Comienza a hacerse notar la mano del “cambio regresivo pre-transición” en el Partido Socialista tras la victoria incontestable de Pedro Sánchez del pasado domingo y la consiguiente deriva hacia la extrema izquierda propugnada por el máximo dirigente. Y comienza a hacerlo también en la micropolítica. En este caso ha sido en Sevilla donde el Ayuntamiento anunció este martes que se dirigirá al Arzobispado y a la Macarena “para pedir”, otras vez, la retirada de los restos de Queipo de Llano. Así lo confirmó Adela Castaño Diéguez, portavoz del Partido Socialista en el pleno en el que informó de que se ha vuelto a solicitar la exhumación de los restos mortales de Gonzalo Queipo de Llano, que se encuentran en la Basílica Macarena, junto a los restos de su esposa para hacer cumplir “la ley de memoria histórica de España y de Andalucía”. Castaño ha precisado que si tras “un tiempo prudencial” y si no hay respuesta “se seguirá trabajando para el cumplimiento de la ley de memoria histórica”. Es decir, se intentará la claudicación de Arzobispado y Hermandad y en caso contrario se les obligará por otras vías.
Hace tan sólo unos días, el grupo municipal de Izquierda Unida exigió a Juan Espadas que actuase definitivamente para sacar de la basílica de la Macarena los restos de Queipo de Llano, «un genocida fascista enterrado con honores en un templo». Después de casi dos años de mandato socialista y un acuerdo plenario que, en julio pasado, mostraba su «rechazo más absoluto a que el militar golpista” continúe descansando allí, IU manifestó entonces que había que “terminar con esta indignidad» ya que “ordenó fusilar a cientos de ciudadanos junto a la muralla de la Macarena” y “ que los restos de este militar golpista continúen enterrados en la Basílica de la Macarena constituye una clara ofensa para los familiares de las víctimas del franquismo y para el conjunto de los y las demócratas» al tiempo que «un insulto intolerable para las víctimas del franquismo y una ofensa absoluta para los demócratas», «para vergüenza y oprobio de nuestra ciudad». La federación de izquierda ya anunció que llevará el asunto al pleno municipal. Ha quedado claro que su exigencia ha sido recogida con agrado por este nuevo PSOE.
Cabe recordar que el año pasado ya se votó una moción al respecto en la que PSOE, IU y Participa votaron a favor, C’s se abstuvo y el PP votó en contra, y sobre todo que el pasado 15 de noviembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla no admitió la demanda dirigida contra el Arzobispado de Sevilla en relación con la retirada de los restos del general Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena al considerar que no era competencia de un juzgado de lo Contencioso Administrativo. La demanda fue interpuesta en abril de 2015 por el abogado especializado en Derechos Humanos Eduardo Ranz, tras el silencio del Arzobispado a la demanda de que se retirase “la simbología de la Guerra Civil”, así como la salida del cuerpo del general, que reposa en el interior de la Basílica, al considerar el abogado que esa actitud va en contra de la Ley de Memoria Histórica. En esta demanda se reclamaba que el juzgado obligara al Arzobispado de Sevilla a la «retirada inmediata de escudos, insignias, placas, derechos y honores, u otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura». Por su parte, el juzgado mantuvo entonces que las pretensiones del abogado demandante no eran viables en esta jurisdicción porque los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo se encargan de la actuación de las administraciones públicas sujetas al Derecho Administrativo ya que la Iglesia no es parte de la Administración Pública.
Así las cosas, además de declarar su incompetencia para abordar la demanda, mantuvo que el orden jurisdiccional competente es el civil y emplaza al abogado a que en el plazo de un mes se persone ante el orden jurisdiccional civil presentando la correspondiente demanda, ya que, de no hacerlo «se entenderá caducado su derecho», señalaba el auto y contra el que cabía recurso de apelación. El juez de este caso, incidió en su resolución que el Arzobispado de Sevilla, como parte de la Iglesia Católica, es una personalidad jurídica propia, fuera de la jurisdicción en este tipo de demandas administrativas, añadiendo que el caso va en contra del artículo 16.3 de la Constitución, en el que se trata la laicidad del estado. El auto del juez remarcó que el «Estado español configura un sistema de aconfesionalidad o laicidad positiva, al consagrar la separación y neutralidad respecto a todas las confesiones religiosas». Lo que supone que los poderes públicos no debe crear confusión dentro de una institución como la Iglesia. Además el propio juzgado mostró su extrañeza de la interposición de la demanda dado que el Arzobispado de Sevilla, así como cualquier otro del país, no son jurisdicción de la Administración Pública. Sea como fuera, no parece que la opinión de la justicia sirva para determinado espectro social empeñado en que las cosas se adecuen a sus intereses aunque para ello haya que pasar por encima de la justicia. De momento la extrema izquierda vuelve a la carga. Veremos si la Macarena y el Arzobispado vuelven a aguantar esta nueva andanada, en defensa de su independencia.