La Junta de Gobierno de la Hermandad de Los Panaderos que hace tan solo un par de horas anunciaba que quedaban suspendidos, hasta nueva orden, tanto el Cabildo General de Salida como el de Cuentas y Presupuestos, ambos previstos a celebrar el próximo 18 de febrero del presente, acaba de notificar que dimite de sus cargos.
En el comunicado emitido al efecto la Junta de Gobierno recuerda que «en los últimos dos años, ha venido siendo injustamente maltratada, vejada, insultada y vilipendiada por un grupo de hermanos, que, sin razón justificada, se ha dedicado a que el desarrollo del día a día y de las actividades de esta Hermandad sean imposibles de llevar a cabo, con la intención confesada por alguno de ellos de provocar el nombramiento de una Gestora en el seno de la Hermandad».
«Desde el pasado 25 de octubre -prosigue la nota-, fecha del Cabildo General de Elecciones, la situación, si cabe, se ha recrudecido aún más. Intentando, en todo momento, mediante amenazas y otros métodos reprochables, sobre todo desde el punto de vista de una Hermandad Cristiana, sabotear todo lo que esta Junta de Gobierno haya realizado».
«Nunca hemos actuado de mala fe, porque lo que nos ha movido siempre para estar en esta Corporación ha sido y es la prestación de un servicio vocacional y devocional, lejos de objetivos espúreos o de cualquier otra índole», subraya el comunicado.
Los miembros de la Junta reconocen que han «sido privilegiados por estar día a día ante la presencia de Nuestro Señor y de su Bendita Madre, María Santísima de Regla, y somos conscientes de ello, al igual que es justo decir que nos hemos dejado la piel y la salud en el camino» y añade que «sois conocedores de que, tanto el Hermano Mayor como el Teniente de Hermano Mayor han sido insultados e injuriados públicamente, en la puerta de nuestra Capilla y en su domicilio particular respectivamente».
Además, enfatiza que «en ningún momento por parte del mencionado grupo de hermanos ha habido una palabra de ánimo o aliento al respecto, es más, algunos hasta se alegraron de los hechos, pero como cristianos, con una fe firme e inquebrantable, lo hemos soportado sin crear ningún tipo de polémica, en silencio». El comunicado subraya que «en todas las casas y en esta también, hemos intentado que nuestros hermanos y hermanas no se sintieran vulnerables ni expuestos a comentarios, cuanto menos, desagradables. Lamentamos no poder haberlo conseguido».
La nota desvela que «la última publicación en los medios de comunicación por parte de este grupo de hermanos del que ya hemos hablado, ha sido del día 15 de este mes, con respecto al Cabildo de Cuentas y Presupuestos previsto». Y añade que «todos somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y con esa máxima hemos actuado pero hay que reconocer que hemos llegado a un punto de no retorno, y aquí queremos hacer hincapié, porque ya no es posible soportar tanto odio, tanto rencor hacia nosotros, que, insistimos, nunca hemos actuado con intención de hacer daño, todo lo contrario», poniendo en valor que «nosotros también tenemos familia (hijos, padres, cónyuges,…) que sufren con las situaciones a las que nos hemos visto sometidos».
«Para mayor abundamiento -continúa el comunicado-, nos hemos sentido abandonados, solo nos confortaba el rezo a nuestros Sagrados Titulares, y a ellos nos hemos encomendado en cada paso y en cada acción». «Por ello, ante tanto desprecio y desprotección, sobre todo por parte de nuestro Guía Espiritual, causante, entre otras, de no haber podido celebrar un besamanos extraordinario sugerido por el Arzobispo con motivo del II Congreso de Hermandades y Piedad Popular, o de que nuestros pequeños no hayan podido disfrutar del Cartero Real en su propia Capilla y de tantas y tantas otras actividades que no nos ha autorizado, ha llegado el momento de dejar paso a otros, que, a buen seguro lo sabrán hacer mejor».
«De este modo, esta Junta de Gobierno ha presentado hoy ante las autoridades competentes, su dimisión, en pleno, firme e irrevocable, desde este mismo instante», explica la Junta de Gobierno. «Pedimos perdón, de todo corazón, por el daño que hayamos podido ocasionar y deseamos fervientemente que encontréis la paz espiritual que nosotros tanto hemos anhelado y se nos ha negado», concluye el comunicado.
Cabe recordar que hace unas horas, la cuenta oficial de El Llamador, el programa radiofónico cofrade de la radio televisión pública andaluza, Canal Sur, ha difundido un escrito firmado por un grupo de hermanos de la corporación hispalense, dirigido a Miguel Vázquez Lombo, delegado episcopal de asuntos jurídicos para las hermandades y cofradías del archidiócesis de Sevilla.
