El cofrade Guillermo Baena, quien fuese candidato a hermano mayor de la Hermandad de Monte-Sión y actualmente expulsado de la hermandad, ha comparecido en el programa de la Cadena Ser “Cruz de Guía” para explicar la situación en la que se halla tras lo sucedido el pasado año. Cabe recordar que el pasado mes de julio se desvelaba la noticia de que el abogado Guillermo Baena había sido expulsado de la Hermandad de Monte-Sión tras haber interpuesto dos denuncias por la justicia civil a la corporación de Jueves Santo. El motivo de éstas derivaba de las presuntas irregularidades en el censo y su tratamiento en las pasadas elecciones ante el “uso indebido y manipulación” del mismo.
Las supuestas anomalías en las elecciones derivaron en la retirada de su candidatura a hermano mayor poco antes de la celebración de los comicios, originando un largo conflicto en el que Palacio no ha querido intervenir de forma directa. Fue por ello que Baena acudió al amparo de la justicia civil. La Hermandad informó la pasada semana en cabildo a todos los hermanos de las acciones legales a aplicar. De este modo, a finales de la misma, Guillermo Baena recibía la comunicación de la expulsión, ratificada por el delegado de asuntos jurídicos, Manuel Vázquez Lombo, y según el afectado, “sin serle notificada previamente incoación del expediente sancionador, nombramiento de instructor o plazo de alegaciones”, según las fuentes. Desde el seno de la corporación de la calle Feria se afirmaba que habían seguido la recomendación de Palacio.
En el programa que dirige y presenta Paco García, al ser cuestionado sobre lo que ha hecho para que le expulsen de Montesión, Baena ha afirmado que lo que ha hecho y ha provocado lo que ha provocado su expulsión “es haber puesto en evidencia al delegado diocesano de Asuntos Jurídicos de la Archidiócesis de Sevilla, Miguel Vázquez Lombo y al actual hermano mayor de Monte-Sion, Manuel Soto, a resultas de los hechos mencionados tanto el delegado de asuntos jurídicos del arzobispado como el propio hermano mayor, y haber acudido a la jurisdicción ordinaria”, lo que en su opinión “ha hecho estallar por los aires el esquema con el que se venían resolviendo este tipo de asuntos en el seno de la archidiócesis de Sevilla”.
Baena ha afirmado que formalmente lo que ha determinado su expulsión es “disponer de un censo de la Hermandad”, subrayando que en la actualidad “se está dirimiendo en sede judicial si procede la expulsión” que, en opinión del afectado, “conculca lo establecido en la Ley Orgánica del Derecho de Asociación”, y exponiendo que “se demostrará que dicha imputación, además de ser rigurosamente falsa, propiciará que se ejerciten las acciones legales contra quienes sostienen la acusación”.
Baena ha explicado que lo que ocurrió en junio de 2017 es que, “en su condición de jurista”, estimó que la convocatoria de elecciones era nula de pleno derecho porque se omitía uno de los tres requisitos que las reglas corporativas establecen para formar parte del Cabildo, en concreto el requisito que establece “estar al corriente del pago de las cuotas hasta el mismo mes inclusive de celebración del Cabildo”. Guillermo Baena ha afirmado que este último requisito no se contemplaba en la convocatoria algo que constató y traslado a la delegación de asuntos jurídicos, que personalmente indicó, siempre en palabras del entrevistado, que “no constaba refrendo por parte de Palacio de la modificación de las reglas que incluye el mencionado precepto”, 16 años después de su inclusión, subrayando que “el hermano mayor reconoció que no constaba en la Hermandad refrendo de esta modificación por parte de la autoridad eclesiástica”.
Baena ha reiterado que su expulsión obedece a “haber puesto en evidencia a ambos protagonistas” en la medida en que, según afirma, “el responsable de asuntos jurídicos le aseguro que no iba a suspender las elecciones por esta causa, ya que no constaba dicha ratificación, y posteriormente, siempre según afirma el propio Baena se comprobó que sí existía dicha ratificación desde el año 2001, ocurriendo además que la propia Hermandad de Montesión publicó en el Boletín de octubre de 2001 la ratificación y la modificación de reglas, dándose la circunstancia que el secretario primero, en dicho momento, era el actual hermano mayor Manuel Soto”.
