El hilo de Ariadna | La dimisión que la tragedia ya no permite aplazar

Existe una frontera moral que la política jamás debería atreverse a traspasar: aquella que separa la legítima controversia partidista de la obligación elemental de responder ante el sufrimiento de los ciudadanos. Cuando la tragedia irrumpe con una violencia insoportable y convierte la normalidad cotidiana en una sucesión de nombres, familias destrozadas y ausencias irreparables, el lenguaje público debería desprenderse de sus artificios, de sus coartadas y de esa obstinada propensión a convertir cualquier desastre en una disputa sobre quién obtiene mayor rédito de la desgracia ajena. Hoy no toca hablar de cofradías, ni de cabildos, ni de elecciones, ni de las pequeñas querellas que consumen tantas energías en nuestros círculos de pertenencia. Hoy toca mirar de frente a las víctimas, acompañar a sus familias y exigir que la dimensión de una catástrofe encuentre una respuesta política a su altura. Memento mori: recordar nuestra fragilidad no constituye un ejercicio retórico, sino una obligación de conciencia. Y en esa conciencia, tan necesaria como incómoda, debe abrirse paso una pregunta que ningún cargo público puede esquivar indefinidamente: ¿cuándo deja de bastar la explicación y comienza a ser exigible la dimisión?

La provincia de Toledo vive hoy una nueva tragedia ferroviaria, con un balance provisional que, a la hora de redactar estas líneas, asciende a 46 víctimas mortales. Una cifra devastadora que vuelve a sacudir a un país que todavía no ha podido cerrar las heridas del accidente de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero, en el que otras 46 personas perdieron la vida. Dos catástrofes ferroviarias de semejante magnitud en menos de un año obligan, cuando menos, a revisar con severidad la capacidad de quienes tienen encomendada la dirección política del sistema ferroviario. Conviene establecer una distinción que no admite confusiones interesadas: la responsabilidad penal, la causa técnica y la responsabilidad política no son categorías equivalentes. Las investigaciones deberán esclarecer qué ocurrió en cada caso, qué fallos pudieron concurrir, qué decisiones se adoptaron y qué personas o instituciones deben responder por sus actos u omisiones. Fiat lux: que se conozca toda la verdad, sin atajos ni veredictos prematuros. Pero esa necesaria cautela judicial no puede transformarse en un salvoconducto político perpetuo, como si la obligación de rendir cuentas solo naciera cuando un tribunal dicta sentencia firme.

Por eso, Óscar Puente debe dimitir. No porque una columna pueda sustituir a los investigadores, ni porque el ministro haya sido declarado culpable de las causas materiales de ninguno de los accidentes, sino porque la responsabilidad de dirigir un ministerio de esta envergadura comporta una dimensión política que no desaparece mientras se aguardan los informes periciales. El titular de Transportes no coloca personalmente cada tornillo, no suelda cada raíl y no supervisa de manera directa cada operación ferroviaria; precisamente por eso existen organismos, protocolos, estructuras técnicas y mecanismos de control cuya eficacia corresponde al ámbito de su responsabilidad institucional. Si dos accidentes con un balance conjunto de 92 víctimas mortales golpean la red ferroviaria en apenas unos meses, la continuidad del máximo responsable político no puede presentarse como una consecuencia automática de la presunción de inocencia. Una cosa es determinar si existe culpabilidad jurídica, y otra muy distinta decidir si se conserva la confianza necesaria para seguir ejerciendo el cargo. Quis custodiet ipsos custodes?, preguntaba Juvenal: ¿quién vigila a quienes tienen la obligación de garantizar que el sistema funcione? La respuesta no puede consistir en que el propio poder se absuelva mientras reclama paciencia a quienes han perdido a sus seres queridos.

No se trata de exigir una comparecencia precipitada entre las labores de rescate, ni de reclamar que en las primeras horas de una emergencia el ministro abandone sus obligaciones inmediatas para satisfacer el apetito de la confrontación política. La prioridad ahora es salvar vidas, atender a los heridos, acompañar a las familias y esclarecer lo sucedido. Pero la prudencia del primer momento no debe convertirse en una estrategia para aplazar indefinidamente las consecuencias. Cuando haya comparecido, cuando haya dado la cara y cuando la atención inmediata a la emergencia permita abrir un espacio para la rendición de cuentas, la dimisión debe llegar en cuestión de días, no después de meses de resistencia, reproches cruzados y desgaste calculado. La política democrática no consiste únicamente en administrar competencias, ofrecer ruedas de prensa o anunciar que se colaborará con la investigación; también exige comprender cuándo la continuidad en el puesto resulta incompatible con la gravedad de los acontecimientos. Tempus omnia revelat, el tiempo lo revela todo, pero no debe utilizarse como refugio para eludir una decisión que pertenece al presente. La dimisión no demostraría por sí sola la culpabilidad del ministro, del mismo modo que permanecer en el cargo no acredita su inocencia política. Sería, sencillamente, el reconocimiento de que la magnitud de una tragedia puede hacer insostenible la continuidad de quien encabeza el departamento responsable, incluso antes de que concluyan las investigaciones.

Y acaso convenga detenerse en esta idea porque trasciende los despachos ministeriales y alcanza también a esos ámbitos más modestos, aunque no menos apasionados, en los que tantas veces reclamamos ejemplaridad. En el mundo de las hermandades, con frecuencia exigimos explicaciones, pedimos dimisiones, discutimos sobre la idoneidad de quienes gobiernan y apelamos a la transparencia cuando entendemos que una decisión ha quebrado la confianza depositada en una junta. Sería absurdo equiparar una corporación cofrade con la responsabilidad de un ministerio, pero no lo es reconocer que la rendición de cuentas pierde toda credibilidad cuando solo se exige al adversario y se disculpa al propio. Nemo iudex in causa sua: nadie debería convertirse en juez indulgente de sí mismo. Y, en griego, ἡ ἀρχὴ εὐθύνην φέρει —el poder lleva consigo responsabilidad— expresa una verdad tan antigua como vigente. No es hoy el día para hablar de hermandades; ya habrá tiempo para volver a sus debates, sus acuerdos y sus desencuentros. Hoy corresponde recordar que ninguna institución puede reclamar confianza ilimitada, que ningún cargo es una propiedad privada y que la responsabilidad no empieza únicamente cuando una sentencia obliga a asumirla. Ante dos tragedias ferroviarias de esta magnitud, la dimisión de Óscar Puente no debería ser una consigna partidista, sino una exigencia de responsabilidad política. Porque las investigaciones necesitan tiempo; las víctimas merecen verdad; y la dignidad de la vida humana exige que quienes gobiernan sepan también cuándo ha llegado la hora de apartarse.