El Ayuntamiento de Almonte ha iniciado el procedimiento para resolver por mutuo acuerdo la concesión administrativa otorgada en 2015 para la instalación y explotación de un columbario en el sector SR-5 de El Rocío, una iniciativa que nunca llegó a materializarse y que ahora genera un coste superior a 770.000 euros derivados de los gastos acreditados por la empresa concesionaria.
Un problema heredado y prolongado
Según el consistorio, esta actuación busca poner fin a una situación jurídica compleja y prolongada en el tiempo, que ha provocado consecuencias económicas negativas para las arcas municipales y un escenario de inseguridad jurídica. Los informes técnicos y jurídicos alertan de que no actuar o resolver el contrato de forma unilateral habría supuesto un riesgo económico aún mayor para el municipio.
Antecedentes de la concesión
La concesión fue adjudicada en abril de 2015 por un periodo de 50 años, pero el proyecto no se desarrolló debido a impedimentos urbanísticos y administrativos, que impidieron la ocupación efectiva del suelo y la obtención de las licencias necesarias. A pesar de ello, la concesión no fue anulada ni revocada formalmente, generando una situación anómala: el concesionario cumplió sus obligaciones iniciales pero no pudo ejercer el derecho concedido, mientras el Ayuntamiento no resolvió expresamente el contrato.
Durante mandatos anteriores se intentó declarar la nulidad de la concesión, una vía que fue rechazada por el Consejo Consultivo de Andalucía, al no apreciarse causas suficientes de nulidad de pleno derecho. Los informes actuales advierten que una revocación unilateral, transcurridos casi diez años, podría ser jurídicamente improcedente y dar lugar a reclamaciones patrimoniales aún mayores.
Resolver un conflicto enquistado
Ante esta situación, el equipo de gobierno ha optado por la resolución por mutuo acuerdo, una figura prevista en la legislación patrimonial que permite extinguir la concesión de manera pactada, evitando litigios y cerrando un expediente que se ha prolongado casi una década.
La solución incluye el reconocimiento de los gastos acreditados por la empresa concesionaria, tales como estudios técnicos, proyectos, avales, seguros y cánones, sin contemplar lucro cesante ni beneficios futuros.
Responsabilidad y gestión del patrimonio
Desde el Ayuntamiento se subraya que la medida responde a la obligación de afrontar con responsabilidad la mala gestión del pasado, regularizar una situación irregular y proteger el interés general frente a impactos económicos mayores.
El equipo de gobierno insiste en que no actuar habría prolongado la incertidumbre, manteniendo la inseguridad jurídica y exponiendo al Ayuntamiento a consecuencias económicas más gravosas. Con esta decisión, se pone fin a un conflicto que arrastraba la institución desde hace casi diez años y se reafirma el compromiso con una gestión rigurosa, transparente y responsable del patrimonio municipal, aprendiendo de los errores para evitar situaciones similares en el futuro.
