La revirá | En legítima defensa

Francia está ardiendo y todavía hay quien pretende que contemplemos las llamas con la serenidad de quien observa un fenómeno meteorológico. Calles convertidas en campos de batalla, edificios públicos devorados por el fuego, comercios saqueados, vehículos calcinados, iglesias amenazadas y símbolos de la República reducidos a escombros. El Ayuntamiento de Limoges, un edificio histórico del siglo XIX que había atravesado dos guerras mundiales, ha terminado arrasado por un incendio provocado durante los disturbios del 17 de octubre. Dos guerras mundiales no consiguieron acabar con lo que el odio, la violencia y la voluntad de destrucción han conseguido poner de rodillas en una jornada de barbarie. Y mientras las llamas consumían una parte de la memoria de la ciudad, volvía a representarse el viejo teatro de las justificaciones: que si la protesta, que si la rabia social, que si el contexto, que si las desigualdades. Basta ya de coartadas. Una cosa es protestar y otra muy distinta convertir una ciudad en territorio conquistado por quienes desprecian la ley. Una cosa es reclamar derechos y otra prender fuego a los bienes que pertenecen a todos. Una cosa es la discrepancia política y otra declarar la guerra a la convivencia. Quien incendia un ayuntamiento no está haciendo una revolución: está atacando a la sociedad que lo sostiene. Quien saquea un comercio no combate al sistema: destruye el trabajo de otro. Quien quema una iglesia no ejerce una libertad: pretende imponer su odio. Y quien justifica semejante devastación porque los autores enarbolan las banderas ideológicas que le resultan simpáticas no es un defensor de la justicia, sino un cómplice moral de la barbarie.

La extrema izquierda que alienta la confrontación, los agitadores que convierten cualquier conflicto en una oportunidad para incendiar las calles y quienes se suman a la destrucción como si el vandalismo fuera una credencial revolucionaria están demostrando hasta dónde puede llegar el desprecio por la democracia cuando se sustituye la razón por la violencia. El problema no es que existan ciudadanos descontentos; el problema es que haya quienes consideren legítimo imponer su voluntad mediante el terror callejero. Y el debate sobre la integración, la inmigración y las generaciones nacidas en Francia de familias procedentes de otros países no puede seguir clausurándose con una etiqueta despectiva contra quien se atreve a plantearlo. Francia tiene derecho a preguntarse por qué determinados barrios viven sometidos a tensiones recurrentes, por qué fracasan algunas políticas de integración, por qué hay ciudadanos que sienten que el Estado ha perdido el control de determinadas zonas y por qué las autoridades parecen tantas veces incapaces de garantizar la seguridad de quienes cumplen la ley. El origen familiar o la religión no explican por sí solos una conducta, pero tampoco puede prohibirse examinar los problemas de integración, el radicalismo religioso o la violencia política cuando existen hechos que merecen investigación. ¿Nadie se ha preguntado por qué siempre arden iglesias y nunca mezquitas? Lo intolerable es que el miedo a ser tachado de racista o xenófobo paralice cualquier diagnóstico, mientras los ciudadanos contemplan cómo se destruyen sus barrios. Hay que identificar a los responsables, investigar las redes que organizan los disturbios, perseguir a quienes los financian o alientan y aplicar la ley sin complejos. La democracia no puede convertirse en una estructura inerme que exige obediencia a los pacíficos mientras suplica moderación a los violentos. El Estado que no protege a sus ciudadanos, no recupera el espacio público y no castiga a quienes lo destruyen termina abandonando a los primeros y premiando, de hecho, a los segundos.

Porque esto ya no va únicamente de farolas rotas ni de escaparates reventados. Va de la capacidad de una civilización para defender el derecho a seguir existiendo sin pedir perdón por su propia identidad. Occidente no se construyó para rendirse ante la amenaza, ni sus libertades nacieron para convertirse en instrumentos de quienes pretenden liquidarlas. Una sociedad que no protege sus instituciones, que permite la destrucción sistemática de su patrimonio y que responde a la violencia con discursos vacíos de condena está cavando su propia tumba. No podemos seguir actuando como si cada incendio fuera un episodio aislado y cada ataque una desgracia imprevisible. Cuando la violencia se repite, cuando los mismos espacios urbanos sufren una degradación constante y cuando las autoridades se ven obligadas a reconstruir una y otra vez lo que otros destruyen, ha llegado la hora de abandonar la ingenuidad y exigir decisiones. Sí, estamos obligados a defendernos. Sí, la legítima defensa de una sociedad existe también en el terreno político, institucional y cultural. Pero la defensa legítima no es una invitación a la venganza ni a tomarse la justicia por la mano: es la obligación de recuperar las calles, proteger a los ciudadanos, garantizar la seguridad, perseguir a los violentos y restablecer la autoridad democrática allí donde haya sido desafiada. La ley tiene que dejar de parecer una recomendación para quienes la respetan y convertirse en una frontera infranqueable para quienes la pisotean. No podemos aceptar que el miedo se instale en la vida cotidiana, que el comerciante cierre antes por temor a un saqueo, que una familia evite determinadas calles o que una comunidad religiosa tenga que preguntarse si su templo estará en pie mañana. Una sociedad que renuncia a defenderse acaba entregando su futuro a quienes no sienten ningún escrúpulo en destruirlo.

Y que nadie en Andalucía se engañe pensando que todo esto sucede demasiado lejos como para concernirnos. La distancia geográfica no es un escudo y la confianza ciega en que aquí nunca ocurrirá nada no es una política de seguridad. Andalucía es tierra de iglesias, conventos, ermitas, imágenes sagradas, procesiones y hermandades; una tierra en la que la religiosidad popular no es un pasatiempo de temporada, sino una herencia que ha modelado barrios, familias, oficios, formas de entender la vida y una parte sustancial de nuestra identidad. En los años treinta del siglo pasado, templos, conventos y patrimonio religioso fueron objeto de incendios y destrucciones en distintos episodios de violencia anticlerical. No necesitamos que nadie nos explique lo que significa perder una imagen irreemplazable, ver arder un templo o contemplar cómo se intenta borrar, a golpe de fuego, siglos de historia compartida. Las cofradías saben que el patrimonio puede desaparecer en una noche y que la indiferencia de quienes deberían protegerlo puede ser tan dolorosa como la propia destrucción. Por eso no podemos esperar a que una iglesia sea atacada, a que una imagen termine hecha cenizas o a que una procesión se convierta en escenario de una agresión para descubrir que las amenazas deben tomarse en serio. Hay que proteger los templos, vigilar los espacios vulnerables, perseguir las amenazas, exigir a las autoridades planes efectivos y defender públicamente el derecho a vivir las tradiciones cristianas sin miedo. No vamos a entregar nuestras calles, nuestros templos ni nuestra memoria a quienes desprecian lo que representan. No vamos a aceptar que la cobardía se disfrace de prudencia ni que el silencio se venda como convivencia. Ha llegado el momento de comprender que una sociedad no puede sobrevivir si siente vergüenza de defender aquello que la constituye. En legítima defensa de nuestra libertad, de nuestra seguridad, de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Porque lo que no se defiende se pierde. Y cuando queramos reaccionar, quizá ya solo queden las cenizas.