Sevilla, ⭐ Portada

La Junta de Andalucía toma partido a favor del Consejo en el asunto de las sillas

Continúa acrecentándose la polémica derivada de la devolución del importe de las sillas y los palcos de la Carrera Oficial, reclamada por unos, denostada por otros, reclamada por Facua y puesta en duda por la OCU, que ha propiciado una denuncia de la propia Facua y la inmediata convocatoria de una asamblea extraordinaria por parte del Consejo General de Hermandades. Una cuestión que está generando sesudas diatribas sobre las que muchos se han pronunciado en los últimos meses, en la que hasta la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Espectáculos Públicos ha entrado.

Ha sido mediante un documento que ha sido desvelado por Diario de Sevilla que suscribe las tesis formuladas hace unos días por el delegado en Andalucía de la OCU (Organización de consumidores y usuarios), José Carlos Coutiño, en declaraciones realizadas en el programa Casa Hermandad, recogidas por Gente de Paz, en las que ponía de manifiesto que que las procesiones no se pueden catalogar como espectáculo público, por lo que no sería aplicable la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativos en Andalucía, normativa que FACUA esgrime para exigir la devolución.

El documento da la razón a la tesis de Coutiño afirmando que «quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley las celebraciones que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito laboral, político, religioso, sindical o docente», por lo que considera excluidas las «procesiones de Semana Santa, así como las romerías o cualquier manifestación religiosa similar» que en virtud de esta apreciación «no se consideran ni un espectáculo público ni una actividad recreativa, por lo que entran dentro de las exclusiones previstas en la ley 13/1999».

El propio Coutiño recordaba que estamos ante un asunto «muy complicado», antes de recordar que él mismo participó en la elaboración del primer reglamento que regula el uso y disfrute de las sillas y palcos, lo que le otorga «cierto conocimiento de como hubo que parir este régimen jurídico que regula unan sillas que hasta el año 2003» carecía prácticamente de regulación.

«Ahí hubo que parir una especie de contrato que está amparado en ese reglamento», recordaba, que regula una realidad que, en su opinión no es un espectáculo público porque, en el caso de Andalucía ,»excluye expresamente de su ámbito de aplicación manifestaciones religiosas, es decir, excluye las celebraciones que constituyan expresiones del derecho de la libertad religiosa». «De hecho, -explicaba- cuando esa ley se tramita se tramita en el año 99, tuve la ocasión de participar en las comparecencias parlamentarias y fue una de las objeciones que planteé: cómo se trataba el tema de las carreras oficiales y precisamente el PSOE, que es quien en ese momento tramita esa ley, me manifiestan públicamente que se entiende que están excluidas de la tramitación de la ley salvo para los aspectos técnicos».

«Por tanto -proseguía con su tesis-, si no tocamos esa base jurídica para pedir la devolución e base a la ley de espectáculos públicos, tenemos que tratarlo como un contrato que contiene unas condiciones generales de adhesión, que es verdad que podrían ser abusivas, pero habría que determinar la abusividad de esa clausula que dice que hay que pagar siempre en composición del resto de clausulas de ese reglamento». En base a este planteamiento, Coutiño concluye que la OCU no tiene claro si hay que devolver el dinero a los abonados. «Yo no voy a ser en este caso maximalista, porque habría que ir a los juzgados a que un juez dijera si es abusiva esa clausula que dice que hay que pagar siempre para seguir manteniendo un derecho, que más que un derecho es un privilegio -cabe recordar que los abonos se pueden mantener de por vida, traspasarse entre familiares e incluso ser heredado-«.

Respecto a esta cuestión, Coutiño reconoce que nos adentraríamos en «un terreno muy resbaladizo» ya que «cuando se hace este reglamento, se reconoce, no ya el derecho a la renovación vitalicia y perpetua, que lo tiene cualquier abonado que renueve todos los años sino, incluso, el derecho hereditario y el derecho a transmitirlo hasta un pariente de tercer grado de consanguinidad o afinidad», para disfrutar de un acontecimiento único que se puede presenciar gratis fuera de la carrera oficial.

«Es un negocio complejo –ha subrayado, una actividad económica evidentemente y por eso hay que pagar IVA, ese ha sido el razonamiento de la Agencia Tributaria a la hora de establecer el pago de un tributo, no el hecho de que sea un espectáculo público. Eso lo tendrá que determinar, primero, la Junta de Andalucía, que es la competente en materia de espectáculos públicos y por tanto tendrá que decir si lo es o no lo es, al amparo de ese artículo 1.4 de la Ley de 1999, y si no lo es, tendremos que ir a examinar ese contrato, esas condiciones generales y ver si existe proporción, equilibrio o no lo hay y se están infringiendo la Ley de defensa de los consumidores a la hora de imponer ese pago»

Un pago que, el delegado de OCU ha recordado que «no solo sufraga el uso de la silla puntual durante esa semana sino que existen unos gastos de montaje, de montaje, alquiler de sillas, de naves para guardar todo el material… es decir, tiene un tratamiento muy complejo y, desde luego, si esto al final lo tiene que decidir un juez… que no va a ser, porque me consta la llamada de la autoridad eclesiástica, la presión del poder civil y la propia conciencia de las hermandades, nos invitan a pensar que va a haber una fórmula de acuerdo, pero en la línea que se está ofreciendo a muchos otros sectores de nuestra economía».

«Ahora mismo -ha continuado- para reclamar la devolución de la entrada de cualquier evento, los reales decretos que regulan el Estado de Alarma, nos imponen 60 días de negociación; a las agencias de viajes les han dado un año de moratoria… es decir, existen muchas fórmulas de composición y aquí el acuerdo siempre va a ser mucho más beneficioso. A quienes han contratado un viaje no les van a devolver su dinero hasta dentro de un año y esto que da de comer a mucha gente en nuestra ciudad se pretende que se devuelva de inmediato».

«El dinero que va al Consejo y del Consejo a las hermandades no termina en los bolsillos de nadie, sino en las bolsas de asistencia social, en los talleres que dan empleo a muchísimos artesanos y yo creo que hay que invitar al diálogo, a la reflexión, y a través del diálogo encontrar una solución mucho menos dañina para el propio concepto de carrera oficial que someterlo a la decisión de una administración o de un juzgado, porque entonces vamos a tener que entrar en muchas cosas en las que probablemente ya tendríamos que haber entrado, esos derechos-privilegios», ha concluido.

Suscríbete

Introduce tu correo electrónico para recibir todas las novedades. 


Powered by WordPress Popup