Una controversia de carácter legal y patrimonial ha estallado en el seno de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista tras la restauración de su dolorosa titular, ejecutada entre finales de 2020 y los primeros meses de 2021. La autora de la denuncia no es otra que Guadalupe Álvarez-Duarte Ortega, hija del imaginero Luis Álvarez Duarte y depositaria de los derechos morales e intelectuales de su obra. La acción judicial, interpuesta ante el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, ha sido admitida a trámite y se fundamenta en la vulneración del derecho a la integridad de una creación artística protegida, según ha adelantado ABC de Sevilla. Todo ello en plena vorágine derivada de la recientemente fallida restauración perpetrada contra la Esperanza Macarena que mantiene en vilo a la Sevilla Cofrade.
La intervención, acometida por el restaurador Darío Ojeda, ha sido calificada en la demanda como una actuación que comporta «una transformación significativa que ha alterado la configuración y expresión artística que el autor imprimió a la obra». Esta acusación se apoya en los preceptos legales que amparan al creador frente a cualquier forma de deformación o modificación no autorizada de su trabajo, especialmente cuando ello puede implicar un menoscabo a su reputación o un perjuicio moral y estético a su legado.
Transformaciones anatómicas y alteración expresiva
La demanda profundiza en el alcance de los cambios operados en la imagen mariana, asegurando que la restauración introdujo «cambios trascendentales en el volumen de su rostro, nariz y mandíbula, en la profundidad de las comisuras de la boca y los pliegues y hoyuelo de la barbilla, la alteración en el espectro y profundidad de su mirada, la desaparición de la pátina característica de su autor y la presencia de una policromía radicalmente distinta». Tales modificaciones, según se alega, habrían desvirtuado por completo el planteamiento original de Duarte.
Frente a las justificaciones que apuntan a la eliminación de intervenciones acumuladas a lo largo del tiempo, Guadalupe Álvarez-Duarte se muestra tajante al afirmar que dichas actuaciones «no alteraron la imagen de forma significativa». La heredera remite incluso a una declaración pública del propio Ojeda, emitida en el programa El Llamador, en la que reconocía que la imagen experimentó «un cambio brutal».
Solicitud de reversión a la versión primigenia
Como medida resarcitoria, la denunciante exige que se proceda a «reponer a su estado original» la Virgen, confiando preferentemente esta tarea al escultor Ventura Gómez, discípulo directo de Álvarez Duarte, o, en su defecto, a otra figura que goce de solvencia técnica suficiente. La propuesta incluye un informe elaborado por el propio Gómez en el que se detallan los procedimientos a seguir para «recuperar la integridad artística de la obra original».
El escrito judicial subraya que la posesión física de una escultura no legitima alteraciones que comprometan su diseño esencial, recordando que la creación artística está protegida como bien inmaterial. En este sentido, el abogado de Álvarez-Duarte defiende que la Hermandad incurrió en una intervención no consentida, que habría atentado contra los principios fundamentales de la autoría intelectual.
A modo simbólico, la parte demandante solicita una indemnización de 2.112,90 euros por los daños morales presuntamente ocasionados. Esta cifra representa la mitad del precio original —15.000 pesetas— que la cofradía abonó por la imagen en 1969, actualizada al valor presente conforme al índice oficial de precios al consumo. Guadalupe Álvarez-Duarte ha manifestado su intención de destinar dicha suma, si se le concede, a Cáritas Diocesana.
La Hermandad defiende la legalidad del proceso
Consultado por este medio hispalense, el hermano mayor de la corporación de Bellavista, Diego Romero, ha negado categóricamente que se emplearan recursos públicos en la restauración, tal como sugiere la denuncia. Asegura que los fondos empleados procedieron íntegramente del patrimonio de la Hermandad, extremo que fue comunicado a los hermanos durante el cabildo general de cuentas.
Romero expone que el procedimiento se desarrolló conforme a criterios técnicos, mediante una comisión que valoró distintas candidaturas, entre ellas la de Ventura Gómez y la del propio Darío Ojeda, quien ya desempeñaba responsabilidades en la junta de gobierno. Finalmente, y tras evaluar los proyectos y presupuestos presentados, se optó por Ojeda, con el aval de reconocidos especialistas como Andrés Luque Teruel, Jesús Romanov y José Roda Peña.
El dirigente de la Hermandad justifica la actuación como una intervención destinada a «restaurar la encarnadura de la imagen y eliminar pátinas y añadidos posteriores», resultado que, según afirma, fue bien acogido por la mayoría de los hermanos, aunque reconoce que la familia del imaginero expresó desde un principio su disconformidad, que ahora cristaliza en sede judicial.
Este caso vuelve a situar el foco en un debate recurrente en el ámbito del patrimonio sacro: el conflicto entre la propiedad devocional de las imágenes y los derechos irrenunciables que el ordenamiento jurídico otorga a sus autores o herederos. La resolución judicial marcará, con toda probabilidad, un precedente relevante en la relación entre arte, culto y normativa autoral.
