La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha suspendido hasta las 11 horas del jueves de esta semana el juicio cuyo comienzo estaba fijado para este martes contra Antonio Manuel C.L, quien fuera mayordomo de la Hermandad del Valle, por la presunta apropiación indebida de unos 176.000 euros de la entidad, toda vez que durante la mañana las partes habrían intentado alcanzar un acuerdo para zanjar el caso mediante una conformidad.
Cabe apuntar que el Ministerio Fiscal solicita para el encausado una pena de tres años y seis meses de prisión y una multa de 1.800 euros por un delito continuado de apropiación indebida. Asimismo, solicita que indemnice a la hermandad con la cantidad que pericialmente se estima desfalcada, unos 175.000 euros, y que abone las costas procesales.
En su escrito de acusación la Fiscalía expone que el acusado estuvo ejerciendo en la Hermandad del Valle el cargo de clavero –auxiliar de mayordomo– hasta junio de 2007, fecha en la que en Junta de Gobierno se le nombró mayordomo hasta junio de 2015.
LAS FUNCIONES DEL MAYORDOMO
Así, tal y como expone el Ministerio Público en su relato de los hechos, entre las funciones de Antonio Manuel se encontraban las de administración y gestión de bienes de la hermandad, la vigilancia y control de todos los gastos con cargo a los fondos de la Archicofradía, firmar y vigilar los contratos realizados, recaudar el cobro de los recibos de las cuotas, así como informar trimestralmente de todas las cuentas al Cabildo de oficiales y rendir cuentas anualmente.
La Fiscalía añade que el acusado accedió a ser mayordomo porque tanto el que fue hermano mayor de 2003 a 2011 como otro hermano «le iban a ayudar en su tarea», si bien estas personas «se limitaban a llevar en el programa Excel la contabilidad con los datos que le facilitaba el procesado», quien tenía acceso mediante clave a la cuenta bancaria de la hermandad.
Continuando su exposición de los hechos, el Ministerio Fiscal indica que hasta 2011, se contrastaban los movimientos y saldos bancarios cono los que Antonio Manuel reflejaba para entregarlos en los cabildos anuales de cuenta. «Ello no obstante, era imposible el control del dinero que en efectivo metálico recibía el acusado y debía ingresar en la caja de la Hermandad, pues nadie de la Junta o Cabildo hacía recuento de ello», por lo que «parte de este dinero pasó a formar parte del peculio personal de acusado», continúa la Fiscalía.null
CHEQUES AL PORTADOR
Así, el Ministerio Público apunta que a partir del cese del hermano mayor, «ya sin el debido control de la cuenta bancaria por parte ningún responsable de la hermandad», el encausado, «aprovechándose de la confianza que había sabido ganarse», empieza a expedir cheques sobre todo al portador que cobraba por ventanilla y de cuyo importe en buena medida «se apropiaba», junto con parte de los ingresos que recibía la hermandad en efectivo sin perjuicio de que algunas cantidades se destinaran a pago de gastos reales efectuados por la hermandad.
El procesado, «para disimular y ocultar las cantidades de las que se apoderaba», aprendió desde 2011 a copiar en una hoja de Excel los movimientos de la cuenta bancaria, movimientos que acto seguido «modificaba a su antojo» creando al efecto «una cuenta o banco paralelos», que era «la que presentaba» a la aprobación de las cuentas anuales.
Una vez fue nombrado un nuevo mayordomo, Antonio Manuel manifestó al Cabildo que había 26.939 euros en la cuenta bancaria de la hermandad, si bien tras oportunas investigaciones a raíz de que el acusado «había ‘perdido’ el documento diocesiano de los nuevos cargos de la Junta y no se podía acceder a la cuenta bancaria», éste reconoció que había distracción de fondos «hasta 77.152 euros» y manifestó varias veces su intención de pagar esa cantidad.
Finalmente, la Fiscalía recoge que se realizó un informe pericial a instancias del Juzgado, en el cual el perito designado tras un «nuevo y exhaustivo» análisis de todos los movimientos de la cuenta bancaria de la Hermandad durante los años 2011 al 2015 indicó que el perjuicio económico ascendía a la cifra de 175.982 euros.
Antes de comenzar este martes el juicio, fijado para esta jornada, el miércoles y el jueves, las partes habrían entablado contactos para sondear un posible acuerdo por conformidad, quedando la sesión suspendida hasta el jueves a las 11 horas.
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