El colectivo adscrito al grupúsculo de extrema izquierda radical al que pertenecen Ganemos, Podemos, Paradigma media y buena parte de los representantes públicos dela Federación Al-Zahara han vuelto a hacer uso de la más mínima excusa para atacar a la iglesia y las cofradías, sus dos grandes obsesiones.
En un sonrojante comunicado, el colectivo se contradice a sí misma reivindicando, en primer lugar, con motivo de la celebración “en la fecha del 9 de diciembre, como se hace en todo el mundo, el derecho a la libertad de conciencia para que cada persona pueda desarrollar y expresar sus propias ideas y convicciones” y defendiendo a “la igualdad de derechos de todas las personas con independencia de sus convicciones o creencias, y que nadie pueda sufrir discriminaciones por ellas”, para pasar a continuación a atacar sin recato alguno a todo lo que huele a incienso, en un vergonzoso ejercicio de incongruencia, patético e irrisorio.
Bajo este prisma, el colectivo, tras reclamar “que los poderes públicos trabajen por el interés general y el bien común y no para el beneficio exclusivo de algunas personas, grupos o entes privados” y asegurar que “en Andalucía y en toda España se vulneran esos derechos”, “hace suyo y adapta –es decir tergiversa y manipula a su antojo- a la situación andaluza el Manifiesto de Europa Laica por el Día Internacional del Laicismo 2020”.
En virtud de esta apropiación subjetiva y sesgada, el colectivo afirma que “la crisis de la covid-19 ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar lo público, la solidaridad y la cooperación internacional frente a los intereses privados y a la caridad, así como la racionalidad y la ciencia frente al avance de los irracionalismos y los fundamentalismos religiosos, en ocasiones violentos”. De este modo, radicalmente insultante, califica el grupo de extrema izquierda a las religiones y al hecho religioso.
En otro orden de cosas, el colectivo afirma que “la nueva reforma educativa (LOMLOE) no avanza hacia un modelo de escuela pública, única y laica, que impida el adoctrinamiento religioso o de cualquier otra naturaleza dentro de las aulas”, al tiempo que apoya “el proyecto de ley de eutanasia, que ampara un derecho ciudadano de libertad de conciencia” y exige la “denuncia y derogación de los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979, rémora principal para la separación Iglesia-Estado”.
“En Andalucía –añade el patético comunicado- es palmaria la falta de compromiso de las autoridades autonómicas y provinciales con la educación pública, mientras se favorece la extensión y los privilegios de la concertada, generalmente de cariz religioso y adoctrinador” y subraya que “muchos ayuntamientos andaluces siguen subvencionando y promoviendo a las asociaciones religiosas, como las cofradías”.
El texto incide en que “la Iglesia católica recibe diversas formas de trato de favor, como la exención del cobro del IBI, sin importar -dicen- que se trate de inmuebles utilizados para actividades lucrativas (garajes, hoteles, locales comerciales, etc.)” y asegurando que “el escándalo de las inmatriculaciones alcanza con fuerza a Andalucía; el caso de la Mezquita de Córdoba es paradigmático, pero hay una infinidad más”.
En el colmo de la ridícula obsesión, seña de identidad de sus planteamientos, la nota recuerda que “se sigue condecorando a Vírgenes, Santos y Cristos –sorprende el uso de las mayúsculas en los tres casos-, y exponiéndolos en espacios públicos”. Una afirmación especialmente grave, en la medida en que da a entender que uno de sus objetivos y reivindicaciones para por impedir que las imágenes puedan ocupar espacios públicos, como las calles lo que supondría la prohibición de procesionar, la Semana Santa o las Romerías.
Así mismo, el texto denuncia que “instancias públicas, tanto civiles como militares, continúan asistiendo a misas, procesiones y otros actos religiosos” y “que en las universidades andaluzas se siguen impartiendo asignaturas confesionales de religión, y en ocasiones los espacios académicos y las autoridades adquieren un carácter confesional. Incluso ha vuelto la teología católica a la Universidad pública”. Lo que implica que este colectivo pretende censurar la universidad impidiendo que en ella se impartan aquellos conocimientos que se contraponen con sus creencias y defiende impedir la libertad de las personas que desempeñan un cargo público de acudir a donde quieran y cuando quieran.
En definitiva, un texto hiriente, que pone de manifiesto las verdaderas intenciones de este colectivo radical, y subraya quienes son los objetivos que pretenden destruir. Aspectos, todos ellos, que deberían ser muy tenidos en cuenta en aras de defender los legítimos derechos y la libertad de católicos y cofrades.
