El Consejo de Gobierno de Andalucía ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Patrimonio de Andalucía, marcando el inicio de su tramitación parlamentaria para lograr su aprobación definitiva. La nueva normativa nace con la vocación de actualizar el marco jurídico vigente desde 1986 y de promover la puesta en valor y utilización efectiva de los bienes y derechos patrimoniales de la comunidad autónoma, considerada una de las más amplias del país.
La propuesta legal, valorada positivamente por el Consejo Consultivo por su carácter ejemplar en términos de buenas prácticas legislativas, introduce mecanismos que garantizan transparencia, simplificación administrativa y sostenibilidad en la gestión de los bienes públicos. Entre las novedades, se incluye una definición ampliada del patrimonio autonómico, que abarca tanto los bienes de titularidad de la Junta de Andalucía como los pertenecientes a sus agencias dependientes.
Conservación y optimización de recursos
El proyecto incorpora procedimientos efectivos para la conservación y puesta en valor del patrimonio, aspectos destacados por el Consultivo por su carácter innovador. Se refuerza la eficacia y eficiencia en la administración de edificios públicos, se racionaliza el uso del parque móvil y se establece un régimen específico para prolongar la vida útil de bienes muebles, priorizando su reutilización y reciclaje.
De este modo, la norma se alinea con principios de economía, eficiencia, racionalidad organizativa, colaboración, coordinación, control y publicidad, consolidando un modelo integral para la correcta administración y defensa del patrimonio andaluz.
Un marco legal adaptado a la realidad actual
La legislación vigente hasta ahora data de 1986, con modificaciones posteriores como la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas y su reglamento de desarrollo (Real Decreto 1373/2009), así como la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y su reglamento (Decreto 18/2006). Más recientemente, el Decreto Ley 3/2024, de 6 de febrero, introdujo medidas de simplificación y racionalización administrativa que ya han sido incorporadas en el nuevo proyecto.
El texto legal permitirá finalmente ordenar el inventario del patrimonio público, inexistente de manera completa en legislaturas anteriores, y dotará a la administración de herramientas jurídicas actualizadas para la gestión eficiente de solares, edificios y otros inmuebles, evitando el abandono y el gasto innecesario.
Transparencia y simplificación administrativa
Hasta ahora, la falta de organización había dejado decenas de inmuebles sin uso y con un coste anual estimado de seis millones de euros. Gracias a políticas recientes, la Junta de Andalucía ha conseguido ingresar 137 millones de euros mediante la enajenación de bienes no útiles, recursos destinados a sanidad, dependencia y educación, y recuperar 70 inmuebles procedentes de la operación sale & lease back de 2014, con un ahorro anual superior a 35 millones de euros en alquileres.
La nueva ley agiliza los trámites administrativos, elimina duplicidades y optimiza la coordinación mediante herramientas digitales, ofreciendo a la ciudadanía un modelo de gestión eficiente y transparente. Para ello, se implementará por primera vez la Plataforma Digital de Publicidad Patrimonial, un portal con inventario completo de los inmuebles de la Junta y sus organismos dependientes, que incluirá información sobre subastas, aprovechamientos y otros usos.
Participación ciudadana y aprovechamiento territorial
Se incorpora la figura de los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, que permitirá a administraciones territoriales solicitar la puesta en uso de inmuebles abandonados. Asimismo, se refuerzan los procedimientos de concurso y negociado con concurrencia y publicidad, y se introduce la consulta de interés de mercado, destinada a recabar información directa de la sociedad civil y el tejido empresarial sobre la mejor forma de optimizar determinados proyectos.
Economía circular y reutilización
El proyecto de ley adopta principios de economía circular en la gestión de bienes muebles, fomentando su reutilización, reparación o reciclaje. Se creará una “bolsa de segunda oportunidad” para material informático, vehículos, mobiliario y otros enseres, priorizando su aprovechamiento. Aquellos bienes que no puedan reutilizarse podrán cederse gratuitamente a otras administraciones, entidades sin ánimo de lucro o gestores de residuos autorizados.
Protección y régimen sancionador
Por primera vez en Andalucía, la ley establece un régimen de infracciones y sanciones frente a atentados contra el patrimonio autonómico y define con claridad los deberes de protección y colaboración de las administraciones y los ciudadanos.
Con este proyecto, Andalucía da un paso decisivo hacia la modernización y racionalización de su patrimonio, incorporando los instrumentos legales más avanzados y sentando las bases para una gestión eficiente, sostenible y transparente que garantice la conservación de sus bienes y derechos para las generaciones futuras.
