El Alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, afirma que la Macarena tiene la «voluntad» de «solucionar» el asunto de la tumba de Queipo sacando sus restos de la Basílica en cumplimiento de la nueva ley de «Memoria Histórica»

El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha mostrado este martes su satisfacción ante la «voluntad» de la hermandad de la Macarena de «cumplir» la futura nueva Ley nacional de Memoria Histórica y Democrática una vez concluya su desarrollo parlamentario y entre en vigor, ante la demanda de que su basílica deje de acoger la tumba del general español Gonzalo Queipo de Llano a cuenta de los fusilamientos perpetrados bajo su mando tras el golpe de estado de 1936, pesando al respecto un acuerdo plenario que reclama tal extremo y la ley andaluza en la materia, que necesita un desarrollo reglamentario según el actual Gobierno autonómico de PP y Cs.

En declaraciones a los medios de comunicación en una visita a la muralla almohade de la Macarena con motivo de sus trabajos de restauración, Muñoz ha recordado que el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, señalaba meses atrás que la entidad está a la espera de la entrada en vigor de la nueva regulación nacional en materia de memoria histórica, en relevo de la de 2007, y el diseño de su desarrollo reglamentario, para aplicar la futura nueva normativa si procede en el caso de la citada tumba.

«Me congratulo de esa voluntad de cumplir la ley y el Ayuntamiento velará indudablemente por ese cumplimiento», ha asegurado el alcalde ante las preguntas de los medios de comunicación. Sobre el asunto, recordémoslo, pesa el acuerdo plenario aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla en julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto contrario del PP, reclamando precisamente que el templo de la hermandad de la Macarena deje de acoger dicha tumba.

Merced a dicho acuerdo plenario, el Consistorio avisaba a la hermandad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla sobre el contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica y las obligaciones que de ellas derivan para los particulares y organizaciones privadas.

EL PAPEL DE LA JUNTA

En paralelo, recordemos que en virtud de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma, la Junta anunciaba en julio de 2018 la creación de un comité encargado de emitir un dictamen «vinculante» sobre la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y otros «elementos contrarios a la memoria histórica que no hubiesen sido retirados o eliminados voluntariamente por parte de sus titulares».

Pero más recientemente, la actual consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo (PP), insistía en que para solucionar el caso de la tumba de Queipo de Llano todavía sería necesario un desarrollo reglamentario de la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática.

Por aquella época, el pleno del Parlamento andaluz rechazaba una proposición no de ley (PNL) destinada a reclamar que la Junta de Andalucía pidiese a la hermandad de la Macarena la retirada de la tumba de Queipo de Llano, al votar en contra el PP, Cs y Vox.

CASOS DIFERENTES

En paralelo, el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla aclaraba que median «palmarias diferencias» entre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y la demanda de que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba de Queipo de Llano, pues el Valle de los Caídos es un espacio público y la basílica un «lugar privado de uso público».

Al respecto, la hermandad de la Macarena viene defendiendo que el columbario proyectado por la entidad «podría suponer en un futuro una posible vía de solución» al enterramiento del general español si así lo aceptase la familia del mismo, avisando además de que con la Ley Andaluza de Memoria Histórica tal como está «dictada», sin un «reglamento que la perfeccione», no pesa sobre la hermandad «ninguna obligación de sacar» como tal los restos del militar.