La Audiencia de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel a Antonio Manuel C.L., ex mayordomo de la Hermandad del Valle entre 2007 y 2015, acusado de apropiarse de 134.000 euros durante el tiempo en que fue responsable de la contabilidad, según ha adelantado Diario de Sevilla. El rotativo hispalense ha especificado que el fallo de la Sección Cuarta de la Audiencia, fundamenta la condena por un delito de apropiación indebida y le impone una multa de 8 meses con una cuota de 6 euros (1.440 euros) así como a devolver los 134.000 euros de los que se apropió incrementados en los intereses de demora. Además deberá pagar las costas del proceso. La sentencia puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La Junta de Gobierno de la Corporación hispalense se ha pronunciado al respecto y mediante un comunicado difundido a través de sus medios oficiales de información en el que recuerda que «aunque la sentencia determina de que existen datos y evidencias de que los importes fueron muy superiores, la cantidad de la que indebidamente se apropio el condenado asciende a 134.000 €». Al mismo tiempo la Junta de Gobierno muestra «su pesar por el futuro personal del autor de estos hechos y su familia que tanto estará sufriendo, a la que deseamos lo mejor, dentro de la necesidad de cumplir sus obligaciones y responder de sus actos, incluyendo la de resarcir a nuestra Hermandad del daño que, ha quedado acreditado, sufrió».
“Queremos trasladar a todos los hermanos la tranquilidad de haber superado y solventado los defectos y carencias que la gestión económica tuviera, habiendo profesionalizado la economía de la hermandad, hasta el punto de que los dos últimos ejercicios han sido auditados externamente, con informe favorable, por una firma favorable, siendo la primera y única hermandad en la archidiócesis de Sevilla que ha realizado tal acción de transparencia y buen gobierno en su gestión económica”, concluye la nota.
Cabe recordar que el condenado ejerció como clavero, auxiliar de mayordomo en la hermandad del Valle hasta junio de 2007, cuando la Junta de Gobierno le nombró mayordomo, con las funciones de administración y gestión de bienes de la hermandad; vigilancia y control de los gastos; firmar y vigilar los contratos realizados; recaudar el de las cuotas, informar trimestralmente de todas las cuentas al Cabildo de oficiales y rendir cuentas anualmente.
Según la Fiscalía, que reclamaba tres años y seis meses de prisión y una multa de 1.800 euros por un delito continuado de apropiación indebida, así como una indemnización de unos 175.000 euros en favor de la hermandad, afirmaba que a partir del cese del difunto Félix Hernández como hermano mayor, “ya sin el debido control de la cuenta bancaria por parte ningún responsable de la hermandad”, el condenado, “aprovechando la confianza que había sabido ganarse” en la hermandad, empezó a expedir cheques sobre todo al portador que cobraba él mismo por ventanilla y de cuyo importe en buena medida “se apropiaba”, junto con parte de los ingresos que recibía la hermandad en efectivo.
En paralelo, para “disimular y ocultar las cantidades de las que se apoderaba”, comenzó a copiar en una hoja del programa informático Excel los movimientos de la cuenta bancaria, movimientos que acto seguido “modificaba a su antojo” creando al efecto “una cuenta o banco paralelos”, que era “la que presentaba” para la aprobación de las cuentas anuales. Incluso con motivo de su cese y relevo de funciones en favor de un nuevo mayordomo, según el Ministerio Público, el acusado habría asegurado al cabildo de oficiales que dejaba la contabilidad con 26.939 euros en la cuenta bancaria, extremo que no era cierto, reconociendo la distracción de “hasta 77.152 euros”, si bien un análisis contable del periodo comprendido entre 2011 y 2015 arrojaría un perjuicio económico de 175.982 euros.
En el juicio compareció como testigo del abogado el hermano del Valle Eduardo Muriedas, quien además ha ostentado una de las acusaciones particulares en esta causa. Muriedas rememoraba que fue Lucas Maireles como hermano mayor quien durante el otoño de 2015 le comunicó que había “un grave problema” por un “descuadre” de las cuentas, tras lo cual el acusado, como mayordomo de la hermandad, les habría reconocido que se había apropiado de 15.000 euros pero que estaba “dispuesto a devolver 30.000” euros, siendo descubierto después que en las cuentas figuraban como pagados conceptos pendientes de abonar, así como la expedición de “pagarés” cuyos concepto no habían sido satisfechos e incluso “una transferencia falsa”.
El condenado, según Muriedas, llegó a reconocer “que se había apropiado de 60.000 euros”, ante lo cual él pensó “tierra trágame”, porque ya intuía que era más la cuantía desfalcada. Así, señalaba que el condenado habría asumido “reconocimientos de deuda” por valor de 77.152 euros, siendo negociado un “juicio cambiario de reconocimiento de deuda” para que Antonio Manuel C.L., funcionario de la Junta de Andalucía y con un sueldo de algo más de 1.500 euros mensuales, abonase el dinero mediante 500 euros al mes y mil los meses de paga extraordinaria.
Así, achacaba al condenado una “apropiación” de fondos de la hermandad y posteriormente “camelos” para “demorar” el pago del dinero requerido, hasta el punto de que a día de hoy “no ha devuelto ni un euro”. Todo ello, según Muriedas, mediante un “plan preconcebido”, basado en que como mayordomo, gozaba de “toda la confianza” por parte de la hermandad. “Falsificaba los datos. Hacía los pagos, ordenaba su devolución y los presentaba” como resueltos, narraba, achacando al acusado un “sistema maquinado” por el desfalco.
Antonio Manuel C.L., de su lado, defendía que cuando accedió al cargo de mayordomo las cuentas “no se llevaban en condiciones”, sino de un modo “casero”, admitiendo que sufrió “descuadres” contables pero asegurando que dicha situación ya se daba antes de acceder él al cargo. En ese sentido, enumeró todo un rosario de incidencias en materia contable que afrontó como mayordomo, como gastos ordenados por la hermandad pese a no estar presupuestados, facturas “antiguas” sin pagar, pagos sin factura autorizados por la junta de gobierno y proveedores que reclamaban abonos imprevistos, hasta el punto de sufragarlos él de su “bolsillo” en múltiples ocasiones.
Según aseguraba el condenado, “el 90 por ciento de los pagos” de la hermandad eran realizados directamente “en efectivo”, insistiendo en incidencias como las descritas. “Me he comido marrones que no me correspondían”, se quejaba, lamentando no haber “parado los pies” a algunos de los miembros de la hermandad y admitiendo que se equivocó al asegurar al cabildo de oficiales que dejaba el cargo con 26.939 euros en la cuenta bancaria, porque se trataba de la cuantía que “debía” haber en la cuenta pero no la que realmente existía. Según reconocía, debería haber comunicado “antes” la situación real de las cuentas.
Así, el condenado negaba que se apropiase de dinero de la hermandad, atribuyendo a Muriedas una campaña de “acoso y derribo” para que él asumiese el agujero económico. En ese sentido, defendía que ante la hermandad, él admitió “descuadres, pero no deudas”, señalando respecto a los reconocimientos de deuda que “no sabía lo que firmaba” porque en aquella época estaba “muy mal psicológicamente” y en tratamiento. “Me dieron los papales para que firmase”, insistía, reiterando que Muriedas le “incitaba” una y otra vez “a pagar” y en aquellos momentos él estaba “hecho polvo” en el plano psicológico.
