La Congregación para la Doctrina de la Fe ha informado a la Iglesia española de que un total de 220 sacerdotes españoles han sido denunciados por abusos sexuales a menores desde 2001, de los que 151 casos han sido ya resueltos y 69 siguen abiertos. Así lo ha anunciado este viernes el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en la rueda de prensa para hacer balance de los trabajos de la Asamblea Plenaria de los obispos, en la que se ha anunciado la apertura de un servicio de asesoramiento y ayuda a las oficinas de protección a menores creadas hace un año en cada una de las diócesis españolas. Por primera vez, la Iglesia hace públicas estas cifras de abusos, que se conocen después de la polémica suscitada tras las palabras de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que acusó a esta institución de ser cómplice y ocultar los casos de abusos a menores.
Así, Argüello ha detallado que, según las cifras de la Congregación para la Doctrina de la Fe, desde 2001 han llegado 220 denuncias a sacerdotes, 144 del clero secular y 76 del clero regular. De ellos, 151 han sido ya resueltas y 69 caos siguen abiertas. Unas cifras que, más allá de que sea deseable que fuesen menores o incluso no se produjesen, desmontan con vehemencia la falacia manifestada en sede parlamentaria por la comunista enchufada en su cargo por Pablo Iglesias, en la medida en que en España hay 17.337 sacerdotes según fuentes de la propia Conferencia Episcopal, lo que se concreta en un 1,26% de incidencia, cifras muy inferiores a las de cualquier otro colectivo social. Por contrastar, según datos facilitados por Moncloa en diciembre de 2020, sólo en el año 2019 se produjeron 15.319 delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Saquen sus propias conclusiones.
Cabe recordar que la Conferencia Episcopal ya respondió a la nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 a la que acusó de estar presa de «un rancio anticlericalismo» y pretender «ensuciar» la actividad de la Iglesia después de que acusara a esta institución de ser cómplice y encubrir los abusos sexuales a menores. «Es una acusación gravemente injusta que pretende ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas y que no se corresponde en absoluto con la verdad», subraya la CEE este viernes en un comunicado en el que celebra la aprobación ayer del proyecto de ley de protección a la infancia frente a la violencia.
Los abusos sexuales a menores son una problemática que afecta a la sociedad española, indican los obispos, que se remiten a estudios según los cuales sólo el 0,2 % de los casos se han dado en actividades religiosas. «Algo que siendo para nosotros grave, pone en su magnitud las dimensiones del problema y señala los entornos en los que se producen mayoritariamente los abusos, que deben tener especial atención y protección», advierte la CEE.
Recuerda que la Iglesia católica inició en 2002 un «largo proceso» de actualización de sus protocolos y su código de derecho especialmente en cuestiones de prescripción de esos delitos y de prevención de abusos en el presente y en el futuro, aspectos que ahora incorpora la legislación española. Desde aquel año se han desarrollado protocolos y entornos seguros para los menores en los lugares en los que la Iglesia realiza su actividad y las congregaciones religiosas han desplegado un importante número de iniciativas para atender de manera segura a los menores.
También la Iglesia diocesana está recorriendo ese camino y han habilitado oficinas de protección a los menores y prevención de abusos en todas las diócesis españolas, recuerda la CEE. «La Iglesia está firmemente comprometida en la promoción integral de los menores y desarrolla miles de iniciativas cada año que buscan formarlos en valores tan relevantes como la solidaridad, el respeto a la diferencia, el servicio al bien común o el cuidado del entorno según los principios del humanismo cristiano», destaca. Y subraya que con este objetivo trabajan miles de laicos, sacerdotes y religiosos con esfuerzo, capacitación, dedicación y responsabilidad.
«Su trabajo no puede quedar empañado ni por las acciones de algunos de sus miembros que son indignos de ese trabajo ni por las apreciaciones de los políticos que, presas de un rancio anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura y confrontación», advierten los obispos. La CEE subraya en el comunicado el compromiso de la Iglesia con la protección de los menores y asegura que seguirá dando pasos adelante y trabajará por el cuidado de los niños y su formación, para lograr un futuro mejor.
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