El reciente incendio registrado en la Mezquita-Catedral de Córdoba ha desatado un cruce de declaraciones en el que el Gobierno de España ha querido subrayar su implicación, pese a que la intervención real en la extinción recayó por completo en los servicios municipales de bomberos, cuya rápida y eficaz actuación impidió que el fuego se propagara y ocasionara daños irreparables en el monumento.
El Ministerio de Cultura emitió este sábado un comunicado en el que reivindicaba la activación “inmediata” del Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural, asegurando que la medida se adoptó “en plena colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte” en cuanto se tuvo conocimiento del siniestro. El documento, sin embargo, carece de detalles concretos sobre acciones materiales realizadas por parte del Ejecutivo, limitándose a remarcar la existencia de protocolos y la “coordinación” con las autoridades autonómicas y municipales.
Según la nota, el citado plan establece “medidas rápidas y eficaces” para actuar ante daños en bienes culturales, y habría servido para “canalizar el apoyo técnico y la cooperación interinstitucional” desde el primer momento. No obstante, el propio Ministerio reconoce que fue “gracias a la rápida intervención de los bomberos” como se evitó que el fuego afectara a otras zonas del monumento y al entorno del centro histórico.
El comunicado también resalta que, al tratarse de un bien declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1984, la organización ha solicitado un informe detallado sobre el alcance del incendio, su incidencia y las medidas adoptadas. Este documento —que el Ministerio asegura estar elaborando junto a la Junta de Andalucía y las entidades responsables de la conservación— incluirá una descripción pormenorizada de la zona afectada, una valoración de los daños y las previsiones de intervención a corto y medio plazo.
En la jornada posterior al incendio, el ministro Ernest Urtasun mantuvo conversaciones telefónicas con la consejera andaluza de Cultura, Patricia del Pozo, y con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para “poner a disposición todas las herramientas del Ministerio”. A pesar de esa declaración de intenciones, la única colaboración inmediata y tangible que se ha concretado hasta ahora proviene de la Junta de Andalucía, que se ha ofrecido a participar económicamente en la restauración de las zonas dañadas.
Finalmente, el Ministerio elogió la “excelente coordinación” entre las administraciones implicadas y prometió que las tareas de recuperación se llevarán a cabo con el “máximo rigor técnico” y en el “menor plazo posible”. Sin embargo, la falta de acciones directas por parte del Gobierno central durante la emergencia deja un poso de comunicado vacío que contrasta con la labor efectiva y decisiva de los equipos municipales de extinción.
