La revirá | La Gran Vía de la vergüenza: cuando el Ayuntamiento abandona a los cofrades a su suerte

Lo sucedido el pasado martes en Granada durante el traslado del Señor de la Cena y María Santísima de la Victoria desde la Catedral, donde ambas imágenes habían participado en la exposición Kerygma, constituye un episodio de una gravedad que no puede despacharse como un simple desajuste organizativo. A las ocho de la tarde, el cortejo salió por la Puerta del Perdón y avanzó por Cárcel Baja hasta desembocar en una Gran Vía por la que seguían circulando vehículos, motocicletas y autobuses, en medio de una situación tan impropia como peligrosa. La falta de previsión en los cortes de tráfico obligó a detener la comitiva en plena calzada, con los participantes expuestos a un riesgo absolutamente evitable, hasta que la Policía Local terminó interrumpiendo la circulación ante la acumulación de personas. Que finalmente no se produjeran daños personales no convierte la irresponsabilidad en una anécdota ni borra la inquietud de quienes contemplaron aquellas imágenes, después ampliamente cuestionadas en las redes sociales. La cuestión no es cuántos días ocupan las hermandades la vía pública, sino el respeto, la seguridad y las garantías que merece cualquier actividad debidamente autorizada. Resulta ignominioso que quienes participan en un acto organizado conforme a los cauces establecidos puedan verse sometidos a semejante exposición por la incompetencia de quienes debían velar por su desarrollo. El argumento de la saturación del calendario cofrade no puede utilizarse como una coartada para eludir la verdadera pregunta: por qué no se adoptaron las medidas necesarias para proteger a las personas.

Lo ocurrido en Granada no constituye un caso aislado, sino que se inscribe en una dinámica que también está dejando episodios de naturaleza análoga en Sevilla y Córdoba, aunque no todos alcancen la misma gravedad ni reproduzcan idénticas circunstancias. En ambas ciudades, las hermandades se ven cada vez más abocadas a modificar itinerarios de cultos externos o incluso a cambiar las fechas previstas para celebrarlos, sin que parezca suscitarse una reflexión suficiente sobre las razones por las que son siempre las corporaciones las llamadas a adaptarse. Mientras tanto, el primero de mayo se reservan y cortan avenidas enteras para el paso de manifestaciones sindicales, incluso cuando su capacidad de convocatoria parece lejos de la de otras épocas, sin que ello impida disponer los medios necesarios para su desarrollo. En Córdoba, un rosario de la aurora que habitualmente se celebra por estas fechas llegó a ser prohibido porque un colegio trasladó a octubre la carrera infantil que tradicionalmente organizaba al comienzo del curso. ¿Por qué debe una hermandad alterar la fecha de un culto porque un centro educativo decide cambiar el día de una actividad? La cuestión no consiste en discutir el derecho de los escolares a celebrar su carrera ni el de los sindicatos a manifestarse, sino en preguntarse por qué las necesidades cofrades parecen quedar sistemáticamente subordinadas a decisiones ajenas. La recurrente invocación de la «falta de efectivos policiales» empieza a resultar poco convincente cuando se convierte en una respuesta automática para limitar o desplazar actividades cofrades, mientras otras convocatorias sí encuentran los recursos y la planificación necesarios. Si existen dificultades reales, deben explicarse y afrontarse con criterios objetivos; si esa fórmula se utiliza para encubrir otras prioridades, la ciudadanía tiene derecho a saberlo. Porque empieza a extenderse entre los cofrades la sensación de que sus hermandades incomodan a determinados sectores políticos, salvo cuando llega el momento de comparecer junto a sus titulares para hacerse la fotografía.

Por eso, el Ayuntamiento de Granada debe ofrecer explicaciones concretas sobre lo ocurrido en la Gran Vía, aclarar qué falló en la planificación, quién tenía atribuida la responsabilidad de garantizar la seguridad y por qué se permitió que el traslado alcanzara una vía abierta al tráfico sin las condiciones necesarias para proteger al cortejo. La intervención posterior de la Policía Local fue imprescindible, pero no puede servir para dar por resuelto un episodio que exigía prevención desde el primer momento. La responsabilidad institucional no consiste únicamente en reaccionar cuando el problema ya se ha hecho evidente, sino en anticiparse a los riesgos, coordinar los servicios implicados y asegurar que una actividad autorizada pueda desarrollarse con normalidad. Si de esa explicación se desprendieran negligencias de suficiente entidad, las consecuencias políticas deberán estar a la altura de los hechos, sin descartar ninguna responsabilidad, incluida la dimisión de quienes corresponda si se acreditara que incumplieron sus obligaciones. Y la preocupación no termina con aquel traslado: el próximo 29 de octubre está previsto el traslado de las imágenes a la Catedral y el 1 de noviembre, a partir de las cinco de la tarde, tendrá lugar una procesión extraordinaria en la que participará la Banda de Cornetas y Tambores María Santísima de la Victoria. Ambas citas requieren previsión, coordinación y garantías suficientes, no improvisaciones de última hora ni promesas tranquilizadoras que después se desmoronen sobre el asfalto. Las hermandades no reclaman privilegios, sino el mismo derecho a la seguridad y a la utilización ordenada del espacio público que se reconoce a cualquier otra convocatoria. Si se cierran calles para carreras populares, manifestaciones y otros acontecimientos, debe explicarse por qué un acto cofrade autorizado habría de quedar relegado a un segundo plano. La igualdad de trato no puede depender de la simpatía personal de un responsable político, de la oportunidad de una fotografía o de la rentabilidad mediática de una convocatoria.

Conviene que quienes gobiernan comprendan que la cercanía ideológica de una parte de los cofrades no constituye un cheque en blanco ni una renuncia a exigir responsabilidades. Las hermandades no son instrumentos de ningún partido, y sería un error convertirlas en arietes de una disputa electoral; pero sus hermanos, sus familias y quienes participan en sus cultos son ciudadanos con criterio propio, capaces de evaluar la gestión pública y decidir libremente a quién confían su voto. Son muchos, están presentes en la vida cotidiana de sus barrios y contribuyen al patrimonio cultural, social y religioso de sus ciudades, por lo que no deberían ser tratados como un colectivo al que se puede pedir paciencia indefinidamente mientras se le obliga a modificar sus planes para encajar en una agenda institucional que no siempre parece concederle la consideración debida. Quizá algunos empiecen a explorar otras opciones políticas si perciben que quienes deberían respetar sus tradiciones solo se acuerdan de ellas cuando necesitan exhibirse a su lado. No sería una represalia corporativa ni una utilización partidista de las hermandades, sino el ejercicio legítimo de una responsabilidad democrática individual. Granada merece saber por qué sus cofrades tuvieron que afrontar una situación semejante en la Gran Vía; Sevilla y Córdoba deben examinar también los episodios que están obligando a sus corporaciones a modificar recorridos o fechas de culto; y las administraciones han de demostrar que la escasez de recursos se gestiona con equidad, sin trasladar sistemáticamente el coste a los mismos. El respeto institucional no se proclama en los discursos ni se demuestra posando junto a una imagen: se acredita garantizando la seguridad de quienes la acompañan. Lo demás, por muchas veces que se repita el mantra de la falta de policías, seguirá siendo una forma de eludir el debate y de alimentar una desafección que ningún responsable debería permitirse ignorar.

Foto: La Hermandad de la Cena por la Gran Vía y la alcaldesa de Granada en un acto cofrade