El Valle recurrirá el decreto por sus cuentas, pide «amparo» al arzobispo de Sevilla y defiende que goza de «una economía absolutamente saneada, con unas cuentas transparentes» y auditadas por una entidad externa

La junta de gobierno de la Hermandad del Valle ha decidido recurrir el deacreto emitido por la Delegación Episcopal para Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, ordenando que los responsables de la entidad soliciten autorización a la institución eclesiástica para cualquier variación sobre el presupuesto aprobado y que los mismos rindan cuenta mensualmente de su gestión económica; tras informar el exhermano mayor Lucas Maireles de una supuesta desviación presupuestaria con relación al año 2021, como avanzaba Diario de Sevilla.

Ante dicho decreto, en el que se señala la «delicada situación» económica de la hermandad y las «continuas intervenciones» de la Delegación Episcopal por dicho escenario, así como que «no es la primera» desviación presupuestaria de la actual junta de gobierno, la misma avisa de que en el documento, «ningún hecho de relevancia se expone como motivación mínima en derecho aceptable, para la imposición de las obligaciones que resuelve».

«Antes, al contrario, en terminología más propia de otros estamentos, desde luego no los jurídicos, se evidencian otras cuestiones más que una efectiva desviación presupuestaria (no concretada) de entidad suficiente para la adopción de las medidas en las que concluye», indica la hermandad.

La entidad aclara respecto a la supuesta falta de comunicación al protectorado de las cuentas parciales a fecha de 31 de marzo, que «fueron presentadas la semana pasada» a la Archidiócesis, «con anterioridad de conocer la firma del decreto, una vez han podido formularse esas cuentas parciales», siendo elevadas las cuentas en tal fecha porque «los proveedores remiten las facturas por servicios y suministros a mes vencido» y porque por los preparativos de la estación de penitencia, «podrían producirse solapamiento de gastos incurridos por anticipo».

En cualquier caso, la hermandad defiende que no tiene «inconveniente alguno en remitir las cuentas mensualmente al protectorado canónico», asegurando que goza de «una economía absolutamente saneada, con unas cuentas transparentes con acceso público» vía web y «auditadas por una firma de auditoría externa» que audita además al propio Cabildo Catedral.

«Además de recurrir el decreto, la hermandad ha iniciado todas las vías pertinentes para que el buen nombre de la misma no quede en entredicho por una construcción artificial de una realidad inexistente y carente de toda lógica en derecho y en justicia», defiende la entidad, marcada por la sentencia que condena al que fuera mayordomo de la misma entre 2007 y 2015, por un delito de apropiación indebida respecto a «al menos» 134.000 euros de los fondos de la propia entidad.

En cualquier caso, la junta de gobierno de la hermandad ha resuelto solicitar audiencia al Arzobispo, José Ángel Saiz Meneses, «en solicitud de amparo ante esta situación creada de la nada».