Una de las características de la cultura española a lo largo de la contemporaneidad, es el continuo movimiento pendular en el que se mueve la sociedad pasando, sin solución de continuidad, del oscurantismo más absoluto al progresismo más recalcitrante y corrupto, para volver a empezar. Nosotros, los españoles, siempre hemos ido a remolque de los grandes movimientos sociales, económicos y culturales que han ido moldeando el mundo occidental y, más concretamente la Europa actual, a pesar de que seamos la cuarta economía del espacio Schengen. Efectivamente, la revolución o revoluciones que experimenta nuestro continente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII con el movimiento de la Ilustración, el triunfo de la Revolución Francesa (1789-1799) y los inicios de la primera revolución industrial en el Reino Unido, permite que la burguesía tome las riendas del poder y la población cambie su estatus de súbdito a ciudadano. Lamentablemente, esto no va a ocurrir en España al compás de los tiempos, si no que será un proceso largo, complicado y sangriento provocado por la debilidad congénita de la burguesía hispana. Esto hará que, permanentemente, tenga que acudir a “espadones” para lograr imponer sus ideas: Riego, Espartero, Narváez, O’Donnell, Prin, Pavía, Primo de Rivera o Franco, constituyen los jalones sobre los que se ha ido cimentando la construcción de la modernidad española. Este continuo acudir a generales tiene su correlato en el constitucionalismo español del siglo XIX, donde se alternarán las constituciones conservadoras y progresistas, impuestas por el bando ganador en cada momento. Sólo la Constitución de 1869 reconoce el derecho al sufragio universal para los hombres, las mujeres habrán de esperar a la proclamación de la Segunda República para obtener el derecho a voto, gracias al apoyo de los partidos de la derecha, ya que los partidos izquierdistas se negaban a su concesión, argumentando que las mujeres podrían verse influidas por sus padres, por sus maridos o por los curas.
En este marco institucional, las relaciones con la Iglesia se han visto influenciadas de forma decisiva. Como se suele decir, los españoles o corremos delante de los curas, o lo hacemos detrás de ellos. No hay término medio. Esta dinámica puede apreciarse de forma notable a lo largo de los siglos XIX y XX y en lo que va del siglo actual, en el que pintan bastos para todo lo que huela a incienso, gracias a la acción de los lobbys defensores del wokismo en sus múltiples variantes.
A la muerte del felón, Fernando VII, la burguesía española se hace con las riendas del poder, aunque con escasísima capacidad de maniobra, dados los menguados recursos con los que cuenta la hacienda pública que se ve abocada, una y otra vez, a la emisión de títulos de deuda para poder satisfacer las necesidades del reino, situación heredada de monarcas anteriores y que ahora se ve agravada de forma exponencial. Esta continua edición de deuda hará que ésta se vea devaluada constantemente, lo que obligará a los distintos gobiernos a adoptar una medida drástica: la desamortización de bienes eclesiásticos, esto es, la apropiación por parte del Estado y por decisión unilateral suya -¿va sonando la música?- de bienes inmuebles pertenecientes a «manos muertas» es decir a la Iglesia y a las órdenes religiosas; venta de los mismos, y asignación del importe obtenido con las ventas a la amortización de los títulos de la deuda. Durante el reinado de Carlos III ya hubo unos primeros atisbos. Posteriormente, será el Godoy, el primer ministro de Carlos IV, quien, en 1798, y con la aquiescencia de la Santa Sede, expropia los bienes de la Compañía de Jesús (suprimida en 1773) y de obras pías que, en conjunto, venían a ser una sexta parte de los bienes eclesiásticos.
Durante el reinado de José Bonaparte (1808-1813) se suprimen todas las órdenes religiosas, por lo que pasan a manos del reino todas sus posesiones. Siete años después, con el levantamiento del general Riego y la proclamación de la Constitución de Cádiz, el llamado Trienio Liberal (1820-1823), se incorporan a los bienes desamortizados los que eran propiedad de la Inquisición, recientemente desaparecida. Es en este período cuando el Alcázar de los Reyes Cristianos pasa a manos municipales, para convertirlo en cárcel pública. No obstante, será durante la minoría de edad de la reina Isabel II cuando, de la mano del conde de Toreno, se aprobó una Real Orden de Exclaustración Eclesiástica del 25 de julio de 1835 por la que se suprimían todos los conventos en los que no hubiera al menos doce religiosos profesos. Su sucesor, Juan Álvarez Mendizábal (1836), decretó la supresión de todos los monasterios de órdenes monacales y militares, llevando a cabo la gran desamortización de bienes eclesiásticos. Para el caso de nuestra ciudad, resulta esclarecedor el libro titulado “La desamortización eclesiástica en la ciudad de Córdoba (1836-1845)”, extracto de la tesis doctoral del primer alcalde de la democracia, Julio Anguita González, donde se recogen todos los conventos que pasaron a manos privadas durante aquel período. Entre ellos podemos destacar el convento de San Martín de monjas Benitas y Bernardas cuyo so lar será el origen del Paseo del Gran Capitán. El convento de Nuestra Señora de las Nieves, Agustinas, actual sede del Real Círculo de la Amistad. El convento dominico de los Santos Mártires Acisclo y Victoria, cuya demolición permitirá la apertura de la Ronda de los Mártires para facilitar el tráfico procedente del norte peninsular en dirección sur. El antiguo Hospital de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, fundado por la hermandad del mismo título en el siglo XV, origen del actual Museo de Bellas Artes.
Como podemos comprobar, el actual anticlericalismo hunde sus raíces en las postrimerías del siglo XVIII y exacerbado a lo largo de la centuria siguiente. Una de las consecuencias, típicamente hispana, es que la corrupción del proceso, no permitió solventar el problema de la deuda, además, el Estado acabó de abonar el justiprecio de las expropiaciones, ¡a comienzos de la década de los sesenta del pasado siglo! Por otra parte, tampoco se consiguió el reparto de la propiedad pues, a la postre, ésta acabó acaparada por una minoría que logró hacerse con grandes latifundios en el campo que siguieron infraexplotados, y con numerosos inmuebles urbanos que fueron objeto de especulación urbanística por parte de sus propietarios. Como contrapartida, las medidas desamortizadoras permitieron la creación de museos, centros sociales o mejoras urbanísticas. El problema es que todo esto podría haberse conseguido sin tantos aspavientos y con menos demagogia.
Foto portada: Ermita de los Santos Mártires, vestigio que queda del desaparecido convento del mismo nombre. Foto: Archivo de Francisco Román Morales
