El cirineo | Las lecciones del obispo que debería aprender la curia antes que las hermandades

Hay que tener una notable dosis de desahogo para plantarse ante los cofrades y explicarles, en pleno siglo XXI, que deben acoger en sus hermandades a homosexuales, divorciados vueltos a casar y personas de toda condición. No porque el mensaje sea reprobable, sino porque resulta de un cinismo difícil de digerir que quien viene a impartir semejante lección parezca ignorar quién lleva toda la vida practicándola y quién continúa poniendo obstáculos para que esa acogida sea verdaderamente plena. El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha defendido en Cádiz que todos están llamados a encontrar su sitio en las corporaciones, que nadie debe sentirse desplazado y que la piedad popular constituye un espacio privilegiado de encuentro. Es cierto que monseñor Satué nunca ha parecido ser el lápiz más afilado del lapicero, pero posicionamientos como este, ocurrencias como esta, propician que se empeñe en demostrarlo científicamente. Magnífico. Aplausos. Palmas por igual. Pero, una vez terminada la conferencia y apagados los focos, convendría formular una pregunta bastante sencilla: ¿de verdad necesita la Iglesia explicarles a las hermandades cómo acoger a quienes llevan décadas encontrando en ellas un hogar, incluso cuando desde las propias instancias eclesiásticas se les cerraban otras puertas? Porque una cosa es proclamar una idea hermosa ante un auditorio y otra muy distinta afrontar las consecuencias de defenderla cuando el problema deja de ser una frase bien construida y adquiere nombres, apellidos y responsabilidades concretas.

Si existe un ámbito de la Iglesia católica en el que homosexuales, divorciados y personas de las más diversas circunstancias personales han convivido con naturalidad, han desarrollado su vida de fe y han ocupado puestos de responsabilidad, ese ha sido, históricamente, el universo de las hermandades. No estamos hablando de una apertura recién estrenada ni de una revolución pastoral impulsada por el último documento episcopal. Estamos hablando de una realidad que viene de lejos, de cofrades que han formado parte de juntas de gobierno, han ejercido como hermanos mayores, han desempeñado responsabilidades al frente de cuadrillas costaleras y han contribuido al sostenimiento de sus corporaciones sin que su vida afectiva o familiar haya impedido que su compromiso cofrade fuese tan legítimo como el de cualquier otro hermano. Lo han hecho durante generaciones, también en tiempos mucho menos propicios para la diversidad, cuando la sociedad era más estrecha y el silencio constituía, demasiadas veces, la única forma de proteger la intimidad. Las hermandades han sido, con todas sus contradicciones, espacios donde la convivencia ha funcionado con una espontaneidad que otras estructuras eclesiales no siempre han sabido comprender. Por eso resulta tan desconcertante que ahora se les explique desde un púlpito lo que llevan tanto tiempo haciendo. No necesitan que nadie les descubra la acogida; necesitan que no se les castigue por practicarla.

Porque aquí está el verdadero nudo del asunto, el que parece desaparecer bajo la dulzura de las palabras episcopales: la contradicción entre la acogida que se exige a los cofrades y las restricciones que todavía pueden encontrar cuando aspiran a ejercer determinadas responsabilidades dentro de la Iglesia. Está muy bien reclamar que una pareja homosexual o una persona divorciada y vuelta a casar encuentre su sitio en una hermandad. Lo que ya no resulta tan edificante es que, cuando alguna de esas personas pretende formar parte de una junta de gobierno, presentarse a hermano mayor, ejercer como capataz o pronunciar un pregón, su situación personal pueda convertirse en motivo de sospecha, veto o impedimento, por la censura que emana del palacio episcopal. Y no hablamos de una hipotética discriminación nacida de la imaginación de cuatro exaltados, sino de una tensión real entre la vida cotidiana de las corporaciones y determinadas interpretaciones o decisiones de quienes ejercen la autoridad eclesiástica. En demasiadas ocasiones, la normalidad cofrade ha dependido de la sensibilidad de un director espiritual, del criterio de una junta de gobierno dispuesta a defender a sus hermanos, aunque ellos pudiera acarrear consecuencias o, sencillamente, de que ciertos aspectos de la vida privada permanezcan ocultos para evitar problemas. Que una persona pueda ejercer una responsabilidad por la buena voluntad de quien la protege, o porque nadie haya preguntado demasiado, no es precisamente la mejor demostración de una Iglesia que acoge sin condiciones. Es la evidencia de que todavía existen situaciones en las que la dignidad del cristiano depende más de las circunstancias que de una verdadera igualdad de trato.

