La gestión de la Mezquita-Catedral de Córdoba, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 1984, ha vuelto a situarse en el centro del debate cultural y político tras la reunión mantenida entre el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y los representantes de la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todxs. El encuentro, celebrado el pasado 8 de octubre en la sede del Ministerio de Cultura, tuvo por objeto examinar la situación administrativa y patrimonial del conjunto monumental y valorar nuevas fórmulas de gestión que garanticen una mayor participación institucional.
Un encuentro orientado a la cooperación institucional
La delegación ciudadana, integrada por su portavoz, Miguel Santiago, y el arquitecto Emilio García, expuso ante el titular de Cultura las principales líneas de su propuesta, que pasa por el estudio de “fórmulas de administración compartida de la joya andalusí”. Por parte del Ministerio, además de Urtasun, asistió Carmen Cabrera, adjunta a la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, quien recogió las consideraciones técnicas de los comparecientes.
En un comunicado posterior, la plataforma precisó que el ministro “escuchó atentamente las valoraciones” del colectivo, que mantiene desde hace más de una década la reivindicación de la titularidad pública del monumento. Su propuesta plantea la creación de una entidad profesional y autónoma que asuma las competencias de gestión cultural, con la participación de las administraciones públicas y de expertos en patrimonio, lo que permitiría —según la organización— una administración «más abierta, plural y transparente».
Los planes de gestión y dirección, en fase final
Durante la reunión se abordaron los avances de dos instrumentos normativos fundamentales: el Plan Director y el Plan de Gestión del monumento. Ambos documentos, exigidos por la Unesco para los bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial, se hallan en la recta final de su aprobación definitiva. La plataforma subrayó ante el ministro la importancia de que dichos planes integren una estructura de gobernanza participativa que asegure la correcta conservación y divulgación del bien.
El incendio del 8 de agosto y la respuesta institucional
El ministro mostró especial interés en conocer la valoración del colectivo sobre el incendio ocurrido el pasado 8 de agosto, que afectó a dos capillas situadas en la zona de ampliación atribuida a Almanzor. Los portavoces de la plataforma elogiaron la “profesional labor de los bomberos, que lograron sofocar el siniestro en pocas horas, y la rápida respuesta del equipo de restauración”, si bien calificaron de “graves fallos de previsión por parte del Cabildo Catedral” la decisión de mantener en ese espacio materiales combustibles.
Según expusieron, el Cabildo utilizaba el recinto contiguo a las capillas como “almacén de productos de limpieza y acopio de cientos de sillas de madera”, un uso que, en palabras del arquitecto conservador Gabriel Ruiz Cabrero, facilitó la propagación de las llamas debido a “la enorme cortina que oculta el almacén”.
La plataforma recordó además que “el propio Icomos, la organización asesora de la Unesco, admitió haber advertido previamente al Cabildo sobre la conveniencia de trasladar todo ese material de limpieza, incluida la barredora eléctrica que provocó el siniestro, a un edificio cercano a la Mezquita-Catedral, para evitar precisamente el riesgo de incendio. El Cabildo solo se comprometió a hacerlo días después del grave incidente”.
Una gestión autónoma y desvinculada del control eclesiástico
El colectivo precisó ante el ministro que su iniciativa “en ningún momento ha cuestionado el uso católico del monumento”, aunque defiende “la urgencia de separar la gestión patrimonial y divulgativa del edificio para ponerla en manos de un órgano autónomo y profesional, que evite la permanente desnaturalización y tergiversación de su significado cultural por parte de los canónigos”.
Los representantes de la plataforma recordaron que, tras la declaración de Monumento Nacional en 1882, la supervisión patrimonial dependía directamente del Estado, que designaba un arquitecto conservador específico. Sin embargo, tras el traspaso de competencias a las comunidades autónomas en la década de 1980, el Estado “perdió el control del conjunto monumental y ahora es la Iglesia la que lo gestiona de forma exclusiva y excluyente, con consecuencias lesivas para el edificio”.
Continuidad del diálogo con el Ministerio
La reunión de octubre constituye la segunda interlocución formal entre la Plataforma y el Ministerio de Cultura en el último año. En septiembre de 2024, el propio Urtasun había recibido a los portavoces del colectivo para “examinar la controvertida gestión del Conjunto Monumental Mezquita Catedral”, encuentro que sentó las bases de una relación de cooperación técnica entre ambas partes.
En palabras del comunicado final de la Plataforma, la intención última de este proceso es avanzar hacia un modelo de “administración profesional y autónoma, que permita una gestión más abierta y plural, con intervención de las administraciones públicas y otros actores del ámbito cultural”, con el propósito de preservar la integridad patrimonial y la significación universal de uno de los monumentos más representativos del legado andalusí.
