Las últimas noticias procedentes de la Macarena han devuelto a la hermandad al centro de una controversia que desborda ampliamente los asuntos concretos examinados en su reciente cabildo. Cuando una corporación de semejante relevancia afronta cuestiones que afectan a su patrimonio, a su administración económica y a la actuación de quienes han asumido responsabilidades de gobierno, la transparencia deja de ser una virtud voluntaria para convertirse en una obligación inexcusable, y el rigor informativo adquiere una importancia capital. Nadie pretende sustraer a la crítica las decisiones de una junta de gobierno, minimizar los interrogantes que puedan suscitarse o levantar un muro de protección alrededor de quienes gestionan los bienes de una institución. Todo lo contrario: cuanto mayor es la responsabilidad, mayor debe ser la exigencia de explicaciones. Pero esa exigencia no puede confundirse con una licencia para tergiversar, alimentar sospechas o convertir cualquier dato en una herramienta de demolición reputacional. Una cosa es fiscalizar la gestión y otra muy distinta fabricar culpabilidades a golpe de insinuación. Sin embargo, algunos parecen haber elegido deliberadamente este último camino: transformar cualquier cifra en munición, cualquier discrepancia en una acusación y cualquier explicación en una oportunidad para alimentar el descrédito de quienes ya no ocupan determinadas posiciones de responsabilidad y, por tanto, se encuentran en una situación distinta a la hora de defenderse públicamente. La controversia sobre el manto de los Cisneros constituye uno de los asuntos que reclaman esclarecimiento, pero no agota, ni mucho menos, el contenido de lo debatido. También ha irrumpido en la conversación pública el ajuste patrimonial de más de medio millón de euros, consecuencia de la corrección de errores contables correspondientes a ejercicios anteriores. Una cifra de semejante magnitud merece toda la atención, una explicación comprensible y el análisis técnico que corresponda; lo que no merece es que se retuerza su significado hasta convertir una regularización contable en una sospecha de apropiación.
Algunos, instalados en una peligrosa combinación de ignorancia y manipulación, han querido presentar ese ajuste como la prueba implícita de que falta dinero y de que, si falta, necesariamente habrá terminado en el bolsillo de alguien. Una conclusión tan expeditiva como irresponsable, que delata un desconocimiento elemental de los principios que rigen el Plan General de Contabilidad y de los procedimientos destinados a corregir errores de ejercicios anteriores, así como de su incidencia en la representación del patrimonio neto. Un ajuste patrimonial no significa, por sí mismo, que se hayan sustraído fondos, del mismo modo que una corrección contable no constituye una prueba de apropiación indebida. Confundir una regularización con un presunto desfalco no es una interpretación discutible: es una distorsión que puede causar un daño irreparable. Por supuesto que las cuentas deben explicarse, que los asientos han de encontrar su justificación y que cualquier eventual irregularidad debe investigarse con todas las garantías. Pero también es imprescindible que quien pretenda interpretar una información económica conozca, al menos, los rudimentos de aquello sobre lo que pontifica. No todo lo que se ajusta ha desaparecido, no todo saldo negativo acredita una sustracción y no toda corrección de ejercicios anteriores esconde una conducta ilícita. Si existen indicios de una irregularidad imputable a alguien, el camino es inequívoco: documentarla y acudir a los tribunales, para que sean las instancias competentes quienes determinen las responsabilidades que pudieran corresponder. Si no existen esos indicios, contribuir, por acción u omisión, al señalamiento de otros hermanos constituye una auténtica canallada. La reputación de las personas no puede quedar a merced de quienes, sin comprender la naturaleza de una operación contable, se arrogan la facultad de dictar sentencias desde la ignorancia.
La cuestión del manto exige una reflexión igualmente exigente, aunque por razones diferentes. La junta de gobierno ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra el taller de Charo Bernardino por una presunta apropiación de parte de los materiales de la pieza, una acusación de enorme trascendencia que deberá sostenerse, en su caso, mediante pruebas y dilucidarse por los cauces correspondientes. Se trata de una obra realizada en la segunda mitad del siglo pasado por José Guillermo Carrasquilla Perea, cuya configuración original, sus bordados y las distintas intervenciones que ha experimentado a lo largo de las décadas conforman un capítulo relevante de la historia patrimonial de la hermandad. El deterioro ocasionado por la entrada de agua en octubre de 2023, los informes técnicos posteriores, el encargo de restauración y el propósito de recuperar sus características primitivas dibujan una sucesión de acontecimientos que necesita ser explicada con precisión. Los hermanos de la Macarena tienen derecho a conocer qué ocurrió, qué actuaciones se llevaron a cabo, qué materiales se conservaron y qué decisiones se adoptaron en cada momento. No hay patrimonio que pueda protegerse desde la opacidad, ni controversia que pueda resolverse sustituyendo la documentación por versiones interesadas. Precisamente por la trascendencia histórica, artística y devocional de la pieza, cualquier acusación debe tratarse con la máxima seriedad. Lo contrario supone degradar una cuestión que merece esclarecimiento hasta convertirla en otro episodio de una confrontación que parece alimentarse más de las heridas del pasado que de la voluntad de conocer la verdad. Ni el manto puede utilizarse como instrumento de revancha ni su restauración puede quedar atrapada en una batalla de relatos.
