La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha manifestado este lunes que «la política de demonización de los hosteleros sevillanos por parte del Gobierno de Antonio Muñoz es un grave error que indigna por igual a los profesionales del sector y a los clientes», haciéndose eco de las críticas del sector por los controles establecidos –y acordados– durante la Semana Santa en materia de veladores y cierre para evitar la venta y consumo de alcohol.
En una nota de prensa, Peláez ha apostillado que el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera (PSOE), «debe explicar con urgencia los motivos que le ha llevado a incumplir» los acuerdos alcanzados con la Asociación de Hostelería de Sevilla en los días previos a la Semana Santa, sobre todo en lo relativo a la retirada de veladores y al cierre de los establecimientos.
«Tras dos años de inactividad, la hostelería esperaba la Semana Santa para recuperar el aliento, pero no esperaba el acoso del Ayuntamiento de Sevilla y del delegado Cabrera, que ha incumplido los acuerdos mandando a la Policía Local a los establecimientos para retirar veladores antes de tiempo, cerrar locales y sancionar duramente el consumo en la calle», ha subrayado Peláez.
La portavoz municipal ha aseverado que «cualquiera que haya acudido a un establecimiento hostelero habrá comprobado la efectividad de la política de terror del señor Cabrera, con propietarios y camareros asustados a que cualquier cliente pudiera consumir en la calle, por los veladores y por las horas de cierre, actuando en ocasiones más como policías que como hosteleros».
«Mientras en los bares y restaurantes la presión policial por orden municipal ha sido constante y rigurosa, en determinadas calles del centro el botellón ha campado a sus anchas. Resulta difícil de explicar por qué el Ayuntamiento se ceba con los bares y hace la vista gorda ante la concentración masiva de personas bebiendo en esas calles hasta el amanecer», ha puntualizado. Cristina Peláez ha recordado que el Ayuntamiento «debe poner fin a la campaña de acoso y demonización» del sector hostelero, al que se le «ha restringido» –a su juicio– la actividad durante dos años como «supuestos responsables de la propagación de la pandemia».
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