La Hermandad de San Gonzalo ha fijado definitivamente el 21 de diciembre de 2025 como fecha para la celebración del Cabildo General de Elecciones, tras ser aprobado en un Cabildo Extraordinario de Oficiales celebrado el 17 de noviembre de 2025. La decisión llega después de un prolongado periodo de supervisión canónica y de semanas de intensa actividad jurídica que han marcado el rumbo de la corporación del Barrio León.
Un acuerdo adoptado en medio de un proceso bajo revisión
La convocatoria se formaliza después de que, el pasado 13 de noviembre, la Hermandad recibiera comunicación del Arzobispado de Sevilla barajando la posibilidad de autorizar elecciones el 30 de noviembre, condicionadas a que ambas candidaturas corrigieran los defectos detectados en la documentación, especialmente en varias partidas de bautismo. Esa opción —finalmente descartada— habría supuesto la anulación del voto por correo y un previsible retraso del calendario electoral. No obstante, y a la espera de la ratificación definitiva de la Delegación Jurídica de la Archidiócesis, la Hermandad ha decidido reorganizar el proceso y fijar una nueva fecha, ya firme: 21 de diciembre.
Una suspensión que reconfiguró todo el calendario
El complejo escenario comenzó el 20 de octubre, cuando la corporación anunció la suspensión del cabildo electoral previsto para el día 26. La causa estuvo en una impugnación presentada ante la Delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos, que señalaba irregularidades en el procedimiento del voto por correo. Entre ellas destacaban una errata en la fecha enviada a los hermanos —donde se indicó por error el año 2026 en vez de 2025— y el escaso margen temporal con el que la documentación fue remitida, apenas dos semanas antes de la votación, vulnerando el plazo mínimo de un mes fijado por las Normas Diocesanas.
La posición de la Junta de Gobierno
A esta situación se sumó el Cabildo Extraordinario de Oficiales celebrado el 29 de octubre, en el que la Junta de Gobierno defendió la validez del proceso inicialmente convocado y rechazó conceder plazo de subsanación a la candidatura declarada inválida. La decisión, elevada al Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos, se fundamentó en el artículo 32.4 de las Normas Diocesanas, afirmando que “no procede otorgar plazo de subsanación a la candidatura declarada inválida”, en estricto cumplimiento de la normativa.
Además, la Junta subrayó que la candidatura considerada válida aportó su documentación “en los términos establecidos por la normativa y los protocolos diocesanos”, sin defecto formal alguno. El órgano de gobierno defendió también que permitir la subsanación en ese punto habría supuesto “contradecir resoluciones firmes (Protocolo 3745/25) y generar un precedente de inseguridad jurídica y parcialidad, afectando a la legitimidad del proceso electoral y al principio de equidad canónica (cáns. 19 y 221 §2 CIC)”.
Dos candidaturas, un escenario de máxima supervisión
El proceso enfrenta a dos listas: la encabezada por Gonzalo Pérez Oliver, que recibió el aval del Arzobispado el 24 de septiembre, y la liderada por Juan Ogazón Montes, mayordomo primero, cuya candidatura quedó pendiente de subsanar varios defectos de forma. La intervención del Arzobispado ha buscado recuperar la igualdad de condiciones entre ambas opciones, condicionando la aceptación definitiva de las dos listas a la corrección de la documentación observada.
Una nueva fecha para cerrar la incertidumbre
Aunque inicialmente se barajó el 30 de noviembre como posible día para retomar las votaciones, la Hermandad ha decidido finalmente establecer una convocatoria propia y definitiva para el 21 de diciembre, fecha que permitirá recomponer los plazos, asegurar la correcta tramitación administrativa y restablecer la estabilidad interna tras semanas de tensiones. Este nuevo horizonte coloca a la corporación ante el tramo final de uno de sus episodios electorales más complejos y fiscalizados de los últimos años.
Un proceso sometido al rigor eclesiástico
Durante todo este periodo, la Hermandad ha reiterado su compromiso con la transparencia, el cumplimiento estricto del Derecho Canónico y la supervisión de las instancias eclesiásticas competentes. La cita del 21 de diciembre se perfila ahora como el momento decisivo para normalizar la vida corporativa y poner fin a una etapa marcada por impugnaciones, rectificaciones y un estrecho control jurídico. San Gonzalo encara así la recta final de un proceso electoral que, tras meses de incertidumbre, recupera su cauce bajo las garantías pastorales y jurídicas exigidas por la Archidiócesis de Sevilla.
