La Sección Cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado las medidas cautelares presentadas por Abogados Cristianos que solicitaban la anulación del punto del Plan de Desescalada del gobierno relativo a la prohibición de realizar celebraciones religiosas en el exterior. En el auto, del que ha sido ponente el magistrado Rafael Toledano Cantero, los jueces del Supremo eluden pronunciarse sobre la celebración de otro tipo de eventos multitudinarios en el exterior, como conciertos al aire libre, que sí están permitidos desde la Fase 1 del plan de desescalada.
Un escrito en el que reconoce que las concentraciones suponen un riesgo para la salud lo que implica admitir la letalidad de las concentraciones del 8-M. En este sentido, la organización de juristas ya ha anunciado que recurrirá la decisión del Supremo de mantener la prohibición a las celebraciones religiosas en el exterior.
Sobre su decisión de mantener la prohibición a las celebraciones religiosas en el exterior, el alto tribunal lo justifica en base a que “de adoptarse la medida pretendida, quedarían sin regulación o prevención alguna una serie de situaciones, como son las de culto religioso en las vías públicas que originan concentraciones sociales, en las que los riesgos de contagio son sobradamente conocidos”.
Aseguran los magistrados que “la existencia de riesgos para la salud pública derivados de situaciones de contacto social es indudable, y la afectación que la medida cautelar de suspensión representaría para la población general, y para el interés público que se trata de proteger, es de una entidad muy relevante.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha criticado que “el Supremo consienta que se prohíban las procesiones centenarias del Corpus Christi mientras permite manifestaciones de todo tipo”. Recuerda además que “la libertad religiosa es un derecho fundamental”. E insiste en que “la prohibición de celebrar cultos religiosos en el exterior es algo totalmente arbitrario”. Afirma que “lo único que busca el gobierno con esta medida es continuar imponiendo su agenda laicista atacando directamente a los cristianos, a sus creencias y a sus costumbres”.
