La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, cuya junta directiva está vinculada sin matices con la extrema izquierda, ha remitido un comunicado a los medios en el que se opone taxativamente a que se permita a La O realizar su próxima salida procesional desde el Centro Cívico de Levante. Una posición que no sorprende a nadie habida cuenta de la animadversión manifiesta de los dirigentes de la Federación cuando se trata de cualquier asunto que huela, aunque sea remotamente, a incienso. El comunicado expone que el Reglamento excluye la cesión para cualquier acto “que tengan fines lucrativos y las de contenido político, religioso, sindical, empresarial o comercial”, por lo rechaza que “el pretendido uso de un centro cívico para la preparación, organización y salida de una procesión, ocupando un total de doce días, está comprendido dentro de las exclusiones que el citado artículo define”
Sobre la doble vara de medir que ha permitido a la formación Ganemos, también de extrema izquierda y marca blanca de Podemos en la ciudad de San Rafael, Al. Zahara afirma que “si ha existido algún error en el uso de estos espacios, permitiendo celebrar actividades políticas, primero, no justifica seguir incumpliendo el reglamento con actividades religiosas; y, segundo, debe evitarse que se sigan realizando estas vulneraciones del mismo”. En opinión de la Federación, que se ha significado en posicionarse siempre contra la Semana Santa y las cofradías, “lo importante es qué actividad se quiere realizar y no la entidad del solicitante”
En cualquier caso, la junta directiva de la Federación sostiene que “corresponde, tanto a la Delegación de Participación Ciudadana como a la entidad que haya realizado actividades políticas, dar las preceptivas explicaciones, y a la luz de estas actuar en consecuencia, siempre teniendo en cuenta que todo pasa por el cumplimiento del Reglamento. No dar las explicaciones oportunas sería una confirmación de que no se ha actuado conforme al Reglamento o que la Delegación de Participación no ha hecho una interpretación correcta del mismo”.
Subrayando que “hay que dejar muy claro que el único órgano que tiene competencias sobre los usos de los centros cívicos es la Delegación de Participación ciudadana”, y que “querer dejar entrever que las decisiones sobre quien puede usar un centro cívico no las toma esta Delegación, es sin duda de un total desconocimiento por parte de quien lo asevera, o algo mucho peor, querer desviar la responsabilidad al movimiento ciudadano representado en el CMC, que para nada interviene en la determinación de quien usa o no un centro cívico y solo cumple su obligación de exigir que se cumpla el reglamento vigente desde hace veinte años”.
“Si finalmente se acepta el uso del centro cívico para una salida procesional, para otra actividad religiosa o para seguir celebrando actividades políticas, – advierte el comunicado – estaremos abriendo la espita a la posibilidad de que otras entidades políticas y cualquier confesión religiosa o pseudorreligiosa pueda abogar para poder usar los centros cívicos. Esto supondría una financiación encubierta de dichas entidades que convertirían en sus sedes a los centros cívicos, sustrayéndoles su uso ciudadano abierto”.
