispuesto previamente los cortes de tráfico necesarios para garantizar el desarrollo del acto. Una situación que trascendió el mero contratiempo logístico para adentrarse en un escenario de extraordinario peligro para los integrantes del cortejo y para los ciudadanos que acompañaban a las sagradas imágenes, obligados a permanecer en medio de una calzada transitada por coches, motocicletas y autobuses.

Lo ocurrido constituye una estampa que interpela directamente a los responsables de la planificación municipal y a quienes debían velar por la seguridad de un traslado de estas características. Las escenas, de una gravedad que no puede minimizarse, resultaron bochornosas y profundamente preocupantes, al situar a los participantes en una coyuntura que nunca debería haberse producido. La presencia de las imágenes en mitad de una vía abierta a la circulación, con vehículos pasando a escasa distancia de quienes formaban parte del acompañamiento, puso de manifiesto una alarmante falta de previsión y una gestión que merece explicaciones públicas. No se trata de una cuestión secundaria ni de una simple incidencia de tráfico: la seguridad de las personas y el respeto a una corporación religiosa no pueden quedar subordinados a la improvisación.

Un cortejo detenido en una de las principales arterias de Granada

La Hermandad de la Santa Cena había iniciado el traslado el martes a las 20.00 horas, partiendo de la Puerta del Perdón de la Catedral, donde el Señor de la Cena y la Virgen de la Victoria habían permanecido con motivo de la exposición Kerygma. El itinerario discurrió inicialmente por Cárcel Baja hasta alcanzar la Gran Vía, punto en el que el cortejo se encontró con varios vehículos que continuaban circulando sin que se hubieran establecido las restricciones de tráfico necesarias para permitir el paso de las imágenes con las debidas garantías.

La situación obligó finalmente a la Policía Local a interrumpir la circulación y cortar la vía ante la afluencia de público. Sin embargo, la intervención posterior no borra la gravedad de lo sucedido ni disipa las preguntas que inevitablemente surgen sobre la organización previa del dispositivo. Las imágenes difundidas del incidente muestran la dimensión de una escena en la que el cortejo quedó expuesto a la circulación rodada, mientras decenas de personas permanecían detenidas en plena calzada. La estampa de automóviles, motocicletas y autobuses compartiendo espacio con quienes acompañaban al Señor de la Cena y a la Virgen de la Victoria ha provocado indignación entre usuarios de las redes sociales, donde se han expresado críticas ante unas circunstancias que comprometen tanto la seguridad como la dignidad de un acto de esta naturaleza.

Una falta de respeto que trasciende a la Hermandad de la Santa Cena

Más allá del riesgo físico al que se vieron sometidos los participantes, lo sucedido plantea una cuestión de fondo que el Ayuntamiento de Granada no debería eludir: el trato dispensado a las hermandades y a sus cofrades como parte de la ciudadanía merece la misma consideración que cualquier otra actividad desarrollada en la ciudad. La corporación afectada no puede verse relegada a afrontar las consecuencias de una coordinación deficiente, ni sus integrantes deben asumir como inevitable una situación que exigía medidas preventivas elementales. Lo acontecido representa, además, una afrenta que trasciende los límites de la propia Santa Cena y alcanza al conjunto de las cofradías granadinas, cuyos cortejos, cultos y manifestaciones públicas requieren una planificación rigurosa y un compromiso institucional acorde con su relevancia.

Los cofrades pagan los mismos impuestos que el resto de los habitantes de Granada y tienen idéntico derecho a exigir seguridad, respeto y una actuación municipal diligente. No existe razón que justifique un trato negligente ni que permita considerar aceptable que una procesión quede atrapada en medio del tráfico, con el consiguiente peligro para quienes participan en ella. El respeto institucional no se demuestra mediante declaraciones protocolarias, sino con decisiones concretas, previsión suficiente y dispositivos capaces de evitar que las personas queden expuestas a riesgos perfectamente evitables. En esta ocasión, ese respeto ha brillado escandalosamente por su ausencia.

El Ayuntamiento debe dar explicaciones y asumir las consecuencias

El incidente adquiere una dimensión todavía más delicada por producirse en vísperas de la salida extraordinaria prevista para el próximo 1 de noviembre, una cita para la que el traslado del martes constituye el primer paso preparatorio. La procesión extraordinaria está programada para las 17.00 horas y contará con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores María Santísima de la Victoria. Antes de esa jornada, las imágenes volverán a trasladarse a la Catedral el 29 de octubre. La proximidad de estos acontecimientos hace especialmente necesario que la planificación de los próximos desplazamientos se aborde con la seriedad que exige la seguridad de los cortejos y del público.

