El cirineo | Un Vía Crucis Magno bajo amenaza de violencia

La sociedad cordobesa se prepara, con legítima expectación, para un acontecimiento extraordinario: el Vía Crucis Magno que recorrerá nuestras calles el próximo 11 de octubre. La ciudad se engalanará con la presencia de las cofradías y con miles de fieles y visitantes que acudirán a contemplar una jornada que, en condiciones normales, debería ser memoria de fe, cultura y convivencia pacífica. Sin embargo, lo que debería ser un canto sereno a la tradición corre el riesgo de convertirse en escenario de altercados imprevisibles.

La inquietud no es fruto de la imaginación. Lo ocurrido en Madrid durante la clausura de la Vuelta a España, con líderes políticos alentando a grupos radicales para detener una cita deportiva internacional, constituye un precedente inquietante. A la violencia ejercida sobre ciclistas, policías y ciudadanos se suma la bochornosa utilización del espacio público como altavoz de consignas ideológicas que nada tenían que ver con la competición. La imagen proyectada al mundo fue la de un país incapaz de proteger un acontecimiento multitudinario frente a quienes buscan desestabilizarlo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó públicamente su apoyo a la movilización ciudadana en defensa de los derechos de los palestinos, una postura que, más allá de su legítimo ejercicio democrático, fue interpretada por muchos como un aliento a la desobediencia en el espacio público en un contexto de máxima tensión. Al mismo tiempo, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, difundió una valoración en la que defendía la protesta y aseguró que la inmensa mayoría de los asistentes actuó de forma pacífica, señalamiento que algunos han leído como un gesto de complacencia institucional ante la interrupción de un evento multitudinario. Estas reacciones sitúan el debate en un plano distinto: el de la responsabilidad de los poderes públicos a la hora de preservar la convivencia.

Córdoba ya ha experimentado una advertencia en carne propia. El pasado viernes, el traslado del Señor de la Oración en el Huerto se vio alterado en el Puente Romano por la coincidencia con una concentración pro Palestina. Los gritos hostiles, las proclamas que mezclaban religión con manipulación política y los insultos a un país entero convirtieron un acto devocional en un espacio de tensión. Solo la serenidad de la hermandad y la prudencia de los devotos evitaron un episodio mayor. Pero la experiencia dejó al descubierto una verdad inquietante: nuestra religiosidad popular se ha convertido en objetivo fácil para quienes ansían confrontación.

No olvidemos nunca el componente simbólico que tiene la ciudad de Córdoba, y en concreto su Mezquita Catedral, para el Islam y la izquierda. Que se organizase un auténtico caos en su entorno podría convertirse en un arma arrojadiza para volver a encender la llama de la expropiación y, de paso, culpar al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía de los hipotéticos altercados. Un win-win de libro.

La pregunta es inevitable: ¿qué sucedería si un grupo de radicales decidiera repetir este guion durante el Vía Crucis Magno? A diferencia de un traslado ordinario, la cita de octubre congregará a miles de personas en un dispositivo extremadamente frágil, con itinerarios ajustados al milímetro y horarios en los que un solo retraso podría alterar todo el engranaje. Niños, ancianos y familias enteras llenarán las calles. Bastaría una provocación, un corte de itinerario o una invasión planificada para que el clima de devoción se tornara en caos colectivo.

No nos engañemos: esto no trata de Gaza ni de geopolítica internacional. Se trata de un ataque directo a nuestro modo de vida, a nuestra cultura, a nuestra paz cotidiana. Quienes intentan importar la guerra a nuestras plazas no buscan justicia para Oriente Medio, sino erosionar nuestras instituciones y fracturar nuestra convivencia. La religión, el deporte, las fiestas populares se convierten en campo de batalla porque son símbolos visibles de una sociedad que desean arruinar.

Y aquí surge la gran disyuntiva: ¿debemos confiar exclusivamente en las fuerzas del orden, dejando que actúen frente a los agitadores, o llegará el día en que la paciencia ciudadana se quiebre y alguien decida responder con la misma violencia? La segunda hipótesis sería letal: convertiría a Córdoba en noticia por enfrentamientos que mancharían para siempre la memoria de un Vía Crucis concebido para unir, no para dividir.

La lección de Madrid y la advertencia del Puente Romano deberían bastar para que las autoridades extremen las precauciones. No puede repetirse la frivolidad con que ciertos dirigentes justifican o incluso celebran la violencia de quienes interrumpen actos multitudinarios. Córdoba no merece convertirse en el escaparate de la intransigencia ni en el laboratorio de quienes desean desestabilizar nuestra vida cívica.

El 11 de octubre está en juego mucho más que un calendario de procesiones: está en juego nuestra capacidad de preservar la paz frente a quienes quieren quebrarla. La sociedad cordobesa, fiel a sus tradiciones, debe exigir respeto y garantías. Y el Estado, que ostenta el monopolio legítimo de la fuerza, no puede permitirse una sola vacilación. Porque la verdadera batalla no se libra en Gaza, sino aquí, en la defensa de nuestra tranquilidad, de nuestras costumbres y de nuestra dignidad como pueblo.