Vox pide que Carmen Calvo comparezca en el Congreso por el derribo de la Cruz de las Descalzas y exige explicaciones a la Junta de Andalucía

El Grupo Parlamentario Vox ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, para que informe acerca de las medidas que va a adoptar el Gobierno frente al derribo por orden municipal de la Cruz del Llanito de las Descalzas, en Aguilar de la Frontera (Córdoba).

En concreto, esta cruz estaba junto a la fachada del conjunto histórico artístico del Monasterio de San José y de San Roque, declarado Bien de Interés Cultural en 1983 y «no contiene inscripción alguna alusiva a la Guerra Civil o el régimen de Franco», según destaca Vox en su solicitud de comparecencia.

Asimismo, el grupo parlamentario ha solicitado el expediente administrativo completo obrante en el Ayuntamiento de la localidad cordobesa conducente al derribo de la denominada Cruz de las Descalzas por orden de la alcaldesa de IU, Carmen Flores, el día 19 de enero.

En este sentido, la cruz fue retirada el martes por orden del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera alegando hacerlo en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática.

Al respecto, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha explicado este viernes a los periodistas en el municipio, acompañado por otros cargos de su partido, que «Vox lleva peleando por la permanencia de la cruz desde el pasado mes de julio», cuando iniciaron actuaciones en Aguilar «para luchar por la permanencia de este símbolo que a día de hoy resultaba tan importante para muchos aguilarenses».

Según ha expuesto, «la cruz era un símbolo de reconciliación, desprovisto de cualquier significado político», algo en lo que «lo había convertido desde el año 1981 el Consistorio de los primeros tiempos de esta democracia», ha remarcado, para subrayar que lo hizo «cerrando las heridas».

No obstante, ha advertido de que «con la complicidad de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, gobernado por el odio y por el resentimiento», ha llevado a cabo «una actuación no desprovista de una dosis elevadísima de mala fe», con la retirada de la cruz «en un acto de cristianofobia y sectarismo».

EXIGEN EXPLICACIONES DE LA JUNTA

A su juicio, «es evidente que la Consejería de Cultura le ha prestado, al menos aparentemente, el paraguas jurídico a la regidora comunista de Aguilar de la Frontera para la retirada de la cruz, que en un acto de desprecio, que no tiene precedentes, fue abandonada en un vertedero, ofendiendo los sentimientos, ya no sólo de las personas que puedan sentirse cristianas, sino de cualquier persona con un mínimo de buena fe».

Por eso, desde Vox van a exigir a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que «aplique la necesaria transparencia, que se conozcan perfectamente cuáles han sido las actuaciones que desde la Consejería se han prestado para conocer perfectamente cuáles son las decisiones que se han tomado desde el Departamento de Patrimonio».

Además, ha señalado que «si, como todo apunta, la responsabilidad de la consejera es notable y es en última instancia la que ha permitido esta actuación de odio, seguiremos insistiendo y exigiendo su cese por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno», ha declarado Hernández.

PIDE COPIAS DEL EXPEDIENTE

Igualmente, el portavoz de Vox ha informado de que su grupo ha solicitado en el Congreso de los Diputados una copia del expediente de este asunto, así como en el Ayuntamiento de Aguilar y en la Delegación Territorial de Cultura de la Junta.

Asimismo, ha destacado que Vox ha registrado en el Parlamento de Andalucía la solicitud de comparecencia de la consejera «para dar las oportunas explicaciones», a la vez que se ha pedido «información por escrito para que se aporte al grupo parlamentario el expediente», al tiempo que «se han hecho todas las gestiones para intentar conseguir el ‘corpus’ de la actuación de la Junta de Andalucía».

Al hilo, ha remarcado que «todo apunta a que evidentemente ha sido el permiso más o menos expreso de la Junta el que ha servido de excusa jurídica para que la alcaldesa, en un acto que ofendía y molestaba a gran parte de los vecinos de este pueblo» y con «provocación, enfrentamiento y reapertura de viejas heridas», haya ejecutado la retirada.

Entretanto, ha comentado que «hasta la fecha lo que se ha dicho no nos satisface, porque la Junta de Andalucía ha permitido, auspiciado y proporcionado ese paraguas jurídico» para que «el gobierno de Aguilar procediese a la demolición».

Así, Hernández ha abundado en que «salvo que los expedientes dijeran algo que hasta la fecha no se conoce, evidentemente la consejera deberá asumir sus responsabilidades y, llegado el caso, dimitir».

También, ha citado que «hay diferentes colectivos que han iniciado actuaciones» en el ámbito judicial y incluso por parte de Vox «se estudia esa posibilidad», ha expresado su portavoz, para abundar en que «es evidente que se está ante un acto de odio y resentimiento», cuando «a día de hoy ni era una preocupación para los aguilarenses que veían esa cruz como un símbolo religioso más, que estaba desprovisto de cualquier significación política que la pudiera haber tenido en la Transición y aún así no era un símbolo de odio ni de enfrentamiento, sino de reconciliación», ha dicho.

En su opinión, «es una manera de desviar la mirada sobre los problemas reales que desde esta Alcaldía y cualquier perspectiva comunista están desbordados y que no sabrían cómo acometer, como es luchar contra el paro, el desempleo y la despoblación, que son realmente las cosas en las que deberían estar preocupados».

Preguntado por el hecho de que la alcaldesa, Carmen Flores (IU), no quiera dar explicaciones hasta la próxima semana con toda la documentación, Hernández ha subrayado que «si va a esperar hasta tener los papeles, lo que hizo fue actuar por la vía de hechos» con «la altanería de la que hace gala tantas veces la izquierda, que demuestra un desprecio por la legalidad y las normas», que, a su juicio, «es verdaderamente preocupante». Y ha cuestionado que «si están esperando a hacer otro nuevo expediente ‘a posteriori'».