La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha anunciado este martes que su formación llevará mociones a todos los ayuntamientos contra el anteproyecto de Ley de Patrimonio del Gobierno de Sánchez y ha destacado que el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, «también es alcalde de una ciudad con muchísimo patrimonio, pero se ha plegado a los intereses de Sánchez en lugar de defender el patrimonio de los sevillanos».
Así lo ha manifestado a los periodistas la popular en un foro sobre la Ley de Patrimonio organizado por el PP de Córdoba, junto a la vocal del Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A y consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, Patricia del Pozo; el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, y el portavoz del partido y alcalde de la capital, José María Bellido, además de la presencia de otros alcaldes y concejales de ayuntamientos de la provincia.
Al respecto, López ha reiterado que «se vuelve a demostrar que existen dos modelos de gestión: por un lado, el de Pedro Sánchez que quiere invadir el patrimonio y las competencias de ayuntamientos y comunidades y por otro, el modelo de Juanma Moreno que protege el patrimonio de todos los andaluces».
Por su parte, la vocal del Comité Ejecutivo Autonómico del PP regional y consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta ha explicado que el foro atiende a que «no se entiende que a estas alturas aún no se haya retirado el anteproyecto de Ley de Patrimonio tras las numerosas alegaciones presentadas», y ha asegurado que «ha de ser así, porque no es bueno ni para los ayuntamientos, ni para las comunidades, ni para España».
De este modo, Del Pozo ha pedido al Ministerio «un proceso de diálogo» sobre una ley «que tiene 35 años, que no está adaptada a la realidad de hoy día y que impide el día a día en los cascos históricos de las ciudades».
En este sentido, ha comentado que esperaban «una nueva Ley de Patrimonio en lugar de una reforma que invade competencias y no resuelve lo que se lleva 35 años esperando».
Además, ha recordado que «el gobierno del cambio ha venido para gobernar y resolver trabas y no para lo contrario», pero «este anteproyecto del Gobierno de Sánchez complica el día a día en Andalucía», ha advertido.
Igualmente, ha lamentado que el Grupo Socialista votara en el Parlamento en contra de una Proposición No de Ley (PNL) en la que se pedía al Gobierno que retirara este anteproyecto.
Entretanto, Del Pozo ha valorado que «en los dos años y medio en el gobierno de la Junta se ha incluido en el catálogo de patrimonio histórico un total de 177 bienes de Andalucía», de los que «la provincia de Córdoba es la que más bienes ha incluido en el catálogo», con 37, según ha detallado López.
También, la consejera ha reprochado «la invasión que se produce con la creación de unos consejos estatales a nivel nacional para la figura de patrimonios mundiales que están por encima de los consejos que hay en la región para dichos patrimonios, por indicación de la Unesco».
Y Adolfo Molina ha criticado que la Ley de Patrimonio del Gobierno «se mete en las competencias autonómicas e invade las competencias municipales en una ciudad Patrimonio de la Humanidad como Córdoba», por lo que no quieren que «sea un patronato en Madrid el que decida cómo organizar Córdoba», ha defendido el popular, quien ha abogado por tener «un casco histórico vivo y habitable, pero poniendo más trabas se ponen dificultades a quien quiere vivir en ellos».
En cuanto al proyecto anunciado antes de la pandemia del Covid-19 para cobrar entradas en museos y recintos culturales de la Junta, la consejera ha recordado que «el procedimiento administrativo se inició en su momento y se dijo claramente que no es lógico ir a cualquier comunidad autónoma y pagar en todos los sitios donde entran y que vengan personas de otras comunidades y países y no pagan nada en Andalucía».
Además, ha manifestado que será «una cantidad absolutamente simbólica, que va a revertir directamente en el patrimonio para mantener y conservar el patrimonio de Andalucía», precisando que «el expediente se inició en el momento en que se anunció que se iba a establecer ese cobro en los espacios de la Junta de Andalucía», pero «como consecuencia de la pandemia se decidió paralizarlo, porque no era lógico en un momento en el que había que centrarse en la recuperación de la crisis sanitaria y la posterior económica y social», además de «no haber turismo».
Así, ha apuntado que en estos momentos están «terminando el expediente administrativo», de forma que «se necesita no sólo todo lo que es la expedición de tiques en los distintos espacios y el personal necesario, sino también todo lo que es a nivel de Internet para comprar y acceder a los sitios», ha señalado, para admitir que «es un expediente complicado».
«En el momento en que esté finalizado, si se termina de confirmar la recuperación económica y social de Andalucía y se entra en un terreno absolutamente de normalidad o más cercano a ella, en ese momento se implantará la medida, como estaba previsto», ha informado Del Pozo.
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