A paso mudá | ¿Quién gana con el 7%?

Hay noticias que llegan envueltas en palabras muy bonitas: derechos de autor, reconocimiento, dignificación de la profesión, remuneración de los compositores. Y, en principio, nadie debería estar en contra de que un creador pueda percibir aquello que legalmente le corresponde por el uso de su obra.

Pero luego aparece la cifra: un siete por ciento.

La SGAE prepara para 2027 una tarifa específica para la música procesional que supondrá un 7 % sobre el importe destinado a contratar las bandas cuando se interpreten obras protegidas. La medida nace de una reivindicación de autores de este género y pretende reconocer económicamente el uso de sus composiciones.

Hasta ahí, todo parece sencillo.

Pero quizá la pregunta incómoda sea otra: ¿a quién beneficia realmente este modelo?

Porque la música procesional también ha cambiado. Hoy existe una generación de compositores que escribe, estrena y pelea por hacerse un hueco en un mercado en el que conseguir que una marcha sea interpretada de manera habitual no resulta precisamente sencillo. Y mientras tanto, buena parte del repertorio que más se interpreta procede de compositores que llevan décadas construyendo un catálogo y acumulando obras que continúan presentes en los repertorios.

¿Es legítimo que cobren por sus derechos? Por supuesto.

Pero también es legítimo preguntarse si este sistema puede terminar generando una diferencia todavía mayor entre quienes ya tienen una obra consolidada y quienes están intentando construirla.

Porque aquí aparece una paradoja.

Durante años hemos hablado de la necesidad de impulsar la creación musical, de dar oportunidades a los nuevos compositores, de renovar repertorios y de conseguir que la música procesional siga evolucionando. Y ahora establecemos un sistema en el que cada interpretación de una obra protegida genera un coste adicional para quien contrata la banda.

Entonces habrá que preguntarse si estamos incentivando realmente la creación o, por el contrario, estamos convirtiendo el repertorio más consolidado en una especie de patrimonio económico recurrente.

Y hay otra cuestión todavía más delicada.

Si una marcha se interpreta cientos de veces mientras otra apenas consigue estrenarse, el sistema de derechos puede terminar reproduciendo también esa desigualdad. No porque alguien esté haciendo nada ilegal, sino porque el propio funcionamiento del mercado favorece a quien ya tiene presencia.

Quizá el problema no sea que los compositores quieran vivir de sus obras. Es perfectamente comprensible que quieran hacerlo.

El problema sería que confundamos el derecho a cobrar por una creación con el derecho a vivir eternamente de un modelo que quizá necesita ser revisado.

Porque crear una marcha debería seguir siendo un acto artístico antes que una inversión económica.

Y porque si algún día empezamos a elegir repertorios pensando no solamente en qué queremos escuchar, sino también en cuánto nos va a costar interpretarlo, habremos introducido una variable económica que puede terminar condicionando algo que hasta ahora pertenecía principalmente al terreno musical.

Por eso el 7 % merece algo más que aplausos o indignación.

Merece preguntas.

¿Cuánto llegará realmente a los autores? ¿Cómo se repartirá? ¿Qué peso tendrán los compositores más interpretados? ¿Qué oportunidades tendrán los nuevos? ¿Cómo afectará a las hermandades pequeñas? ¿Y qué consecuencias tendrá sobre los repertorios?

Porque defender los derechos de los compositores es una cosa.

Convertir la música procesional en un modelo de explotación económica cada vez más complejo es otra.

Y entre una cosa y la otra hay un debate que todavía está por tener.