Y por eso convendría que la curia, antes de repartir instrucciones, practicara un ejercicio elemental de introspección. Mirarse el ombligo, que no es una disciplina especialmente complicada, aunque a veces parezca reservada a quienes no tienen inconveniente en examinar la vida ajena con microscopio mientras observan la propia con los ojos cerrados. El obispo Satué pide a las hermandades que sean espacios donde todos se sientan acogidos, respetados y amados tal y como son. De acuerdo. Pero ¿qué sucede cuando ese mismo cofrade aspira a formar parte de una Junta de Gobierno o sale de la hermandad y se encuentra con que su situación personal puede limitar sus posibilidades de participar en determinadas responsabilidades eclesiales? ¿Quién le explica entonces que forma parte del pueblo de Dios en igualdad de dignidad, pero que su condición puede convertirse en un obstáculo cuando pretende asumir ciertas funciones? ¿Quién le pide disculpas por haberle colocado en una categoría distinta, por haberle hecho sentir que debe justificar su vida para demostrar que merece ocupar un lugar que otros reciben sin tener que dar explicaciones? La Iglesia no puede presumir de una acogida ejemplar porque una hermandad mantenga abiertas sus puertas mientras ignora las barreras que pueden levantarse en otros ámbitos de su propia estructura. La Iglesia somos todos, no solamente quienes ocupan los despachos desde los que se dictan las condiciones de pertenencia. Y si los cofrades llevan décadas sosteniendo una convivencia que algunos sectores de la jerarquía todavía miran con recelo, quizá haya llegado la hora de que las lecciones comiencen por quienes más capacidad tienen para convertir las palabras en normas y las normas en obstáculos.

Para los menos avezados en lectura comprensiva: que nadie interprete estas líneas como una crítica a la acogida, a la fraternidad o a la necesidad de que las hermandades sigan siendo lugares donde cualquiera pueda acercarse a Cristo. Todo lo contrario. Precisamente porque creo en esa capacidad de las corporaciones para reunir a personas diferentes alrededor de una devoción compartida, me irrita que se las presente como alumnas necesitadas de una pedagogía que llevan toda la vida impartiendo sin reclamar medallas. Las hermandades no son perfectas, también discriminan en ocasiones y tienen mucho que mejorar, pero sería injusto ignorar el papel que han desempeñado como espacios de convivencia para personas que no siempre han encontrado la misma naturalidad en otros ámbitos de la Iglesia. Han mantenido vínculos, sostenido amistades y permitido que muchos cofrades vivieran su fe sin convertir cada circunstancia personal en un interrogatorio. Y lo han hecho incluso cuando esa normalidad chocaba con criterios procedentes de instancias superiores. Por eso, si el obispo —enarbolando el dedito, cual irritante Señorita Rottenmeier— quiere que las hermandades avancen en la acogida, encontrará en ellas interlocutores dispuestos a escuchar, básicamente porque sólo tendrán que seguir haciendo lo que siempre han hecho. Pero también debería encontrar el valor de formular una exigencia hacia dentro: que la misma sensibilidad que se pide a las corporaciones inspire las decisiones de quienes tienen autoridad para impedir que sus miembros accedan a determinadas responsabilidades. No basta con pedir que nadie se sienta excluido; hay que dejar de producir exclusiones. Lo contrario es convertir la misericordia en un discurso de escaparate y la fraternidad en una obligación que solo deben cumplir los de abajo.

Así que, con todo el respeto institucional que merece un obispo y con toda la libertad crítica que merece una cuestión de esta naturaleza, estaría bien que la jerarquía eclesiástica dejara de mirar a las hermandades como si tuviera que enseñarles ahora a tratar con dignidad a sus propios hermanos. Los cofrades no necesitan una conferencia para descubrir que una persona homosexual puede querer a una Virgen, cargar un paso, mandar una cuadrilla, dirigir una corporación, pronunciar un pregón o vivir su fe con la misma intensidad que cualquiera. Tampoco necesitan que nadie les explique que un divorciado vuelto a casar puede formar parte de una comunidad y aportar a ella su tiempo, su trabajo y su devoción. Lo saben porque lo han vivido, porque lo han practicado y porque, en no pocas ocasiones, han tenido que defenderlo frente a quienes deberían haber sido los primeros en comprenderlo. Si de verdad se quiere avanzar, la pregunta no debería ser únicamente cómo acogen las hermandades, sino qué hace la propia Iglesia para que esa acogida no se convierta en una anomalía tolerada, una concesión personal o una realidad que conviene mantener discretamente fuera de la vista. Antes de pedir gestos a los demás, convendría revisar los propios. Antes de impartir lecciones, comprobar si quienes las reciben llevan años cumpliendo ya con lo que se les exige. Y antes de hablar de una Iglesia en la que todos caben, garantizar que nadie sea tratado como un cristiano de segunda cuando pretende ejercer las mismas responsabilidades que los demás. Porque las hermandades llevan toda la vida abriendo sus puertas. El problema es que todavía hay quien, desde dentro de la propia Iglesia, se empeña en decidir hasta dónde pueden llegar quienes cruzan su umbral.