La Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista reintegra 41.649 euros tras el presunto desvío de alimentos y el cierre de su comedor social

El Ayuntamiento exigió la devolución de la subvención no justificada tras la solicitud de información de Facua, mientras la Fiscalía archivó la investigación pese a apreciar indicios de delito

La Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista ha reintegrado 41.649,42 euros al Ayuntamiento de Sevilla como consecuencia de las supuestas irregularidades detectadas en la gestión del comedor social que venía impulsando y que fue cerrado en 2023. Esta devolución de fondos públicos, concedidos a través de una subvención para el mantenimiento del centro asistencial, se ha producido después de que Facua-Consumidores en Acción solicitara formalmente explicaciones, según la información publicada por Diario de Sevilla.

El caso tiene su origen en un presunto desvío de alimentos donados por el Banco de Alimentos, que, en lugar de ser distribuidos entre los beneficiarios del comedor, habrían acabado en una frutería del barrio del Cerro del Águila, presuntamente vinculada a un familiar de un miembro de la junta de gobierno de la hermandad. Aunque estos hechos fueron objeto de una investigación abierta por la Fiscalía Provincial de Sevilla, finalmente esta fue archivada, a pesar de que el propio Ministerio Público calificó lo ocurrido de «social y éticamente deplorable» y hasta presuntamente «delictivo».

Presunto uso indebido de la subvención municipal

El comedor social de Bellavista fue beneficiario de una ayuda pública de 137.186,98 euros para los ejercicios 2023 y 2024. Sin embargo, tras el cierre del centro y las sospechas sobre el uso indebido de parte de los recursos, la Hermandad presentó un escrito el 21 de marzo de 2024 renunciando al 50% correspondiente al segundo ejercicio. Según los documentos obtenidos por este medio a través del portal de transparencia, la parte efectivamente no ejecutada en 2023 ascendía a 38.334,23 euros, a los que se añadieron 3.315,19 euros en intereses de demora, generando la obligación de reintegrar 41.649,42 euros.

Siempre según Diario de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla no inició los trámites de reclamación hasta que Rubén Sánchez, secretario general de Facua, solicitó formalmente información sobre el destino de los fondos públicos. El 9 de abril de 2024, la Dirección General de Barrios y Servicios Sociales accedió a facilitar la documentación, en la que constaba que, aunque el hermano mayor, Diego Manuel Romero Moreno, había manifestado su voluntad de devolver el dinero desde diciembre de 2023, más de 15 meses después del cierre del comedor, el Ayuntamiento no había exigido el reintegro.

Presuntas anomalías administrativas e intervención municipal

La gestión del proyecto ya había suscitado alertas internas. El 11 de septiembre de 2023, la interventora municipal comunicó a los Servicios Sociales la existencia de presuntas “anomalías” en el uso de la subvención, lo que motivó un requerimiento de subsanación a la Hermandad. Esta respondió el 1 de febrero de 2024, presentando documentación complementaria y justificantes de transferencias bancarias relacionadas con el pago del personal del comedor.

El procedimiento se aceleró tras la solicitud de Facua. El 7 de abril, la hermandad presentó un nuevo escrito para intentar subsanar las carencias documentales. Sin embargo, los técnicos municipales concluyeron que las facturas presentadas no eran admisibles, por no detallar con precisión los productos adquiridos. El viceinterventor municipal recomendó abrir expediente de reintegro, lo que derivó en la propuesta oficial cursada por el teniente de alcalde José Luis García Martín, y aprobada en junta de gobierno el 30 de abril.

Indicios de delito en la presunta apropiación de alimentos

En paralelo, la investigación penal iniciada en junio de 2023 tras la denuncia de un abogado que representaba a personas perjudicadas por el cierre del comedor no llegó a prosperar. La Fiscalía de Sevilla reconoció la existencia de un comportamiento presuntamente delictivo, consistente en apropiarse de alimentos destinados a personas necesitadas, pero estimó que la cuantía afectada era insuficiente para sostener una acusación penal, y archivó el caso.

El Ministerio Público recogía en su resolución que parte de los productos recogidos por la Hermandad eran supuestamente transportados en dos furgonetas: una se dirigía al comedor, y la otra —al parecer, propiedad del ex hermano mayor y actual diputado de Caridad, Diego Centella— presuntamente a una tienda gestionada por el tío del entonces teniente de hermano mayor, Diego Romero. Se señaló que los productos en mejor estado acababan presuntamente en la frutería, mientras que los deteriorados eran distribuidos en el comedor.

El informe pericial sobre el que se apoyaba la denuncia -añade Diario de Sevilla– apuntaba que la práctica investigada no se limitó a tres días —como sostiene la Fiscalía— sino que se prolongó presuntamente durante más de un año, desde inicios de 2022. Algunas actas de inspección aportadas por el Ayuntamiento se referían únicamente a la aptitud para el consumo de los productos, no al destino final de los mismos.

Reacciones y dudas sobre la transparencia

Este episodio ha puesto de relieve la falta de control en la ejecución de determinadas subvenciones municipales y ha proyectado una sombra sobre la gestión de recursos públicos por parte de entidades privadas con fines asistenciales. La reacción tardía de la Administración, unida al archivo judicial de una causa en la que la Fiscalía reconocía indicios de presunto delito, ha provocado una fuerte inquietud entre colectivos sociales y ciudadanos que entienden que el reintegro de los fondos por parte de la Hermandad del Dulce Nombre no clausura del todo el debate ético, administrativo y político que se ha abierto en torno a este caso y afirman que a pesar de la ausencia de consecuencias penales, subsiste la sospecha sobre presuntas prácticas presuntamente irregulares que afectan a un ámbito tan delicado como la atención a las personas vulnerables.