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Facua Sevilla critica la decisión del Ayuntamiento de realizar el encendido de las luces de Navidad de la ciudad el sábado 30 de noviembre, tres semanas antes de la celebración de las fiestas, y advierte del «derroche energético» que supone.
La asociación recuerda a los responsables municipales que, además del coste económico que supone, la ampliación del alumbrado navideño perjudica el medio ambiente, dado que el uso de la electricidad contamina, pues una parte muy importante de la misma se sigue generando desde fuentes no renovables y contaminantes como el petróleo, el carbón o la energía nuclear, según ha apuntado Facua en una nota de prensa.
Asimismo, la utilización excesiva de estos alumbrados extraordinarios incrementa de forma notable la contaminación lumínica que también perjudica la vida y salud tanto de los animales –sobre todo de las aves migratorias– como de los propios seres humanos.
En este sentido, Facua Sevilla lamenta que el Consistorio hispalense no tenga en cuenta el deterioro medioambiental que ocasionan estos alumbrados. Es más, lamenta la «tendencia actual de muchos ayuntamientos de alardear de ampliarlos año tras año, incrementado además las partidas presupuestarias». Cabe destacar que en Sevilla, en 2022 se realizó el encendido el 5 de diciembre, en 2023 se adelantó al 2 de diciembre, y este año será el 30 de noviembre, señalan.
Asimismo, la asociación también denuncia el «derroche que supone el excesivo uso de luces de Navidad por parte de grandes centros y establecimientos comerciales de la ciudad», principalmente por su utilización fuera de sus horarios de funcionamiento. A su vez, se hace un llamamiento a los consumidores para que, por los mismos motivos, sustituyan la utilización del alumbrado navideño por otros elementos en la decoración de sus viviendas o que al menos moderen su empleo.
La asociación a nivel nacional, Facua-Consumidores en Acción, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que «intervenga y ponga coto a estos desmanes, regulando el uso de alumbrados festivos por las administraciones locales», tanto para Navidad como para otras fiestas, estableciendo «límites a su utilización e imponiendo sanciones a aquellos municipios que los superen».
