El último intento de la extrema izquierda de expropiar los bienes de la Iglesia andaluza antes de que la Junta cambie de manos

La plataforma constituida en Sevilla para reclamar el listado de bienes «inmatriculados» por la Iglesia Católica a su favor pese a carecer de título de propiedad sobre los mismos ha elevado una queja a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, para que dicha institución interceda ante el Ayuntamiento hispalense, el Colegio de Registradores de la Propiedad y la Junta de Andalucía.

En un comunicado, el colectivo ha recordado el acuerdo plenario aprobado en el Ayuntamiento de Sevilla en pro de las reivindicaciones a de la plataforma, con el respaldo de todos los grupos municipales salvo el voto contrario del PP, pues dicha moción fue aprobada en febrero de 2018. Por eso, el colectivo reclama a la oficina de Maeztu que a su vez inste al Ayuntamiento a que «ponga mayor empeño y mayor celeridad en conseguir de los registradores de la propiedad la información sobre la totalidad de los inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica desde el año 1978».

Por otro lado, la Plataforma denuncia que se ha topado en varias ocasiones «con la resistencia o la negativa de los registradores de la propiedad a facilitar notas simples alegando la no existencia de interés legítimo». Por eso mismo, se solicita al Defensor del Pueblo amparo para que garantice la transparencia en estos registros «en defensa del interés general y del patrimonio común».

También se solicita a la Junta de Andalucía que «exija a la jerarquía eclesiástica los planes y medidas necesarias de uso, protección y conservación de aquellos bienes inmatriculados del Conjunto Monumental declarado Patrimonio de la Humanidad», en el caso de Sevilla la Catedral con su Giralda, y una vez elaborados estos planes, «proceda a la ejecución, vigilancia y control de su cumplimiento». En este sentido, desde la plataforma se recuerda que el artículo 36 del Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce como deber el de «cuidar y proteger el patrimonio público, especialmente el de carácter histórico-artístico y natural».