Por ello ha repetido Baena que la puesta en evidencia de ambos protagonistas es lo que en último término determinó su expulsión. No conviene olvidar que las circunstancias terminaron evidenciando que Baena tenía razón, ya que se suspendieron las elecciones. Meses más tarde, en diciembre de 2017, Baena continuó alertando, en el segundo proceso convocado, de una serie de irregularidades, no solo en el censo sino también en la vida de la Hermandad. El entrevistado ha afirmado que algunos hermanos, que gozan de toda la credibilidad para Baena, le trasladaron una serie de hechos de una gravedad enorme, como “robos de enseres y de joyas de la Virgen del Rosario”, parte de los cuales “han sido reproducidos”, algo que según Baena, “no se ha denunciado a la policía y se ha ocultado a la nómina de hermanos”.
Además, se le transmite que “hubo una apropiación indebida, aunque luego se reembolso el importe, pero no existe reflejo contable alguno en las cuentas de la Hermandad, ni del presunto desfalco ni del reembolso”. Según Baena se trata de hermanos antiguos muy cercanos a la Junta de Gobierno. El entrevistado ha afirmado que fue su equipo “quien puso en conocimiento de la brigada de antigüedades y joyas de la policía lo ocurrido, tras lo cual la policía realizó el correspondiente atestado”. Procedimiento que no llegó a resultado alguno porque, según Baena, “los hechos ya habían prescrito, desde el punto de vista penal”.
Adicionalmente, Baena ha subrayado las irregularidades detectadas en el censo, que fueron puestas de manifiesto por él al hermano mayor en una cena que tuvo lugar en presencia del director espiritual de la cofradía, irregularidades que, según Baena, “fueron reconocidas, pero ante las que no se les dio solución alguna”. El afectado ha afirmado que “al trasladar los hechos a la delegación de asuntos jurídicos se le precisó que hiciera llegar un escrito explicando la circunstancias que afectaban al censo, al tiempo que se le pidió que “los presuntos robos y el supuesto desfalco no los hiciera públicos porque podía provocar un daño a la Hermandad”, un ruego que fue atendido por Baena, por lo que su reclamación se circunscribió exclusivamente al asunto del censo.
El escrito, que fue elevado el 23 de noviembre, es el que, en opinión de Baena, motivó su expulsión ya que de los datos que se incluyen en el escrito se infiere que disponía de un censo. “Si yo hubiera tenido un censo me voy al juzgado de guardia”, ha garantizado Baena que ha subrayado que las irregularidades obedecían a que en el censo había personas que no deberían figurar en él, de acuerdo con lo que establecen las reglas de Monte-Sión, por no estar al día de sus cuotas, por no disponer de la documentación necesaria para ser miembro de la hermandad. Baena ha afirmado que en sede canónica “se han constatado estas irregularidades y que existe un informe del Vicario que recoge parte de las mismas”.
Como es de sobra conocido, Baena retiró su candidatura horas antes de celebrarse el Cabildo ya que, en su condición de jurista, “no podía participar en un proceso que entendía nulo de pleno derecho”. A raíz de aquella decisión “se desencadenó una batalla legal sin precedentes que ha descolocado a la autoridad eclesiástica y que ha desembocado en mi expulsión”. Cabe recordar que Baena impugnó el proceso electoral en sede canónica. Tras ello concurrió su expulsión que también fue impugnada por Baena. Paralelamente, el afectado, al entender que se había visto vulnerados sus derechos fundamentales, acudiendo a la vía civil.
Según ha explicado el afectado, actualmente la impugnación de las elecciones en sede canónica está recurrida ante la curia romana en el Vaticano, porque la impugnación fue desestimada por el delegado, en primera instancia, posteriormente por el vicario general y finalmente por el arzobispo. En la desestimación, pese al informe referido, en el que según Baena se reconocen algunas de las irregularidades, se dice que en ningún caso hay ningún tipo de irregularidad en el censo. Respecto a la vía civil, el juez, que según subraya Baena, no quiso admitir ninguna prueba, desestimó la demanda al entender que el demandante -Baena- no vio lesionados sus derechos en la medida en que podía ejercer su derecho al voto, algo que también está recurrido en la Audiencia Provincial de Sevilla.
En relación con la expulsión, que se realiza por parte de la junta de gobierno de la hermandad si bien el hermano mayor siempre afirmó que había seguido las indicaciones del arzobispado, la impugnación ha sido desestimada por la vía eclesiástica y está recurrida ante el arzobispo. Sea como fuera, “que se me imputen unos hechos como los que se me imputan, sin pruebas, y se justifique una expulsión y tenga que estar expuesto a lo que digan unos y otros sin posibilidad de defensa, provoca un daño que no ofrece dudas”, ha concluído Baena que ha terminado asegurando que “de la vía eclesiástica espera poco; ora cosa será lo que se dirima en sede judicial”.