Y es precisamente en este clima donde adquiere especial gravedad la actuación de determinados individuos que, amparándose en el ejercicio del periodismo, parecen haber confundido la información con la reproducción interesada de filtraciones, el análisis con la insinuación y la independencia profesional con la adhesión incondicional a determinados intereses. Las filtraciones interesadas existen, circulan y, en ocasiones, encuentran en ciertos comunicadores el altavoz perfecto para alcanzar sus objetivos, pero su procedencia no es lo que aquí importa ni corresponde aventurarla. Lo verdaderamente censurable es la manera en que algunos las reciben, las seleccionan, las amplifican y las presentan ante la opinión pública sin el contraste necesario, como si la mera difusión de una confidencia bastara para otorgarle categoría de verdad. Se difunden frases supuestamente entrecomilladas, se deslizan versiones parciales, se rescatan fragmentos de conversaciones y se construyen relatos cuya principal virtud parece consistir en sugerir aquello que no se puede demostrar abiertamente. Hay plumillas de tres al cuarto que han hecho de la proximidad a los círculos de influencia su principal mérito profesional, aduladores siempre dispuestos a mendigar una migaja informativa con la que alimentar la apariencia de una cercanía privilegiada. Meretrices del poder, no por ejercer un oficio que merece todo el respeto, sino por envilecerlo voluntariamente, hipotecando la independencia de su pluma para convertirse en instrumentos de intereses ajenos a la búsqueda de la verdad. El problema no reside en que una información incómoda salga a la luz, sino en que se utilice de manera sesgada, se omitan deliberadamente los elementos que permitirían comprenderla y se transforme una filtración parcial en una sentencia anticipada. El periodismo no puede convertirse en una prolongación de las vendettas personales ni en una maquinaria de demolición reputacional. Quien tenga algo que denunciar, que lo documente; quien disponga de pruebas, que las presente; y quien aspire a informar, que contraste antes de publicar.
Los hermanos de la Macarena no necesitan una guerra de relatos ni una competición de insinuaciones: necesitan verdad, explicaciones, rigor y transparencia. Si existen responsabilidades en la gestión patrimonial, que se determinen; si se han cometido errores contables, que se expliquen conforme a los criterios técnicos que rigen la materia; y si alguien sostiene que se ha producido una apropiación indebida, que aporte las pruebas y acuda a los tribunales. Si tan sólidos son los fundamentos, y que sean las autoridades competentes quienes establezcan qué sucedió y quién debe responder. Lo que no resulta admisible es mantener a una institución bajo un permanente manto de sospecha, convertir una regularización económica en la insinuación de un supuesto saqueo o utilizar una controversia patrimonial para reabrir viejas heridas y alimentar animadversiones personales. Porque la fractura que se está provocando puede terminar resultando irreparable. La presunción de inocencia no puede ser sustituida por el veredicto de una filtración, ni la reputación de antiguos responsables puede quedar sometida a una condena dictada en titulares, mensajes en redes sociales, comentarios interesados o presuntas comillas estratégicamente colocadas. La responsabilidad de informar exige distinguir escrupulosamente entre hechos acreditados, interpretaciones legítimas y conjeturas; obliga a conocer aquello sobre lo que se escribe y reclama una independencia que no puede ponerse en almoneda a cambio de confidencias, privilegios o proximidades convenientes. Porque el periodismo no nació para servir de instrumento a los poderosos, ni para ejecutar las venganzas que otros no se atreven a firmar. Cuando la pluma se alquila para ajustar cuentas, cuando la verdad se subordina a la conveniencia y la información se convierte en una mercancía al servicio de intereses particulares, no estamos ante periodismo: estamos ante una prostitución del oficio. Y quienes todavía creemos que informar es una forma de servir a la sociedad tenemos la obligación de señalarlo sin eufemismos.
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