La Diócesis de Córdoba, a través de la Delegación diocesana de Hermandades, ha oficializado la ratificación de Guadalupe Grande Conde como Hermana Mayor de la Hermandad del Rocío de Córdoba, junto con la totalidad de su Junta de Gobierno, tras ser reelegida con casi el 30 % de votos en contra, haciendo caso omiso de las alegaciones presentadas por varios hermanos, quienes han expresado su desacuerdo y preocupación por la situación que rodea a la filial rociera. En virtud de esta decisión, el próximo 29 de noviembre, durante la sabatina programada a las 20:00 horas en memoria de los hermanos difuntos, se llevará a cabo la jura de cargos de la nueva Junta de Gobierno, formalizando así una estructura que, pese a la división interna, queda consolidada bajo la autoridad diocesana.
El episodio pone de relieve la práctica habitual de la jerarquía eclesiástica, que suele optar por la inacción, la ocultación y el silencio -cómplice- ante conflictos internos cuando estos no trascienden a la esfera pública. Un modus operandi consagrado, asumido y repetido hasta la saciedad en tiempos del anterior delegado diocesano de hermandades, que casi siempre respondió con la nada cuando circunstancias similares asolaron a otras corporaciones cordobesas y que parece reproducirse, de la mano del nuevo delegado, en la etapa recién iniciada hace unas semanas. Conductas que evidencian una moraleja preocupante: el perjuicio causado a los miembros de una corporación parece carecer de relevancia si no provoca escándalo, dejando a los afectados sin canales efectivos para la resolución de sus reclamaciones, más allá de optar por la vía de la difusión pública de lo ocurrido como único recurso a su alcance.
A esta situación se añade la clara sensación de indefensión por parte de quienes se puedan sentir agraviados, un sentimiento de desamparo ante la propia Iglesia a la que pertenecen, que intensifica la percepción de abandono y de ausencia de mecanismos de protección dentro del seno de cualquier hermandad. Otra consecuencia indeseable que deriva de estas prácticas que, no por frecuentes y esperadas, dejan de merecer la denuncia pública. Además, lo acontecido pone de manifiesto un nuevo equilibrio de poder en la Diócesis de Córdoba desde que el actual obispo asumiera oficialmente su cargo, convirtiéndose en máximo responsable eclesiástico de todo lo que ocurra en el seno de la Córdoba Cofrade a partir de ahora. Y es que conviene subrayar que, en lo sucesivo, algunos podrían interpretar que solo mediante la vía del escándalo público se logra una respuesta de la Curia, lo que podría tener efectos impredecibles para la dinámica interna de las hermandades en los próximos años.
Porque, más allá de valorar si es conveniente gobernar una hermandad con un tercio de rechazo siendo único candidato -sin sopesar cuáles son las razones de semejante porcentaje de voto desfavorable para tender puentes en lugar de terminar de destruirlos-, ignorar las alegaciones y las preocupaciones presentadas por quienes se sienten heridos abre un debate sobre la desprotección de los más vulnerables y la gestión de conflictos en el seno de la iglesia y dentro de la vida cofrade cordobesa, dejando patente la necesidad de repensar cómo se equilibran autoridad y responsabilidad, así como la atención a quienes se sienten marginados o desprotegidos dentro de una institución que debe sumar y nunca ignorar, silenciar o menospreciar.
