La hermandad de la Paz, que se halla inmersa en pleno proceso electoral que deberá determinar la continuidad de Enrique Aguilar al frente de la cofradía cuatro años más, y la comunidad capuchina han suscrito el contrato de cesión del «espacio ocupado» por la sede social de la hermandad tras la remodelación que ha sufrido el inmueble. Una remodelación que ha sido financiada gracias a una operación financiera, que fue autorizada en el mencionado Cabildo extraordinario celebrado en el último tercio de 2017, con unas condiciones manifiestamente mejorables si la propiedad fuese otra ya que se va a formalizar sobre un inmueble del que no es titular la hermandad.
De ahí que en el Cabildo se aprobase también la suscripción de un contrato de cesión que la comunidad capuchina ha presentado a la hermandad – a iniciativa de la comunidad -, para adecuarse a la situación de otras cofradías cuya sede social se halla en el seno de un convento capuchino, que no es lo mismo que un contrato de propiedad, con todo lo que ello implica en el caso de que algún día alguien decida que ya no conviene que la hermandad siga utilizando como sede social una propiedad que no es suya. Un contrato que se ha suscrito este lunes.
Según se explicó en el Cabildo el contrato de cesión había de firmarse “sí o sí”. En caso contrario, bastaría con que los Capuchinos determinasen que necesitan utilizar el inmueble para que la hermandad debiera abandonar la que ha sido su casa en las últimas siete décadas. Según se afirmó en el mencionado Cabildo, el documento amplía en 220 metros cuadrados el objeto del contrato y regulariza la situación del cocherón desde donde salen los pasos de la cofradía. El horizonte temporal , siempre según lo mencionado y, por ende, aprobado en la Asamblea, secircunscribe exclusivamente por tres años prorrogables de manera expresa, no tácita.
El contrato establece, siempre según las manifestaciones de la Junta de Gobierno, que cualquier obra o intervención precisaría siempre la autorización de la comunidad capuchina. Para prever que los capuchinos decidieran no renovar el contrato, “se ha cifrado en 300.000 euros la inversión a realizar”, cifra que algún hermano consideró en el Cabildo escaso, aplicable en el supuesto de que se decantaran por romper la vinculación. En tal caso, se estipula una indemnización prorrateada en treinta años en función de los años que restasen para alcanzar ese horizonte. La propuesta de la Junta de Gobierno se formuló como “la única posible“. El contrato regula igualmente la forma en que los Titulares reciben culto en la Iglesia del Santo Ángel, si bien los términos no fueron explicados.
En caso de que los capuchinos determinen abandonar Córdoba, la hermandad debería emprender “un largo pleito” con el legítimo propietario del inmueble, el Marqués de la Almunia, cedente original a la comunidad capuchina. En el Cabildo en el que se aprobó la firma de este contrato, el hermano mayor de la cofradía, además de decir que “hasta ahora nunca ha sido intención de los capuchinos echar a nadie”, aseguró, no obstante al respecto, que el Marqués había dado su visto bueno a la cesión así como que “es hermano de la Paz”. Cabe destacar que la Junta de Gobierno descartó la presencia en la Asamblea del Ecónomo del Obispado en el Cabildo que dio su visto bueno a esta firma.