Lo ocurrido en la Gran Vía no debería despacharse con una explicación rutinaria ni diluirse en el habitual repertorio de justificaciones administrativas. Cuando una deficiente organización coloca en una situación de peligro a decenas de personas, la exigencia de responsabilidades deja de ser una reacción desproporcionada para convertirse en una obligación política y moral. Corresponde al Ayuntamiento aclarar qué falló, por qué el traslado se encontró con el tráfico sin las medidas preventivas necesarias y quién debía garantizar que el recorrido pudiera desarrollarse con seguridad. Y si de esas explicaciones se desprende una responsabilidad política por una negligencia de semejante gravedad, la dimisión fulminante de quien corresponda debe figurar entre las consecuencias que se valoren, porque hay errores cuya trascendencia no puede despacharse sin asumir responsabilidades.

La Hermandad de la Santa Cena, las cofradías granadinas y sus hermanos merecen algo más que disculpas tardías o explicaciones evasivas. Merecen que se les trate con la consideración debida, que sus manifestaciones públicas se desarrollen con garantías y que ninguna deficiencia organizativa vuelva a situarlos en una coyuntura semejante. Lo sucedido fue inadmisible por el riesgo generado, bochornoso por la imagen ofrecida y profundamente irrespetuoso con una comunidad cofrade que forma parte de Granada y contribuye a su vida ciudadana. La responsabilidad de las instituciones no termina cuando se despeja una calle: comienza mucho antes, cuando deben anticiparse los problemas y proteger a las personas. En la Gran Vía, esa obligación quedó en entredicho. Ahora corresponde al Ayuntamiento explicar lo ocurrido y demostrar, con hechos y responsabilidades concretas, que la seguridad y la dignidad de los granadinos no son cuestiones que puedan dejarse al azar.

La ocupación de la vía pública no justifica el desprecio institucional ni el riesgo para las personas

Resulta inadmisible pretender desviar el foco de lo ocurrido hacia el argumento de que las cofradías ocupan las calles de Granada durante demasiados días a lo largo del año. El debate no es una cuestión de cantidad, sino de respeto institucional, igualdad de trato y seguridad ciudadana. Lo sucedido durante el traslado del Señor de la Cena y la Virgen de la Victoria constituye un episodio de una gravedad que no puede diluirse mediante consideraciones sobre la frecuencia con la que las hermandades desarrollan sus actividades en el espacio público. Las personas que integraban el cortejo y quienes acompañaban a las imágenes participaban en una actividad autorizada por el Ayuntamiento, con independencia de su naturaleza religiosa, cultural, deportiva o de cualquier otra índole. Esa autorización comporta una exigencia elemental de responsabilidad por parte de la Administración: garantizar que el acontecimiento pueda desarrollarse con las debidas condiciones de seguridad, sin exponer a sus participantes a situaciones de peligro derivadas de una planificación deficiente. No hablamos, por tanto, de una discrepancia sobre el uso de las calles, sino de una actuación municipal cuya gestión, a tenor de lo sucedido, merece una explicación rigurosa y la depuración de las responsabilidades que correspondan.

La contradicción resulta todavía más difícil de justificar cuando se observa que el propio Ayuntamiento establece cortes de tráfico y dispositivos de seguridad para la celebración de carreras populares, manifestaciones y otras actividades de características similares, adoptando las medidas necesarias para proteger a quienes participan en ellas y ordenar la circulación. Si esas precauciones se consideran imprescindibles para el desarrollo de tales acontecimientos, no existe razón que permita rebajar las exigencias cuando se trata de un traslado cofrade. La seguridad no puede depender de la naturaleza de la actividad ni el respeto institucional estar condicionado por las preferencias de quienes gobiernan la ciudad. Las hermandades y sus cofrades son ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro colectivo, contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos y merecen idéntica diligencia por parte de sus responsables. Por eso, lo ocurrido en la Gran Vía no puede despacharse como un simple contratiempo ni ampararse en debates ajenos al fondo de la cuestión: la ignominiosa falta de previsión, el riesgo al que fueron sometidas numerosas personas y la humillante desconsideración hacia la Hermandad de la Santa Cena y el conjunto de las cofradías granadinas. No hay argumento sobre la ocupación del espacio público que justifique semejante escenario. Lo que procede es esclarecer por qué se produjo, exigir las responsabilidades pertinentes y evitar que la desprotección de quienes participan en una actividad autorizada vuelva a convertirse en una imagen tan bochornosa como la que Granada presenció.