En el escrito, este grupo de hermanos acusa a la Junta de Gobierno de la Hermandad de vulnerar la regla 84.1 de las Reglas corporativas, motivo por el cual solicita, «habida cuenta (de) la trascendencia y repercusión de los hechos acaecidos para el funcionamiento ordinario de la corporación, la adopción de las medidas cautelares que resulten conducentes en aras del cese, inhabilitación y remoción inmediatos» de los responsables de este presunto incumplimiento, «constatada ostensiblemente la ausencia de idoneidad para el desempeño de las funciones inherentes del cargo».
En el citado escrito, este grupo de hermanos «ante la próxima e inminente celebración el día 18 de febrero de los corrientes del Cabildo General de cuentas, y, sin perjuicio de que en el momento procesal adecuado, se proceda a la impugnación del resultado de dicho cabildo si es el caso, ponemos en conocimiento de la Autoridad eclesiástica» una serie de hechos que considera inadecuados.
La nota explica que «revisadas las cuentas de la Hermandad, con carácter previo a la celebración del Cabildo, entendemos, que de forma absolutamente deliberada y premeditada se ha procedido a incluir una partida de gastos en las cuentas del ejercicio 2024, catalogable ésta como nula de pleno derecho, por transgredir de forma palmaria y manifiesta la Regla 84.1 mediante una interpretación torticera y arbitraria de lo normado constituyendo esto un auténtico fraude de Ley».
«Como es más que cognoscible -prosigue el escrito-, se comete un fraude de ley cuando se realiza un acto jurídico amparándose en el texto una norma de cobertura con la intención de alcanzar objetivos impropios de esa norma y, además, contrarios a la ley». Y añade que «en definitiva, se trata de camuflar o disfrazar una conducta como si fuera otra para burlar una norma», incidiendo en que «es una maniobra fraudulenta, que intenta demostrar una legalidad aparente, no pretendiendo cometer una infracción directa, lo que implicaría la nulidad radical del acto o negocio jurídico realizado».
El escrito desgrana que «la regla 84.1 prescribe textualmente: «Ninguna Junta de Gobierno podrá iniciar proyectos o contraer obligaciones cuyo presupuesto o cuantía supere el 5% del presupuesto de ingresos del año en curso, si no obtiene la previa autorización de un Cabildo General Extraordinario». En este sentido expone que «en la relación de cuentas, existe una partida de gastos por importe de 20.429,69 € que supera holgadamente con creces el 5% del presupuesto en curso ascendente a 209.000 euros», asegurando que «esta partida fue asignada para la restauración de los varales por la empresa/ autónomo Don José María Bernet Cabeza sin pasar por el Cabildo General Extraordinario obligatorio».
La misiva afirma que «advertida esta sorpresa, la razón que se esgrime desde Mayordomía y Secretaría es que no se trata de una única ejecución sino de tres intervenciones distintas de restauración acometidas por el mismo profesional, lo cual ha dado lugar a la emisión de tres facturas distintas, la número 240020 por importe de 6.809,88 € de fecha 11 de Abril de 2.024, la 240022 por importe de 6.809,88 € de fecha 11 de Abril de 2.024 y la 240053 por el mismo importe de 6.809,88 € pero de fecha 11 de octubre de 2.024». Y añade, «que los conceptos de dichas facturas son todas ellas restauración de los varales pero aducen que cada una de esas facturas son una restauración o intervención diferente sobre los varales, pero todos ellos necesarios».
La carta expone que «ante lo expuesto es indefectible la existencia de un fraude de Ley» toda vez que «se ha diseccionado, dividido el importe total en tres pagos, librados a la misma empresa y todos por restauración de los varales», indicando que «es indiferente que una intervención o restauración sea pintura, plata o labores propias de herrería; la cuestión es que los 20.429,69 € son en concepto de la restauración de los varales».
La carta ejemplifica «a título ilustrativo», que «ocurre exactamente igual cuando la AEAT prohíbe efectuar el pago en efectivo de más de 1.000 €, y los más «suspicaces» valiéndose de su argucia y picaresca abonan por un servicio de 2.500 €, en efectivo 1.000€ una vez, otros mil euros una segunda vez y finalmente, un tercer pago de 500€ por tercera vez. Esto, a la sazón, es un supuesto fáctico propiamente subsumible en un fraude de Ley, lo cual está prohibido y lleva aparejada su correspondiente sanción».
La carta afirma que «esta Junta de Gobierno, con el debido respeto y consideración, trata a los hermanos como ignorantes, como neófitos desconocedores de todo contraviene las normas en la constatación de que nunca pasa nada y de que, cómo ya está todo hecho, pues no se derivará consecuencia alguna» y concluye asegurando que «la Junta de Gobierno no sólo demuestra su parcialidad, la persistencia en la vulneración consciente de la Ley, sino también el desprecio absoluto por la democracia interna de la Hermandad, la claridad y la participación de los hermanos en el Cabildo General Extraordinario, que es soberano, y por ende el lugar donde debe manifestarse la voluntad de los mismos libremente expresada».
