La Hermandad del Resucitado de Sanlúcar ha recibido una propuesta de sanción de 30.001 euros tras la salida extraordinaria realizada el pasado 8 de diciembre, según consta en un acta levantada por la Policía Local de Sanlúcar de Barrameda, tal y como ha adelantado el medio local Barramedia. La infracción ha sido calificada como muy grave, al considerar que el traslado de la Virgen de la Paz se llevó a cabo sin autorización municipal expresa y que atentaba contra la seguridad pública.
Un nuevo episodio del conflicto institucional en la ciudad
La sanción se enmarca en un contexto de enfrentamiento abierto entre el Ayuntamiento y la Policía Local, un conflicto que viene acumulando episodios en los últimos meses. En esta ocasión, la corporación cofrade se ve directamente afectada por una propuesta económica de elevada cuantía que añade tensión al clima institucional de la ciudad.
Una salida vinculada a un aniversario religioso
La salida sancionada formaba parte de los actos conmemorativos del 150º aniversario de las Hermanas de la Cruz, e incluía traslado, misa jubilar y rosario vespertino. La imagen fue trasladada a las 9:00 horas desde la Iglesia de San Francisco hasta el Convento de las Hermanas de la Cruz de Sanlúcar de Barrameda, en un recorrido inferior a 200 metros, según se detalla en el expediente.
La clave de la sanción: la falta de autorización expresa
El acta de denuncia fundamenta la propuesta sancionadora en la ausencia de autorización municipal, pese a que, según fuentes próximas a la hermandad, la solicitud fue tramitada en tiempo y forma siguiendo el procedimiento habitual utilizado por las corporaciones para comunicar cultos externos. Desde ese entorno señalan que el silencio administrativo del Ayuntamiento es el origen de toda la situación.
Amparo legal y calificación de infracción muy grave
La Policía Local encuadra los hechos dentro de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, concretamente en su artículo 35.3, relativo a la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando una prohibición o suspensión acordada por la autoridad competente por motivos de seguridad pública. Bajo este criterio, se propone una sanción económica de 30.001,00 euros.
El silencio administrativo, eje de la controversia
En la descripción de los hechos, la hoja sancionadora recoge que la actividad se realizó quebrantando una supuesta suspensión o prohibición previa. No obstante, el propio documento reconoce que el responsable de la hermandad comunicó la salida a la Unión de Hermandades, entidad que trasladó dicha información a la Delegación de Fiestas. Este extremo ha sido comprobado por este medio, constatándose que no hubo respuesta municipal, en un contexto marcado por la falta de efectivos de la Policía Local.
Tramitación a través del Consejo Local de Hermandades
La autorización fue solicitada mediante el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, que registró la petición en el Ayuntamiento conforme al procedimiento ordinario. Sin embargo, la hermandad asegura que no recibió contestación alguna antes de la fecha prevista para la salida, lo que derivó en la celebración del acto tal y como estaba programado.
Postura de la Policía Local y continuidad del expediente
Desde la Policía Local se mantiene que no existía autorización válida, argumento central sobre el que se sostiene la propuesta de sanción. El expediente administrativo deberá continuar ahora su tramitación, abriéndose el plazo de alegaciones antes de que se dicte una resolución definitiva.
Preocupación ante el calendario festivo y cofrade
La cuantía de la sanción tiene un impacto directo en la economía de la corporación y añade inquietud en el ámbito cofrade local, especialmente ante la proximidad del Carnaval, los actos religiosos de Cuaresma y la Semana Santa. Todo ello se produce bajo el mandato del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, presidido por Carmen Álvarez Marín, de Izquierda Unida que gobierna en coalición con el Partido Socialista Obrero Español -siete concejales cada uno-, en un escenario que vuelve a situar la gestión municipal de la seguridad y los actos públicos en el centro del debate ciudadano.
