Portada, Sevilla

La Asociación de Memoria Histórica Comisión por el Derecho a las Exhumaciones afirma que la retirada de Queipo de la basílica de la Macarena «llega 45 años tarde» y que hay que dar más pasos para que España sea «una democracia plena»

La Asociación de Memoria Histórica Comisión por el Derecho a las Exhumaciones ha valorado este lunes la carta remitida por el Gobierno central a la hermandad de la Macarena, instando a la entidad a iniciar las gestiones para retirar de su basílica la tumba del general Gonzalo Queipo de Llano, dados los fusilamientos perpetrados bajo su mando tras el alzamiento de 1936 y la incidencia de la nueva reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática.

La presidenta de la Asociación de Memoria Histórica Comisión por el Derecho a las Exhumaciones, María Luisa Hernández, nieta de un funcionario del Ayuntamiento de Sevilla fusilado por las tropas nacionales, ha manifestado a Europa Press que se trata de un momento «muy importante» para las familias de las víctimas de la represión dictatorial y «para toda España».

No obstante, ha considerado que este gesto debería haber sido promovido en 1977, con motivo de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista. Por eso, ha avisado de que la salida de la tumba del general «genocida» Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de la Macarena «llega 45 años tarde», si bien esta medida, que incluye además la exhumación de los restos del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina del mismo templo, contribuye a que la democracia española sea «más saludable».

En paralelo, María Luisa Hernández ha reclamado a las autoridades «más pasos» para que España sea «una democracia plena» y que la Justicia responda a «todas las familias» de víctimas de la represión franquista.

Y es que el artículo 38.3 de la nueva Ley de Memoria Democrática estipula que «los restos mortales de dirigentes del alzamiento de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura».

Es más, el artículo 35.5 señala directamente que «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos».

La citada carta estatal ha sido emitida después de que el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, manifestase ante la reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática que su entidad estaba «esperando que le digan qué tiene que hacer»; considerando que la entidad no debe tomar una «decisión» propia al estar sus hermanos «divididos» sobre el asunto y urgiendo al Gobierno a «arbitrar» un decreto para resolver la situación.

Sobre el asunto, recordémoslo, pesa el acuerdo plenario aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla en julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto contrario del PP, reclamando precisamente que el templo de la hermandad de la Macarena deje de acoger dicha tumba, dado el papel del citado militar en los fusilamientos perpetrados en la ciudad tras el alzamiento de 1936.

Merced a dicho acuerdo plenario, el Consistorio avisaba a la hermandad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla sobre el contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica y las obligaciones que de ellas derivan para los particulares y organizaciones privadas.

En paralelo, recordemos que en virtud de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma, la Junta anunciaba en julio de 2018 la creación de un comité encargado de emitir un dictamen «vinculante» sobre la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y otros «elementos contrarios a la memoria histórica que no hubiesen sido retirados o eliminados voluntariamente por parte de sus titulares».

Pero en la anterior legislatura autonómica, el Gobierno andaluz del PP insistía en que para solucionar el caso de la tumba de Queipo de Llano todavía sería necesario un desarrollo reglamentario de la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática.

En paralelo, el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla aclaraba que mediaban «palmarias diferencias» entre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y la demanda de que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba de Queipo de Llano, pues el Valle de los Caídos es un espacio público y la basílica un «lugar privado de uso público».