La nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la comunista enchufada a dedo por Pablo Iglesias, Ione Belarra, ha aprovechado la defensa del proyecto de ley orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia ante la violencia, para perpetrar un miserable y mentiroso ataque a la Iglesia católica de la que ha asegurado «que ha sido cómplice demasiadas veces con la violencia sexual hacia los niños».
«Es una verdad incómoda pero hay que decir que la Iglesia católica ha sido cómplice demasiadas veces en este país encubriendo la violencia sexual hacia los niños, y esto tiene que terminar», ha subrayado Belarra este jueves 15 de abril durante el debate de la ley de protección a la infancia en el Pleno del Congreso de los Diputados, en la que es su primera intervención en la Cámara Baja como ministra, demostrando sus odios más íntimos, coincidentes con los de buena parte de los miembros, votantes y simpatizantes del partido radical de extrema izquierda Podemos, lo peor que le ha pasado la democracia española, con permiso de Zapatero. La comunista ha justificado su repugnante acusación con historias como la de Emiliano, «que con 10 años sufrió agresiones sexuales de un sacerdote en el seminario donde estudiaba interno».
La referencia de Belarra a la Iglesia católica ha levantado revuelo en la bancada ‘popular’ y la presidenta del Congreso ha tenido que pedir «silencio» y ha llamado la atención a las diputadas del PP Margarita Prohens, Macarena Montesinos de Miguel y María Teresa Angulo. Un ataque furibundo que ha sido jaleado, como no podía ser de otro modo, por el dueño del partido.
Aunque al PP y a sus aliados ultras les moleste, hay que decir la verdad. Hacemos una ley para proteger a los niños y niñas también de la violencia y abusos que han padecido a manos de repugnantes jerarcas eclesiásticos a los que, demasiadas veces, la Iglesia Católica protegió pic.twitter.com/hMxKcuYh7B
— Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) April 15, 2021
Tras su nauseabundo ataque Belarra, cuyo partido rechazó investigar los abusos a menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), ignorando la petición del Parlamento Europeo, que pidió explicaciones al Ejecutivo autonómico y al Gobierno de Pedro Sánchez, ha afirmado, en un ejercicio de cinismo que en el año 2019, el 46,2% de las víctimas de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual fueron menores de edad (7.250 víctimas identificadas, según fuentes del Ministerio del Interior; y en 2017 se registraron 4.875 denuncias de violencia contra menores en el ámbito familiar aunque las alertas por sospechas superaron las 16.700 notificaciones.
Por ello, la ministra ha subrayado la importancia de que la nueva ley amplíe hasta los 35 años el momento a partir del cual empezará a contar el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores; y de que mejore el sistema judicial para evitar la revictimización, mediante formación específica y especializaciones en las carreras judiciales y fiscales.
Finalmente, ha dicho que una sociedad democrática «no puede tolerar ni activa, ni pasivamente la violencia hacia los niños y las niñas en cualquiera de sus formas: ni física, ni sexual, ni verbal, ni psicológica, pero tampoco institucional»; ni consentir «ningún tipo de explotación, acoso, amenaza, perjuicio, descuido o negligencia». Algo que en Baleares no le ha importado en absoluto al partido que tiende a la extinción al que Belarra pertenece.
