En medio de la crisis del coronavirus, el Gobierno central, que con más de 800 muertos encima de la mesa ha tenido tiempo de ocuparse de este asunto, ha respondido a una pregunta del grupo del Senado en el que figura Adelante Andalucía -coalición de extrema izquierda que ha vuelto a demostrar lo único que le importa- sobre la tumba del general Gonzalo Queipo de Llano que conserva la basílica de la Macarena, que corresponde a la Junta de Andalucía «la incoación de oficio del procedimiento para la retirada» de este elemento contrario a la legislación en la materia. En la pregunta, recogida por Europa Press, dicho grupo del Senado pide al Gobierno que informe sobre «qué medidas piensa adoptar» para que la basílica de la Macarena deje de acoger los restos del militar.
Sobre el asunto pesa el acuerdo plenario aprobado por el Ayuntamiento en julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto contrario del PP, reclamando precisamente que el templo de la hermandad de la Macarena deje de acoger dicha tumba. Merced a dicho acuerdo plenario, el Consistorio avisaba a la hermandad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla sobre el contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica y las obligaciones que de ellas derivan para los particulares y organizaciones privadas.
En paralelo, la Junta anunciaba en julio de 2018 la creación de un comité encargado de emitir un dictamen «vinculante» sobre la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y otros «elementos contrarios a la memoria histórica que no hubiesen sido retirados o eliminados voluntariamente por parte de sus titulares». Más recientemente, la actual consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo (PP), insistía en que para solucionar el caso de la tumba de Queipo de Llano todavía sería necesario un desarrollo reglamentario de la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática.
Al respecto, la hermandad de la Macarena viene defendiendo que el columbario proyectado por la entidad «podría suponer en un futuro una posible vía de solución» al enterramiento del general golpista si así lo aceptase la familia del mismo, avisando además de que con la Ley Andaluza de Memoria Histórica tal como está «dictada», sin un «reglamento que la perfeccione», no pesa «ninguna obligación de sacar» los restos del militar. Eso sí, la entidad avisaba recientemente de que la construcción de dicho columbario «no tiene fecha de inicio ni de finalización».
En cualquier caso, la respuesta del Gobierno a la citada pregunta en el Senado, recogida por Europa Press, recuerda que la Ley 2/2017, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía «considera elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas aquellos realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, estableciendo que cuando estos estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos».
«En el supuesto en que dicha retirada no se produzca voluntariamente, la Ley dispone la creación de un comité técnico que elaborare una relación de los elementos que deben ser retirados o eliminados, correspondiendo a la Consejería competente en materia de memoria democrática en la comunidad autónoma la incoación de oficio del procedimiento para la retirada de dichos elementos», ha precisado el Gobierno sociocomunista.
