La candidatura que no resulto elegida en el proceso electoral del pasado 18 de julio habría elevado un escrito formal a la autoridad eclesiástica, alegando coacciones, manipulación censal, vulneración de la LOPD e impedimentos al voto por parte del director espiritual
La Archicofradía de La Merced de Cádiz podría estar inmersa en una nueva tormenta interna, tras la celebración del cabildo de elecciones del pasado 18 de julio, que concluyó con 117 votos para la candidatura de Vicente Llorens Otero, 82 para Alejandro Martínez de la Vega, 8 votos en blanco y ninguno nulo. Lo que, en principio, se entendía como la conclusión de una etapa convulsa, podría convertirse ahora en el inicio de una controversia de mayor calado, según una información adelantada por el medio digital SemanaSantaCádiz.com.
Siempre según la información adelantada por este rotativo, la candidatura encabezada por Alejandro Martínez de la Vega, que no resultó ganadora, habría presentado una denuncia formal ante la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías y la Vicaría General, exponiendo una batería de hechos que, de confirmarse, pondrían en entredicho la limpieza, legalidad y neutralidad del proceso electoral.
Un escrito que describiría más de veinte presuntas irregularidades
El documento, al que habría tenido acceso este medio gaditano, contendría una extensa relación de hechos presuntamente irregulares, que irían desde presuntas coacciones y amenazas verbales, hasta la vulneración de la Ley de Protección de Datos o el supuesto impedimento de votar a varios hermanos con derecho a sufragio.
Entre los episodios denunciados se encontraría una supuesta intervención directa del párroco Rafael Aguilar, quien, en su calidad de director espiritual de la hermandad, habría prohibido votar a un hermano con problemas de conducta, usando expresiones como: “tú no votas hoy, vete a ver a María”. El afectado habría sido acompañado más tarde por una integrante de una de las candidaturas hasta ejercer su voto, en circunstancias que no habrían quedado claras.
Asimismo, la denuncia apuntaría que se habría ofrecido información falsa a los hermanos en relación con el voto por correo, indicándoles que debía entregarse al director espiritual —algo que iría contra lo dispuesto en el decreto diocesano—, en lugar de entregarlo al interventor competente.
Amenazas, tensión y censos controvertidos
Uno de los pasajes más graves relatados en el escrito señalaría una presunta amenaza verbal directa del director espiritual al fiscal de la hermandad, tras haber elevado este una queja al Consejo Local. Entre las expresiones atribuidas a Rafael Aguilar se incluirían frases como: “ya te queda poco” o “atente en Siete Palabras”, que se habrían producido delante de testigos.
La exposición remitida a la autoridad eclesiástica también haría referencia a una presunta manipulación del censo electoral, atribuyendo a María Pérez, supuesta integrante de la candidatura ganadora, el acceso irregular a datos confidenciales, la modificación de registros, el cobro de recibos y el uso no autorizado de información personal de los hermanos. Este extremo, de ser probado, constituiría una infracción grave de la legislación vigente en materia de protección de datos.
Igualmente, se denunciaría la presencia de personas ajenas a la hermandad en el manejo de documentación electoral, y se afirmaría que hasta 16 hermanos con derecho a voto habrían sido excluidos, a pesar de tener su situación regularizada. Algunos de ellos, presuntamente, se habrían encontrado la sede cerrada durante los días de revisión del censo, sin previo aviso.
Críticas a la neutralidad de la mesa y a la falta de garantías
La denuncia subraya también que la mesa electoral no habría sido imparcial, al haber sido presidida, supuestamente, por un miembro de la candidatura de Vicente Llorens, y no por el fiscal designado, como establecerían las normas. Además, se apunta a una colocación inadecuada de la urna de votación, situada presuntamente a la vista del resto de asistentes, con lo que la confidencialidad del sufragio se habría visto comprometida.
Reclamaciones concretas y pruebas documentales
La candidatura de Alejandro Martínez solicitaría a la autoridad diocesana tres medidas específicas:
- Declarar la nulidad del cabildo celebrado el 18 de julio.
- Convocar unas nuevas elecciones, esta vez utilizando el censo del año 2023, previamente revisado y validado por la Delegación Diocesana.
- Intervenir la hermandad, con el objetivo de restablecer la legalidad, investigar responsabilidades y garantizar que hechos similares no se repitan en el futuro.
El escrito se habría presentado el 21 de julio y vendría acompañado de recibos de hermanos excluidos del voto, grabaciones de conversaciones y documentos entregados anteriormente a las autoridades eclesiásticas.
Posible repercusión canónica
Este caso, actualmente en estudio por el Obispado, podría marcar un precedente en la regulación interna de los comicios celebrados en hermandades gaditanas. Si las acusaciones fueran demostradas, podrían derivarse consecuencias disciplinarias y la aplicación de nuevas medidas de supervisión para garantizar la transparencia en futuros procesos electorales.
Reacciones
Consultado por este medio, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz habría indicado no tener conocimiento oficial del recurso presentado, al menos por el momento.
Por su parte, Vicente Llorens, candidato vencedor en el cabildo, ha declinado hacer valoraciones sobre la denuncia. En sus únicas declaraciones, ha recalcado que “todo el proceso, desde la dimisión del anterior hermano mayor, ha estado supervisado por el delegado diocesano Rafael Guerrero”, por lo que, en su opinión, no existirían motivos para cuestionar la validez del resultado.
