Las Hermandades de Jerez reafirman la validez de sus cuentas tras un pleno extraordinario solicitado por 17 hermanos mayores

La Unión de Hermandades de Jerez celebró en la noche del miércoles un pleno extraordinario que volvió a situar el debate económico en el centro de la vida institucional de las cofradías jerezanas. La convocatoria, promovida por diecisiete hermanos mayores, tenía como propósito someter nuevamente a votación las cuentas del ejercicio 2024-2025 y de la Magna Mariana, con el fin de dilucidar posibles irregularidades financieras advertidas en los últimos meses.

Contexto y desarrollo de la sesión

El encuentro, celebrado en la sede del Consejo en la calle Curtidores, se desarrolló en un ambiente de expectación. El único punto del orden del día contemplaba la eventual revisión de las cuentas ya aprobadas en julio, sesión en la que los balances fueron ratificados con 37 votos favorables, siete contrarios y tres abstenciones. Sin embargo, tras las deliberaciones, la mayoría de los presentes decidió no proceder a una nueva votación, consolidando así los acuerdos previamente alcanzados y manteniendo la vigencia de los resultados económicos presentados por la presidencia.

Durante la sesión intervino el delegado episcopal de Asuntos Jurídicos, Juan Azcárate, quien ofreció una exposición detallada sobre el informe de auditoría correspondiente a los ejercicios 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024, aclarando aspectos técnicos y administrativos del proceso. Dicho informe fue objeto de debate por parte de varios hermanos mayores, especialmente a raíz de un documento emitido por el Obispado de Jerez, en el que se advertía la existencia de “graves irregularidades en la gestión económica”.

Posturas enfrentadas y legitimidad institucional

Pese a las explicaciones presentadas, una parte de los asistentes manifestó desacuerdo con la decisión de mantener cerrada la votación, insistiendo en la necesidad de una revisión más profunda que garantizase la transparencia y el fortalecimiento institucional de la Unión de Hermandades. Frente a esta posición, la mayoría defendió la legalidad y validez de las cuentas auditadas, subrayando que el proceso había contado con la participación de una empresa externa independiente, cuya labor de verificación respaldaba los balances presentados.

La decisión final de no reabrir el proceso contable fue interpretada por algunos sectores como un gesto de cohesión interna destinado a preservar la estabilidad del Consejo, mientras que otros la consideraron una oportunidad perdida para restaurar la confianza en la gestión económica.

Implicaciones y perspectivas

El pleno extraordinario, solicitado conforme a los estatutos de la institución, concluyó sin modificaciones sustanciales en las cuentas ni en la memoria económica de la Magna Mariana, celebrada el 19 de octubre de 2024, cuyos resultados se integraban en el cierre del pasado curso. La resolución adoptada reafirma, por tanto, la posición del Consejo en materia financiera, pero no disipa las discrepancias surgidas en el seno del colectivo cofrade.

Diversas fuentes presentes en la sesión advirtieron que el asunto podría trascender el ámbito interno, al considerar que algunas declaraciones vertidas en los últimos meses podrían afectar al honor y la reputación de los miembros del Consejo, cuestión que, de confirmarse, entraría en colisión con la legislación vigente en materia de derecho al honor y responsabilidad institucional.

Continuidad de la gestión y calendario inmediato

De forma inmediata, la atención se traslada al pleno ordinario convocado para este jueves, en el que se abordarán cuestiones de gestión ordinaria, entre ellas el presupuesto para el ejercicio 2025-2026, la programación de actividades y el informe del presidente.

En conclusión, la sesión extraordinaria del miércoles no alteró el escenario económico de la Unión de Hermandades, pero profundizó la división interna sobre los criterios de control financiero y los mecanismos de supervisión eclesial. La ratificación de las cuentas reafirma la continuidad administrativa, aunque mantiene abierto el debate sobre la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos comunes, aspectos que previsiblemente seguirán marcando la agenda institucional en los próximos meses.