Esta medida tendrá una clara influencia, no solamente en lo que respecta al público de eventos en los que se prevea una importante concentración de personas, sino también en el modo en el que se podrán desarrollar actividades, como las que realizan los músicos en una banda, el desempeño del oficio de costalero, por no hablar de los hombres que tienen el privilegio de llevar sobre sus hombros a la Virgen del Rocío.

El Consejo de Ministros aprobará este martes un nuevo decreto que regulará las medidas de prevención, contención y coordinación para controlar el coronavirus una vez que el próximo 21 de junio termine el estado de alarma y mientras no sea declarada oficialmente la finalización de la crisis sanitaria, probablemente con la implantación de una vacuna. Eso que desde distintos ámbitos se ha denominado eufemísticamente «nueva normalidad» y que se traduce un conjunto de medidas, impuestas a golpe de decretazo -olviden los consensos y las grandes mayorías parlamentarias fruto del acuerdo entre sensibilidades heterogéneas- para limitar la libertad del individuo. Medidas que, a la espera de que se concreten hasta sus últimos extremos, es obvio que afectarán al normal desarrollo de las relaciones sociales y la celebración de determinados acontecimientos de índole masivo, como conciertos, espectáculos deportivos, procesiones, ferias o romerías.

Al respecto, Ciudadanos ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para incluir varias de sus aportaciones en el real decreto ley que establece las normas a seguir una vez termine el estado de alarma con el fin de evitar rebrotes del coronavirus. Entre esas medidas está la de reducir de 2 a 1,5 metros la distancia mínima entre personas, según ha indicado el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal. Fuentes del partido naranja han afirmado que esperan que, al exigirse una distancia menor, se pueda aumentar el aforo máximo permitido. Inicialmente, el borrador del decreto, cuyo contenido fue adelantado por varios medios, fijaba en dos metros la distancia interpersonal que se debía mantener en todos los espacios públicos para reducir el riesgo de contagio.

Entre las principales medidas propuestas por el Gobierno se encuentra el uso obligatorio de mascarillas para los mayores de seis años en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los transportes, siempre que no sea posible garantizar una distancia física entre personas de entre 1,5 y 2 metros. El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas será considerado infracción leve sancionado con una multa de hasta cien euros. No cabe duda que esta medida tendrá una clara influencia, no solamente en lo que respecta al público de eventos en los que se prevea una importante concentración de personas, como ocurre con las procesiones, ferias o romerías, sino también en el modo en el que se podrán desarrollar actividades, como las que realizan los músicos en una banda, -no siempre es factible una separación de 1,5 metros entre los miembros de una formación musical, particularmente en determinados enclaves- y, sobre todo, en el desempeño del oficio de costalero, en el que el distanciamiento social es literalmente imposible. Por no hablar de los hombres que tienen el privilegio de llevar sobre sus hombros a la Virgen del Rocío.

A través de un mensaje y un breve vídeo en Twitter, Bal ha destacado que el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros representa «la primera pata del plan B» que la formación naranja exigía al Ejecutivo de Pedro Sánchez para «salir ordenadamente del estado de alarma». «La medida incluye nuestras aportaciones y es imprescindible para seguir luchando contra el coronavirus y reactivar la economía», ha afirmado. Entre esas aportaciones de Cs, ha mencionado que el objeto de la norma sea «prevenir frente a posibles rebrotes», que la distancia física exigida sea de 1,5 metros, que las empresas fomenten el teletrabajo y que, para el inicio de las competiciones deportivas, se tenga en cuenta el criterio de las comunidades autónomas, para que no se aplique «ningún tipo de privilegio» y se puedan celebrar «en régimen de igualdad».

Bal ya adelantó este lunes que pretendían introducir distintas «mejoras técnicas» en el decreto con el único objetivo reforzar la protección de la salud pública cuando ya no esté vigente el estado de alarma, cuya última prórroga finaliza el 21 de junio. Ciudadanos ha apoyado en el Congreso las seis prórrogas del estado de alarma que propuso el Gobierno, y para las tres últimas puso una serie de condiciones que Sánchez aceptó y que ha ido cumpliendo. Según ha recordado el portavoz parlamentario, una de esas exigencias era preparar un marco jurídico para poder actuar frente al virus sin tener que recurrir al estado de alarma.

Así, Cs seguirá negociando con el Ejecutivo para que se apruebe «una nueva legislación más potente» que haga posible mantener controlados los contagios sin volver a una «situación de excepcionalidad constitucional», según ha detallado. Bal ha defendido que su partido respaldó el estado de alarma porque era «la herramienta jurídica que permitía el confinamiento» de la población, y ha resaltado que de esta manera se ha logrado evitar 450.000 muertes en España por la Covid-19, según un estudio sobre varios países elaborado por el Imperial College de Londres. El dirigente de Ciudadanos ha afirmado que, durante la crisis del coronavirus, siempre han actuado «pensando en la salud de los españoles», apostando por «la política útil, la política que huye de los gritos» y que «no toma decisiones con las tripas, sino con la cabeza». «Otros se han quejado de que no había plan B, pero no han aportado nada para que exista esta salida de la crisis sanitaria. Nosotros nos hemos arremangado y nos hemos puesto a trabajar», ha manifestado.

Sea como fuere, a la espera de la concreción que, en buena lid, debería derivar  -o no, viendo los precedentes en forma de bandazos, perpetrados por este gobierno- del decreto que se apruebe este martes y su consiguiente publicación en el BOE, muchas son las dudas que, en estos momentos, orbitan alrededor de la posibilidad de celebrar procesiones o romerías masivas en los próximos meses, lo que induce a pensar que todas aquellas previstas, al menos hasta final de año, se encuentran en entredicho. Y probablemente también las que hayan de celebrarse la próxima primavera. Tanto es así que incluso hay alguna diócesis andaluza que ya ha anunciado que no habrá procesiones hasta final de 2020, por lo que empieza a cernirse sobre el universo cofrade un panorama ciertamente desolador a menos que una vacuna efectiva propicie otro escenario.

De lo contrario, cabe preguntarse: ¿Es la «nueva normalidad» el fin momentáneo de la religiosidad popular andaluza tal y como la hemos vivido los últimos siglos? ¿Pueden soportar las economías de las hermandades o de las bandas otro año sin procesiones? ¿Y dos o tres? ¿Pueden los profesionales y artesanos que regentan talleres y cuya economía familiar depende directamente del presuuesto de las hermandades? Al contrario de guerras y epidemias pretéritas, ¿Podrá acabar el coronavirus y las medidas del Gobierno con una tradición íntimamente enraizada en el alma de Andalucía? Y sobre todo, ¿cuándo habrá una vacuna y, por consiguiente, cuánto durará esta «nueva normalidad»?